La senadora del Centro Democrático Thania Vega, esposa del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, en su cuenta de Twitter el pasado 12 de julio realizó una encuesta sobre un tema que ha causado rechazo al interior del uribismo, los sueldos para los exguerrilleros de las Farc.
#Encuesta ¿Está usted de acuerdo con que Gbno empiece a pagar 90% de salario mínimo a guerrilleros de FARC y que pague aportes a pensión?
— ThaniaVega Senadora (@ThaniaVegaCD)
La aseveración de la congresista uribista, planteada como pregunta, es verdadera pues según la página 75 del Acuerdo Final los exguerrilleros “recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del salario mínimo, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos (un trabajo estable)”.
Dicho monto, específica el mismo acuerdo, será pagado desde la terminación de las Zonas Veredales Transitorias y de Normalización, Zvtn, y durante 24 meses.
La encuesta, además de medir la opinión de sus seguidores en relación a los salarios de los exguerrilleros, también sirvió para conocer que los uribistas siguen oponiéndose a que las Farc reciban cualquier tipo de ayuda del Estado, tal como en plena campaña lo aseveró falsamente el expresidente Álvaro Uribe, cuando dijo que las Farc tendrían un salario mensual de $1.8 millones durante cinco años.
Ese fue un rumor que durante la campaña por el plebiscito se convirtió en un mito urbano y buena parte de la opinión pública colombiana creyó. En realidad solo el 17% de los exintegrantes de las Farc podrían ser los que obtengan dicho salario pues integrarán los esquemas de seguridad de los líderes de esa agrupación.
Para saber cómo desmentimos al expresidente hace más de un año lea El Cuentazo de Uribe.
Queda claro que la senadora Vega desestimó la tesis de campaña que tuvo su jefe político, un rumor que nunca fue cierto, pero que aprovecharon Uribe y sus seguidores para difundirlo y causar estupor entre los votantes.
Así las cosas, los exguerrilleros, al igual que otras personas que han abandonado grupos armados ilegales, recibirán además del 90% de un salario mínimo otros auxilios como $2 millones de una asignación única de normalización y también podrían recibir $8 millones, por una sola vez, como capital semilla para iniciar sus emprendimientos, estos proyectos serán canalizados por medio de Ecomún, una organización de economía solidaria creada por las Farc.
Los exmiembros de las Farc que se acojan a los acuerdos tendrán pago de seguridad social por un periodo determinado de 24 meses para las personas que no se encuentren vinculadas a actividades remuneradas. Además, dice el Acuerdo Final, los excombatientes tendrán acceso a programas de educación, vivienda, recreación y deporte, de la misma forma como sucede con los demás desmovilizados de otros grupos armados que han dejado las armas.
Es decir, el gobierno sí realizará los aportes a su pensión, como lo aseveró la senadora Vega.
Falso ofrecimiento de empleo
En síntesis, los exintegrantes de las Farc tendrán auxilios similares a los que han tenido otras personas que han dejado las armas y que se han reintegrado la sociedad por medio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, ahora denominada Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN. Claro, podrán acceder a esos auxilios siempre y cuando cumplan a cabalidad lo estipulado en el acuerdo de paz.
La ANR ha sido encargada de acompañar en los procesos de reintegración a las personas que han dejado las armas. Esta misma agencia fue objeto de falsas noticias el 18 de julio pasado, por medio de mensajes de Whatsapp que referían que esta entidad y la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) estaban haciendo convocatorias para recibir personal.
Pocas horas después la ARN desmintió la información mediante un comunicado: “Como respuesta al aviso en redes sociales, el cual expresa que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) busca profesionales y recibe hojas de vida para proveer empleos o contratos relacionados con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), la entidad comunica a la ciudadanía que no ha hecho publicación oficial de dicha información”.