La representante a la Cámara por el Centro Democrático Margarita Restrepo, quien asegura que hace varios años ha denunciado el reclutamiento forzado de menores de edad, publicó información inexacta sobre ese tema en una columna de opinión titulada “Volvió el Gobierno”, publicada en el portal Los Irreverentes.

Desde hace años vengo denunciando el reclutamiento forzado de menores por parte de organizaciones criminales. El Gob. anterior fue sordo ante mis denuncias, pero con @IvanDuque le vamos a poner un tatequieto a estos bandidos.

— Margarita Restrepo (@MargaritaRepo)

“La impunidad frente al reclutamiento forzado –como en los demás crímenes de lesa humanidad– es inaceptable. El acuerdo entre Santos y las Farc blindó a los cabecillas de esa guerrilla ante la ley, hecho que ha estimulado a los supuestos ‘disidentes’ para continuar esclavizando a los niños de Colombia, realidad que debemos parar cuanto antes”,  escribió Restrepo.

Colombiacheck le preguntó a Restrepo en qué se basaba para afirmar lo anterior y respondió que siempre ha defendido que el reclutamiento, por ser un delito de lesa humanidad, “no puede ser sometido a ningún mecanismo alternativo como el de la JEP, que impone castigos que en criterio de muchos no satisface los requerimientos mínimos contemplados por los acuerdos internacionales a los que está adscrito Colombia, entre ellos el Estatuto de Roma”. En resumen, para Restrepo, quienes hayan cometido esos delitos tienen que pagar cárcel.

El reclutamiento forzado es, como bien lo anota Restrepo, un delito de lesa humanidad, por lo que en el Acuerdo Final entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc se acordó que ese no sería un delito amnistiable ni indultable.

Esto quiere decir que quienes hayan cometido ese delito y no brinden verdad y reparación ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) recibirán penas privativas de la libertad de 20 años en la cárcel. Es decir, una sentencia propia de la justicia ordinaria. Lo anterior quiere decir que es falsa la frase de Restrepo en la que asegura que los cabecillas de la antigua guerrilla de las Farc están blindados en lo que a este delito se refiere.

Diana Isabel Güiza, investigadora de Dejusticia, señala que en este asunto hay que tener en cuenta que en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc se definió que se juzgaría el reclutamiento de menores de 15 años, pero no el de menores entre 15 y 18. Recuerda que la Corte Constitucional, en la revisión que le hizo a la Ley de amnistía, y a raíz de una controversia por los estándares internacionales sobre el tema, estableció que todos los casos de reclutamiento de menores de 15 años siempre van a ser sancionados, pero en los casos de reclutamiento de menores entre 15 y 18 años, se puede amnistiar solo si la conducta ocurrió antes de junio de 2005. De esa fecha en adelante siempre va a ser sancionado el de menores de 18 años.

En la explicación de su frase a Colombiacheck, Restrepo repite un argumento falso mencionado continuamente por el Centro Democrático y por quienes le hicieron campaña al “no” en el plebiscito: que la JEP en ningún caso impondrá restricciones efectivas a la libertad. En realidad, las sanciones sí implicarán limitaciones a la movilidad de los sancionados en zonas geográficas definidas, donde además deben adelantar labores de reparación a las víctimas.

Hay que recordar que los ahora congresistas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en el que se convirtió la guerrilla de las Farc, varios de los cuales integraron el Estado Mayor Central y el secretariado de esa guerrilla, firmaron las actas de compromiso de comparecencia a la JEP, donde deberán brindar verdad y reparación.

Si bien es cierto que en los últimos días se han conocido denuncias de la Fiscalía General de la Nación que indican que los grupos disidentes de las Farc estarían reclutando menores de edad en Ecuador y Perú, hay que recordar que las disidencias “son, básicamente, exintegrantes de las FARC que decidieron formar nuevas facciones armadas”, según indica el informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, titulado Las disidencias de las Farc: un problema en auge.

Es decir, las disidencias están conformadas por exintegrantes de las Farc que decidieron apartarse del proceso de paz y seguir delinquiendo, por lo cual no las cobija la justicia transicional, sino la justicia ordinaria.

En la mesa de La Habana se decidió que las disidencias quedarían por fuera del Acuerdo, es decir que no tienen derecho a los beneficios de la JEP.

En los últimos días la Defensoría del Pueblo también denunció que el ELN, guerrilla que adelanta conversaciones de paz con el Gobierno,  ha reclutado a 24 menores de edad en el primer semestre del año.