La mermelada de los medios en la Contraloría de Medellín

Patricia Bonilla Sandoval, contralora de Medellín.

Por Dora Montero
Noticias RCN

Hace siete meses, la Contraloría de Medellín contrató de manera directa a la Fundación Sembremos País para prestar apoyo operativo y logístico a la gestión de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones en la emisión de pauta pedagógica institucional del ente de control.

En la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, aparece el contrato firmado por el representante legal de la Fundación John Wilson Carvajal Ruiz quien en las elecciones territoriales de 2015 hizo parte de la lista del Centro Democrático para el Concejo de Urrao, Antioquia, pero no fue elegido. El período pactado fue de siete meses, a partir del 18 de mayo y el monto, siete millones de pesos.

Sin embargo, al realizar una búsqueda de la Fundación en Internet, lo que aparece es el nombre de Andrés Guerra Hoyos, su creador y hasta antes de lanzarse como candidato, era director y representante legal.

Guerra Hoyos fue candidato a la Gobernación de Antioquia en las elecciones de 2015 y para su financiación contó –entre otros- con un aporte de diez millones de pesos de la Fundación, como consta en los registros del Consejo Nacional Electoral.

Hoy es el Presidente del Centro Democrático en Antioquia y director del programa radial Sembremos País que se transmite entre las 6 y las 10 de la mañana por el programa radial Ondas de la Montaña, cuyo representante legal era su hermano Federico Guerra Hoyos, hoy secretario de Productividad y Competitividad de la Gobernación y quien también firmó varios contratos con la Contraloría para pauta pedagógica.

Andrés Guerra Hoyos continúa haciendo política por Antioquia y su programa radial es una de sus plataformas políticas, y allí son invitados sus copartidarios políticos y otros personajes importantes en la política regional y local.

La supervisora de este contrato es Adelita Johana Martínez Londoño, la jefe de prensa y comunicaciones de la Contraloría. Y como éste contrato firmó 104 contratos más para transmisión de pauta y banner pedagógicos sobre el ente de control.

Los contratos oscilan entre un millón 200 mil pesos y 9 millones de pesos. El monto total de la contratación por concepto de pauta pedagógica y difusión de las funciones de la Contraloría sumó, según los reportes oficiales, $543.311.200=

Aunque varios de los contratos fueron firmados con medios alternativos y comunitarios, o radios populares, una buena parte está en manos de emisoras y programas radiales y de televisión de corte netamente político.

La contralora de Medellín, Patricia Bonilla explicó en entrevista para este proyecto que la divulgación sobre las actuaciones del ente fiscal fue ordenada por ella misma como cumplimiento de una de sus líneas estratégicas y por lo tanto sí es misional.

“A mi no me parece un gasto excesivo porque queremos que en los barrios de Medellín se sepa qué hacemos como Contraloría. En todo el país cuestionan a todas las contralorías, que somos muy costosas, pero la gente no sabe en qué consiste un proceso auditor, no sabe cómo es que nuestros auditores se desplazan en las entidades, y los vamos formando y les vamos enseñando para que tengan unas actuaciones fiscales eficientes”.

Específicamente sobre el contrato de la Fundación Sembremos País, la funcionaria dijo que “en este caso de este contrato en particular, nosotros no lo estamos manejando con ninguna visión de tipo político. No conozco quiénes son sus fundadores ni quiénes lo manejan, simplemente buscamos que tengan buena acogida entre los ciudadanos y rating”.

La Contraloría de Medellín tiene un presupuesto aprobado para de 35.080.192.038 que están distribuidos en gastos de personal: $26.763.950.825 y gastos generales de $6.440.135.484.

Como comentario general sobre las inversiones en publicidad de las contralorías, y sin referirse al caso particular de Medellín, el auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, cuestionó los gastos excesivos en publicidad porque “no tiene ningún tipo de presentación que, si el organismo de control está objetando exceso de gastos de publicidad o excesos de contratación, a su vez esté contratando y realizando situaciones de publicidad”.

Pero advirtió que es necesario diferenciar el alcance y el contenido que tenga esa figura de la pauta pedagógica. “Si es disfrazar bajo un contenido pedagógico pauta publicitaria para mi es una falta clara y una transgresión a la norma”.

Ver la entrevista completa con el auditor general.

En el mismo sentido se pronunció el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes, quien aseguró que el exceso de pauta puede ser peligroso. “Las contralorías deberían dedicarse a lo que la Ley la Constitución establece y es precisamente velar porque si los recursos han sido mal utilizados sean objeto de sanciones”.

Ver la entrevista completa con el secretario de Transparencia.

Una contratación “regular”

El examen que realizó la Auditoría General de la República a la gestión de la Contraloría de Medellín también encontró fallas en el proceso de contratación y la calificó como “regular".

El documento final da cuenta de 29 hallazgos fiscal de tipo administrativos y dos de tipo fiscal que suman 91290.225 pesos´.

