En estas elecciones legislativas, Dilian Francisca Toro, la baronesa del Valle, fue la gran ganadora del Partido de La U. Cinco de los candidatos de la exsenadora, a quien el martes la Fiscalía le precluyó una investigación por lavado de activos, fueron elegidos como congresistas con las más altas votaciones en la región.
La actual gobernadora del Valle, con su movimiento Nueva Generación, es la más poderosa electora de la región. Su grupo político tiene 14 alcaldías (aunque perdió Jamundí con la destitución del alcalde) y una entidad nacional: Coldeportes, que dirige Clara Luz Roldán, una de sus alfiles y posible candidata a sucederla.
Colombiacheck le puso la lupa a los financiadores de las campañas de los cinco congresistas de Dilian. En total, estas campañas reportaron ingresos por 3.055 millones de pesos, de los cuales 1.420 millones (el 46%) fueron donaciones, créditos o contribuciones en especie.
Pero, ¿quiénes fueron los aportantes de los congresistas que se posesionan el 20 de julio? Al revisar la lista de 99 financiadores, entre empresas y personas, encontramos que 24 son o han sido contratistas del Estado, especialmente de entes regionales del Valle.
De los cinco congresistas de La U, la que más contratistas financiadores tuvo fue Norma Hurtado Sánchez, ex secretaria general de la Gobernación del Valle, elegida a la Cámara de Representantes con 62.406 votos (la mayor votación en el Valle y la tercera de su partido en el país).
Luego, está Roosvelt Rodríguez Rengifo, a quien lo financiaron seis contratistas. Seguido de Jorge Eliécer Tamayo, con 3. Los que menos tienen son el electo senador José Ritter López y su fórmula a la cámara, Elbert Díaz Lozano,
Entre los financiadores hay profesionales como contadores, topógrafos, zootecnistas y abogados que han recibido contratos desde 2011 de las alcaldías de Cali, Caicedonia, Dagua, Sevilla, Buenaventura y Palmira. En este período, Toro controla las alcaldías de estas tres últimas. Además, inicialmente apoyó al actual mandatario de Cali, Maurice Armitage, por lo que hicieron una alianza, a pesar de que ahora tienen una mala relación. Una alianza similar tuvo, también, con Rodrigo Guerrero, el anterior mandatario de la capital vallecaucana.
Así mismo, hay financiadores que contrataron con el Hospital Psiquiátrico en 2015, la Oficina para la Transparencia de la Gobernación del Valle en 2017, el Bienestar Familiar regional en 2017, Vallecaucana de Aguas en 2016, la Universidad del Valle en 2015; la Policía Metropolitana de Cali y Valle en 2011 y el hospital de Florida en 2015.
En la lista también figuran una ex gerente financiera de las Empresas Públicas de Cali (Yolanda Guerrero) quien, al retirarse de la entidad, tuvo en 2017 cuatro contratos con entidades educativas como el Instituto de Educación Técnica profesional de Roldanillo; y una contratista que trabajó para la concejal de La U Tania Fernández, cercana a la representante del grupo de Dilian, Norma Hurtado.
Aunque no todas estas entidades tienen relación con la baronesa del Valle, según nos confirmaron fuentes (un periodista, un académico y dos políticos del Valle) Dilian Francisca ha controlado el Hospital Psiquiátrico en los últimos años y antes de ser elegida como gobernadora tuvo fichas en la gobernación de Ubeymar Delgado, como Alba Leticia Chávez, quien fue la secretaria de Hacienda.
Hay otros casos de clara relación entre los financiadores de campañas y la administración de Toro, por ejemplo, uno de los financiadores de Norma Hurtado fue Geremías Angulo Riascos, ha tenido tres contratos: dos con la Gobernación del Valle entre noviembre de 2017 y enero de 2018 como abogado para la Subdirección de Representación Judicial, por $6 millones y $18 millones, y otro con la Alcaldía de Buenaventura en noviembre de 2017 por $40 millones para la recuperación de tierras para la titulación colectiva.
O en el caso de Tamayo, a quien el empresario José Eyner Obonaga Caldón, propietario del parqueadero de la Universidad Santiago de Cali, le dio $12 millones, como crédito. Obonaga ha tenido siete contratos, desde 2004 hasta 2018 por $107 millones, con la Alcaldía de Dagua, el Bienestar Familiar regional y la Gobernación del Valle.
En este caso llama la atención que los contratos con la Gobernación se dieron en octubre de 2017 y enero pasado, en la Oficina para la Transparencia de la Gobernación del Valle. Además, el entonces director del ICBF, regional, John Arley Murillo, electo congresista por la circunscripción afro, ha sido aliado de la gobernadora.
Ninguno de los reportados en la lista de Cuentas Claras hace parte de los grandes contratistas del Estado: sus contratos fueron de mínima cuantía, contrario a lo que sucedió cuatro años atrás con el senador Roosvelt Rodríguez y el representante Elbert Díaz Lozano, quienes reportaron como financiadores ante el Consejo Nacional Electoral a Fernando Castro Spadaffora y a Holmes Zúñiga, respectivamente.
Spadaffora tuvo un contrato con la Alcaldía de Palmira por 7.195 millones como único oferente, mientras que Zúñiga recibió dos contratos por más de 2.450 millones, según reveló el diario El País en esa ocasión.
Los caminos se cruzan en Palmira
Palmira, la segunda ciudad del Valle, es un fortín de Dilian, quien le ha ganado la contienda electoral de esa alcaldía al otro grupo poderoso de la zona, el clan Motoa, durante los últimos tres períodos.
