Tres años y cuatro meses se escriben rápido y caben en una sola línea. Pues tres años y cuatro meses se cumplieron el pasado 19 de julio, desde el último registro que tiene el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, de una toma de las Farc a una población en Colombia. De hecho, el día de publicación de esta nota, 8 de septiembre de 2016, la cuenta va en tres años y cinco meses sin tener noticia de tomas guerrilleras de las Farc.

En tres años y cinco meses un ser humano aprende a caminar y a hablar. Un alcalde cumple casi totalmente su periodo y se hace más de la mitad de una carrera universitaria.

Gracias al silencio de fusiles, cilindros bomba y tatucos, Arnulfo Parra Peña, el alcalde de San José del Fragua, Caquetá, pudo ver tranquilamente el partido de fútbol entre Venezuela y Colombia el 1 de septiembre pasado. Los tiempos en que las Farc hostigaban casi a diario a su población son una pesadilla del pasado.

“Vivir sin miedo es una delicia, cuando estaba la guerrilla se escuchaba un tiro y todo el mundo cerraba las puertas, ahora el Ejército hace polígono y la gente sigue tranquila”, afirma el mandatario.

Con avances del proceso de paz con las Farc tenemos algunos dividendos: 1.234 días sin tomas de poblaciones por parte de las Farc #SiALaPaz

— Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano)

El pasado 7 de agosto, cuando el Presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, publicó este trino, se completaban más exactamente 1.253 días.

Las cuentas salen del informe de Cerac del 20 de julio pasado (con corte a 19 de julio) en el que daba cuenta del tiempo que ha pasado en Colombia sin tomas de poblaciones. Cerac tomó como referencia la fecha en la que se registró el último de estos hechos atribuido a las Farc. 

Colombiacheck llamó varias veces a Lizcano para precisar de dónde había tomado la cifra, pero no nos respondió. Presumiendo que el senador tomó como referencia al Cerac, calificamos la frase como verdadera, aunque Lizcano olvidó sumar los días que habían pasado desde el anuncio del informe.

Arnulfo calcula 13 años de calma en su población, de la que ha sido alcalde dos veces y que sufrió los embates del frente 39 de las Farc y de los paramilitares.

“Mi casa colindaba con la estación de Policía por la parte de atrás. A veces me tocaba amanecer debajo del mesón de la cocina, que me protegía porque es una plancha de concreto. Eso es como una película, es muy berraco”, relata. 

Según el Observatorio del delito de la Dijín, entre 2003 y lo corrido de 2016 se registraron 24 asaltos a poblaciones. En ese lapso, el 2003 fue el año en el que más acciones de este tipo se presentaron, con nueve.

Estas acciones son definidas en el Libro blanco de estadísticas del sector seguridad y defensa como una “acción violenta cometida por grupos subversivos, en la que atentan contra instalaciones públicas y/o privadas, cometen delitos como hurto a entidades financieras, secuestros, homicidios y daño en bien ajeno, entre otros, con el fin de causar destrucción total o parcial en la población y sus habitantes”.

Ahora Arnulfo puede visitar la zona rural y ver las necesidades de la comunidad, supervisar obras, estar al tanto de lo que hacen sus funcionarios en las veredas. “Las tierras se valorizaron. Ahora vivimos contentos y relajados. Es algo muy bonito. Volvemos a ser una sociedad normal”, concluye el mandatario.

Los responsables y los motivos

Según el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica, en los 5.137 casos de daños contra bienes civiles documentados por el GMH (Grupo de Memoria Histórica) entre 1988 y 2012 las guerrillas fueron responsables de 4.322, que corresponde al 84%. 

Esto teniendo en cuenta que por daño a bienes civiles se refieren a ataques a propiedades, quema de viviendas, destrucción de infraestructura y robo de ganado, así como a acciones de sabotaje contra la infraestructura eléctrica, energética y vial, y a los ataques contra instituciones privadas. También se cuentan las viviendas y bienes averiados en los ataques a poblaciones por cilindros bomba, la quema de vehículos en  retenes ilegales y los bienes afectados por atentados terroristas. 

Según el mismo informe, la violencia contra los civiles, antes que un daño colateral ha sido un recurso premeditado de los actores armados. “Cuando la población civil es contemplada como un apoyo determinante en el resultado final del conflicto, los actores armados usan la violencia para lograr la subordinación. Pero cuando la población civil es vista como una prolongación del enemigo, el objetivo de la violencia es el exterminio y la desestabilización”, señala el documento.

El informe indica, además, que entre los delitos que caracterizan el accionar de las guerrillas están atentados terroristas y ataques a centros urbanos, cuyos efectos colaterales los sufren en su mayoría los civiles.