La conexión Arango en las contralorías de Cali y Valle

Aimer Arango Murillo, secretario general de la Contraloría de Cali,
junto a su hijo José Ignacio Arango Bernal, contralor departamental.

Vea el segundo capítulo de la investigación sobre las contralorías de Cali y Valle

Mientras el contralor del Valle del Cauca, José Ignacio Arango Bernal, auditaba al alcalde de Jamundí y determinaba un detrimento patrimonial de ese municipio por 78 millones; su padre, Aimer Arango Murillo, contrataba con la Personería de Cali por 34 millones de pesos. Con una particularidad que ensombrece el panorama: lo hizo bajo la figura de Representante Legal de Arango Abogados y Asociados, empresa cuyo único accionista es el contralor Departamental. Arrancaba el 2017.

No es necesario rastrear contratos y sociedades por todo el Valle del Cauca para comprender la simbiosis entre el contralor departamental y su padre, el actual secretario General de la Contraloría de Cali, Aimer Arango Murillo. Basta con revisar la empresa de asesorías jurídicas, Arango Abogados y Asociados.

El resultado es irrebatible: siete contratos de la empresa del abogado y contralor tulueño Arango Bernal con la Personería de Cali. Lo que le garantizó, antes y durante su cargo de contralor Departamental, pagos de esa entidad pública por más de 200 millones de pesos.

Los primeros cuatro contratos se firmaron entre el 2012 y el 2015. Tres a título personal y el cuarto a nombre de la empresa Arango Abogados y Asociados. Hasta ahí todo suma 166 millones y sin problema, porque José Ignacio Arango Bernal para ese momento era simplemente un abogado que creó una empresa de servicios jurídicos en el 2014, con un capital de 20 millones de pesos. Y con un único accionista: él.

Los contratos cobran relevancia por varios datos singulares. El primer contrato de Arango Bernal lo firmó con Manuel Torres, entonces personero de Cali, en el 2012, y ahora, diputado de la Asamblea del Valle, por lo que participó en su elección como contralor departamental.

Sin embargo, el contralor omitió nombrar a Torres en entrevista para esta investigación:

–¿Y usted me contaba que también estuvo en la Personería?

–Sí, en los periodos anteriores, antes de Víctor Hugo Montoya.

–¿Y los contratos en la Personería fueron por concurso?

–No, los asesores uno los escoge. A ver, yo venía de trabajar con Andrés [Santamaría] desde la Defensoría del Pueblo; allá él conoció mi trabajo y cuando lo nombran personero de Cali, me dice: “joven, por qué no te venís a trabajar conmigo, me ayudás y me asesorás”. Arango Bernal da a entender que su trabajo con la entidad oficial se inició con el personero Andrés Santamaría, pero los documentos dicen otra cosa. Revelan que el comienzo de su relación contractual en la Personería fue con el ahora diputado Manuel Torres, en el 2012, casi al final de su periodo como personero.

CdR encontró que los contratos de Arango Abogados y Asociados con la Personería continuaron hasta julio de este año. Como si fuera poco, a la Personería de Cali en su gestión fiscal la vigila la Contraloría municipal, la misma entidad en la que el padre del contralor departamental hace parte del Comité Directivo como secretario General. La Personería maneja un presupuesto de poco más de 12 mil millones de pesos. Arango Abogados y Asociados firmó tres contratos más en el 2016 y 2017, que suman 95 millones de pesos. No obstante, en la misma entrevista lo negó: “No, no, no… En la Personería estuve antes de venir acá”. De nuevo, los documentos muestran otra cosa.

contralor y único accionista

En los documentos de la empresa del contralor Departamental –por ejemplo, de la “Asamblea extraordinaria de accionistas” consignada en el acta N.º 04 de marzo de 2015– consta: “No hubo convocatoria previa, toda vez que se encontraba presente el único accionista, como se indica a continuación José Ignacio Arango Bernal, asistió igualmente el representante legal suplente doctor Delio Andrés Vargas Guerrero”.

Cuando el abogado tulueño supo que tenía serias posibilidades de ser el contralor Departamental del Valle del Cauca hizo cambios en la empresa a través del acta N.º 06, del 30 de diciembre del 2017, nombró a Vargas Guerrero gerente encargado y se curó en salud: “Esta designación como gerente en encargo tendrá una duración máxima de tres (3) meses, la cual terminará cuando se efectúe el nombramiento del gerente general, el cual podrá realizarse incluso antes de los tres meses que puede durar el encargo”.

La elección en un cargo importante del Departamento sugería una serie de interrogantes para José Ignacio Arango Bernal: ¿Qué hacer con una empresa propia que contrata con una entidad pública del Municipio? Lo resolvió nombrando como presidente a su padre, Aimer Arango Murillo, y a Vargas Guerrero, como subgerente. La información consta en el acta del 29 de enero del 2016.

Pese a la movida de puestos, en los mismos documentos el contralor del Valle sigue siendo el dueño del 100% de las acciones. En apariencia no toma decisiones, pero asiste a las reuniones, aun siendo contralor: “Asistió a la reunión el único accionista, como se indica a continuación José Ignacio Arango Bernal, asistieron igualmente Aimer Arango Murillo y Delio Andrés Vargas Guerrero”, según el Acta No. 11 del 27 de febrero de 2017.

En los contratos que se firmaron entre la empresa del contralor y la Personería de Cali, en el 2016 y el 2017, Arango Bernal dejó una huella. El correo electrónico consignado para efectos de notificaciones corresponde al personal: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. De esa manera, la Personería le sigue contando de primera mano al contralor Arango Bernal lo que sucede con los contratos.

