Juan Manuel Galán, senador y precandidato presidencial por el partido Liberal, quien ha defendido la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, durante su participación en el debate sobre las estrategias de seguridad y justicia en los municipios más afectados por el conflicto armado, llevado a cabo el 2 de junio, se refirió a los ingresos mensuales de los campesinos cultivadores de coca.

“…lo que les da un ingreso mensual promedio neto de $424.000 pesos al mes, eso es lo que se gana un campesino cultivador de hoja de coca”.

Philipp Wodak, asesor de Galán, le dijo a Colombiacheck que el senador había basado su ponencia en la investigación Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia, de la Universidad de los Andes.

Después de leer el estudio y hablar con un experto calificamos su afirmación como aproximada, porque  no existen cifras exactas  de los ingresos mensuales de los cultivadores ya que estas dependen de distintos factores.

Luego de revisar el estudio referido por el asesor de Galán, donde a pesar de que buscamos detalladamente no logramos encontrar la cifra que el senador expuso en su discurso, consultamos a Luz Perly Córdoba, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, experta en el tema, quien nos aseguró que la cifra no es precisa pues no existen datos exactos debido a la diferencia entre las regiones productoras.

“Esa puede ser una cifra cierta porque es menos de un salario mínimo, lo que ha descubierto Coccam es que no se puede hacer una tabla rasa con la producción de coca porque eso varía de una región a  otra, depende de las condiciones de accesibilidad que la zona tenga, de la banda criminal que los maneje, no puede haber una tabla rasa que diga que en todo lado la gente gana lo mismo, pero  lo que sí es cierto es que, al campesino es al que menos le quedan ganancias de ese proceso y que los pequeños cultivadores no se hacen ricos con la coca, tampoco tienen un nivel de vida aceptable o digna con el cultivo de coca”, explicó la representante de los cultivadores.

Para reforzar su explicación, Córdoba expuso el caso del Pacífico, donde afirma que al ser más fácil el acceso fluvial para sacar la coca, al campesino le quedan más ingresos a comparación de un departamento como el Guaviare.

Según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, investigación de la  Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Unodc), la cifra de cultivos de coca tuvo un incremento del 52% al pasar de 96.000 hectáreas en el 2015 a 146.000 en el 2016.

Sustitución, no erradicación

Córdoba cuenta que los campesinos siempre han tenido la voluntad de sustituir cultivos, si y sólo si esta restitución se hace de manera integral. “Ellos no pueden cambiar simplemente una mata por otra, si tú cambias una planta ilícita, por una lícita, pero no hay vías de comunicación, pues la gente va a tener que regresar a la ilícita porque con esa las bandas criminales sí se meten donde les toque”, aseguró.

A principios de este año, las Farc y el Gobierno lanzaron el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos, (Pinis), que cuenta con la participación activa de la guerrilla y de las comunidades. Además, representa un avance en la implementación de la primera parte del punto cuatro del Acuerdo Final, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Según lo estipulado en el Acuerdo, el objetivo principal del programa es buscar la transformación estructural del campo colombiano para que de esta manera mejoren las condiciones para el campesino y al mismo tiempo se acaben cultivos ilícitos.

“Es un programa integral en el que a través de la sustitución hay un desarrollo del territorio”, indicó Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, en una nota publicada por el portal de la revista Semana.

En el especial realizado por el diario El Tiempo: Sustitución de coca, el diablo está en los detalles, publicado en mayo del 2017, cuentan que el Gobierno, las Farc y las comunidades han realizado 23 acuerdos que cobijan a 81.849 familias y 63.542 hectáreas de coca aproximadamente.

Entre los compromisos de estos acuerdos está el de sustituir y no resembrar, apoyar a las familias cultivadoras con un subsidio, mejorar las condiciones en las que se pueden hacer erradicación forzosa, entre otras.

“La gente de todas maneras tiene desconfianza con el Gobierno, porque ellos reiterativamente han incumplido los acuerdos que hacen con las comunidades y con todo el mundo, pero la gente ha recibido con muchísima esperanza el acuerdo de paz, en el anhelo de que se convierta en realidad”, afirmó la representante de Coccam.