Específicamente sobre la contratación, critica la extemporeidad en la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. De hecho, al revisar los contratos contenidos en la respuesta a los derechos de petición solicitados por este proyecto, la fecha no coincide con la publicada en la página de internet: el 30 por ciento de los contratos de pauta publicitaria correspondiente a 2016 están publicados con fecha del 30 de diciembre.

La Auditoría critica las inconsistencias en la documentación legal exigida para algunos contratos de prestación de servicios: “En el 33 por ciento de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, dos de ellos por 171 millones de pesos, se evidencian inconsistencias que dan cuenta de un posible incumplimiento del objeto contractual”.

Uno de ellos corresponde a la prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la participación ciudadana que fue calificado con hallazgo fiscal de 43´461.538 pesos.

Y precisamente ahí están las mayores críticas para la gestión de la Contraloría que se ha hecho latente en los debates del Concejo municipal. Incluso, allí el tercero de los hermanos Guerra ha sido uno de los mayores críticos de la gestión de Bonilla. A él se han unido la concejal del Polo Democrático y solitaria en la oposición al gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, y la concejal del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga.

“Yo le hago un llamado a la Personería y a la Contraloría de Medellín que salgan de su sitio de confort, ya se lo advertí Doctor Bonilla, con un caso en específico, espero que sean proactivos y no reactivos. Que los funcionarios demuestren que realmente están defendiendo el interés público”, dijo Guerra Hoyos explicó en julio pasado, luego del debate de control político del proyecto Planta de tratamiento de aguas residuales de Bello.

Por su parte la concejal Múnera asegura que Bonilla no está vigilando los principales problemas de la ciudad: Ni la operación del Metroplus, ni el tranvía de Ayacucho, la Contratación excesiva de la administración municipal ni Metrosalud.

En resumen, la Auditoría encontró que hay un exceso de contratación de servicios mientras que no se da respuesta a tiempo y de fondo a las peticiones ciudadanas. “En la vigencia 2016, el 32% (12) de las SPC de trámite o competencia directa (cuando la contraloría debe responder de fondo al peticionario), se evidenció que la respuesta de fondo al ciudadano fue emitida por el funcionario responsable, por fuera del término 7legal, teniendo en cuenta que como regla general, toda petición deberá resolverse según las reglas que rigen la materia, so pena de incurrir en falta gravísima.

En la vigencia 2016, partiendo de la información reportada en la rendición de cuentas y la suministrada por la contraloría actualizada al 29 de septiembre de 2017, se encuentra que 24 procesos de responsabilidad por $130.478.089.677, iniciados en las vigencias 2014 y 2015, aún se encuentran en la etapa inicial de apertura.

Una forma de mayor transparencia ideada por el Gobierno nacional es el Sistema Electrónico de Contratación Pública que ya tiene al aire su segunda versión, que permite mayor transparencia porque es una plataforma transaccional en la cual se incluye toda la trazabilidad de los usarios, tanto contratantes como contratistas.

Actualmente solo cobija a las entidades nacionales, pero para el director de Colombia Compra Eficiente, Juan Camilo Guzmán “los entes de control deberían dar ejemplo de estar ahí, de dar un paso hacia la transparencia, de hacer la contratación de una forma más abierta y que los ciudadanos puedan llegar a revisarla más fácil”

Respecto al informe auditor, la contralora Patricia Bonilla aseguró que la calificación no obedece a que haya demasiada contratación sino a una capacitación que debió ser revisada porque faltaban unas planillas de asistencia y un acta, y otro de una mujer que fue contratada porque trabaja en los barrios y conoce la ciudad.

“Primero hay que conocer lo que hace la Contraloría y nosotros realizamos alrededor de 56 auditorías en el transcurso de la vigencia pasada y en el transcurso de ella, hicimos hallazgos administrativos alrededor de 600 hallazgos cuya finalidad es formar planes de mejoramiento para que cada una de las secretarias mejore su trabajo”.
Aseguró que no se puede decir que no estén haciendo nada porque no se dé una respuesta como la que quieren que se dé.

La elección

Patricia Bonilla fue elegida por 20 de los 21 concejales de Medellín, la única que votó en contra fue Luz María Múnera porque consideró que no era la persona con los mayores méritos profesionales para ejercer el cargo y que su elección fue hecha por el guiño del alcalde Gutiérrez.

La Contralora trabajó durante 26 años en la Comisión Segunda de Presupuesto del Concejo de Medellín.

En el Concejo aseguran que el verdadero poder de la entidad es el del subcontralor Darío Alberto Bonilla, quien es un ingeniero civil de la Universidad de Medellín y ha ocupado diversos cargos públicos. Antes de llegar al ente de control fiscal fue concejal en tres ocasiones y diputado de la Asamblea de Antioquia, siempre por el partido Conservador del grupo del ex ministro Fabio Valencia Cossio.

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