En el nombre del padre

Casi un año después de que a José Ignacio Arango lo eligieron contralor Departamental, su padre, Aimer Arango Murillo, fue designado secretario General de la Contraloría de Cali, el 3 de marzo del 2017. Por ende, hace parte del Comité Directivo de la entidad fiscal. En teoría, la contraloría Municipal vigila la contratación de la Personería de Cali, entre otros, los contratos que Arango Abogados y Asociados ejecutaron hasta el 30 de julio de este año.

Arango Murillo padre vendría a ser para el contralor departamental, en política, el “mentor”. Fue alcalde de Tuluá en 1996, época en que Dilian Francisca Toro, hoy gobernadora, dirigía la Territorial de Salud del Departamento y es una persona clave en términos políticos para el municipio del norte del Valle.

Arango padre no terminó su mandato como alcalde. Renunció para dejarle el camino libre a su compañera sentimental, Esperanza Cifuentes, quien aspiraba a ser diputada de la Asamblea del Valle. Cifuentes llegó a la Asamblea por el Partido Liberal, en 1998. Ocupó cargos públicos en Bienestar Familiar (ICBF), la Cámara de Representantes y la Gobernación. Actualmente es la subdirectora Técnica de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual en la Gobernación de Dilian Francisca Toro.

A raíz del nuevo cargo de Arango padre en la Contraloría de Cali, la empresa de asesorías jurídicas del contralor Departamental volvió a mover sus fichas y esta vez dejó como gerente a Delio Andrés Vargas Guerrero, que hizo moñona.

En el 2016, trabajó en Arango Abogados y Asociados y, a la par, en la Personería de Cali, a través de dos contratos individuales a su nombre. Uno por 8 millones 400 mil y el otro por 11 millones 200 mil pesos. Ademas, en julio del 2017 la Universidad del Valle lo contrató para hacer el “rediseño de la Contraloría Departamental del Valle” hasta finales de año, por 24 millones de pesos.

Nadie en Cali ni en el Valle del Cauca advierte en estas actuaciones posible nepotismo ni un conflicto de interés, ni presunta celebración indebida de contratos. Tampoco el contralor de Cali, Rodrigo Rivera, jefe del padre del contralor del Valle, quien fue consultado por CdR:

–Como en todos los cargos que he tenido, yo no toco la gente (…) Otros como el secretario general tienen toda una historia, digamos fue alcalde, o sea, siempre en lo público”.

Pero nada más.

Univalle, cerca de la Contraloría Departamental

La contratación de Vargas Guerrero para el rediseño de la Contraloría Departamental consiste en “contratar los servicios profesionales para acompañar jurídicamente la formulación de un documento relativo a los estudios del sector medioambiente y de política pública, como medio de consulta para fortalecer el control fiscal de la región”. CdR haló la pita de los contratos con el mismo objeto y descubrió otros siete. De esos, seis obedecen al “rediseño intitucional de la Contraloría Departamental”. Bajo esa consigna, la Univalle pagó 100 millones de pesos. Los otros dos, aunque tienen otro objeto, están al servicio de la misma Contraloría Departamental. En total, todos suman 198 millones de pesos.

¿Por qué usar a la Universidad para intermediar esa contratación?

Además del abogado Vargas Guerrero, ficha directa del contralor Departamental, figuran los siguientes contratistas: Patricia Sofía Donneys, Sandra Esperanza Vivas, Rodrigo González Flórez, Marino Andrés Gutiérrez y Carlos Alberto Cardona. Patricia Donneys trabajó en una empresa que contrató con Acuavalle, empresa vigilada por la Contraloría Departamental. Sandra Vivas fue contratista de la Beneficiencia del Valle, en el 2016; Rodrigo González fue secretario de Hacienda de Angelino Garzón; Marino Gutiérrez fue contratista de Infivalle, la entidad pública que manejó Marcela Huertas hasta hace poco. Huertas fue la gerente de campaña de Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle. Y Carlos Cardona fue un director de arborización de Cali, en la Alcaldía de Ricardo Cobo (1998 – 2000).

Esas cuestiones las acentúa que la elección del eontralor Departamental se hizo a través de un concurso que preparó, justamente, la Univalle. De las casi 20 universidades que hay en el departamento, solo esta presentó propuesta, por lo menos en el caso de la elección del contralor Departamental. A finales del 2015, la Asamblea invitó a las universidades de la región a presentar propuestas para realizar un procedimiento de selección para la convocatoria pública de contralor del Valle.

En total, se presentaron como candidatos a la Contraloría 45 personas y seleccionaron a 19. Lo mismo hizo el Concejo de Cali, pero en un concurso propio.

El 16 de enero del 2016, la Asamblea eligió al contralor Departamental. De los 21 diputados presentes, 19 votaron por Arango Bernal y dos, en blanco. Un dato no menos importante es que la gobernadora, Dilian Francisca Toro, integra el primer renglón del Consejo Superior de Univalle.

Al final de cuentas, para la Contraloría de Arango Bernal, la Universidad del Valle cumplió fiscalmente y no tiene hallazgos en la auditoría del 2015, presentada el año pasado.

Los activos de la empresa del contralor del Valle del Cauca suman 541 millones de pesos, según el certificado de la Cámara de Comercio. La Contraloría de Cali tampoco reporta hallazgos fiscales en los contratos de Arango Abogados y Asociados. Todo está bien.