Precisamente, el alcalde de Palmira entre 2012 y 2015, cuando se firmaron los millonarios contratos mencionados anteriormente, era José Ritter López, el segundo senador que sacó Dilian en estos comicios. López tiene un proceso penal abierto por contratar, cuando era alcalde, con una persona que estaba inhabilitada por tener antecedentes de narcotráfico. La Fiscalía le imputó en enero pasado al ex mandatario el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
López y su fórmula a la cámara, Elbert Díaz Lozano, tienen en común dos financiadores: Gustavo Alonso Escobar Larrea, exdirector seccional del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que ha trabajado como docente y director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, de Palmira; y Luis Alberto González Rivera.
El primero, que les aportó en especie 6 millones a cada uno, fue contratista del municipio de Palmira cuando Ritter era alcalde. Se trató de un contrato por 36 millones como zootecnista para la preparación en buenas prácticas pecuarias porcinas a pequeños productores de varios corregimientos de la Villa de las Palmas.
Escobar Larrea, quien tiene antecedentes disciplinarios por una suspensión del ICA, también ha tenido otros contratos de prestación de servicios, reportados en el Secop, con otros entes como la Alcaldía de Cali, en 2016.
Entre tanto, González Rivera, que también aportó a la candidatura del actual alcalde Jairo Ortega Samboni, ha sido contador y revisor fiscal de varias entidades ligadas a la Alcaldía. Entre 2013 y 2105, durante la era de Ritter, según el Secop, tuvo cuatro contratos con el Municipio y con el Centro de Diagnóstico Automotor por valores de 6’812.000, 56’400.000 y dos de 67’680.000.
Además, ha sido revisor fiscal de la empresa de aseo Proactiva, Aguas de Palmira, Corfepalmira y la Corporación Palmirana para la Recreación Popular.
Estos son los dos únicos aportantes de Díaz, pues el resto de los 319 millones que reportó como ingresos de su campaña fueron de su patrimonio o de créditos con entidades financieras.
En la lista de financiadores de López también aparece un reconocido político y actual empresario de la región, el exdiputado Marino del Río, que en calidad de crédito aportó 101 millones, la cifra más alta entregada a alguno de los miembros del clan de Dilian este año. Incluso, a la misma baronesa le aportó 5 millones en su campaña por la Gobernación del Valle en 2015.
López y Del Río son cercanos a Julio César Caicedo, esposo de Dilian y quien fue el jefe político del Movimiento Liberal Nueva Generación hace más de dos décadas. También fueron compañeros en la Asamblea del Valle.
Un político de Palmira reveló que Del Río, quien desde marzo de 2012 es el gerente de la empresa distribuidora de energía Dicel (de la que la Alcaldía de Palmira tiene el 40%) es aliado de Ritter. En el mismo Facebook del senador electo aparece una foto en campaña.
Dos fuentes políticas de la región también revelaron que el empresario tendría planes de aspirar a la Alcaldía de Cali el próximo año.
El zar del transporte
Al analizar a los financiadores de las campañas de los otros congresistas de La U, encontramos una figura que coincidía en los aportes a tres de ellos. Se trata de Ramiro Jurado Donneys, reconocido empresario del transporte y político de la ciudad.
Jurado Donneys, quien fue candidato a la Alcaldía de Cali en 2011, es uno de los socios de GIT, una de las empresas operadoras del MÍO, y es dueño de Transportes Coomepal.
Aunque Jurado no aportó con su nombre a ninguno de los congresistas, encontramos que personas o empresas relacionadas con él sí lo hicieron.
Por un lado, Víctor Hugo Jurado Donneys, su hermano, les aportó a las campañas de Norma Hurtado y de Jorge Eliécer Tamayo Marulanda. A este le dio un crédito por 46 millones, mientras que a Hurtado le donó 25 millones.
A Tamayo, exconcejal de Cali y quien llega a su segundo periodo como congresista, también le dio un crédito por 54 millones Lorenza del Socorro Giraldo Ramírez, esposa de Ramiro Jurado y propietaria de una estación de gasolina en esta ciudad.
Ella también ha sido contratista del Estado. En 2009 tuvo un contrato con la Alcaldía de Cali, para la “adquisición y suministro de combustible, así como lubricantes y servicios inherentes para el funcionamiento de los vehículos de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad”. En esa época Tamayo era concejal de Cali, pero según el diario El País, tenía como cuota política la subsecretaría de Gobierno.
Pero estos no fueron los únicos aportes hechos por personas relacionadas con Ramiro Jurado. Norma Hurtado reportó un crédito por 50 millones de la Sociedad Comercial y Residencial Valle del Lili S.A. (Socoreval S.A.), una empresa cuya actividad económica es la construcción de edificios residenciales.
Aunque su representante legal es Jaime Alberto Sánchez, en un edicto de 2017 publicado en el diario Occidente aparece que el presidente de su junta directiva es Ramiro Jurado Donneys. Esta empresa le aportó a Toro 100 millones en la campaña a la Gobernación.
Aparte de estos contribuyentes, otro hombre relacionado con el transporte aparece en la lista de financiadores de Norma Hurtado. Se trata del ex gerente financiero de la Universidad Santiago de Cali, Humberto Salazar Grajales, quien donó 20 millones. Salazar es el actual representante legal de la empresa Transportes Unidos de Palmira.
Todo queda en familia
El otro senador que repite en su segundo período en el Senado y cuarto como congresista es Roosvelt Rodríguez Rengifo, quien fue el que más dinero recibió para su campaña (816’087.658). Rodríguez tuvo 31 financiadores que le aportaron 256’087.658. De esos, seis han sido contratistas del Estado, aunque ninguno ha tenido contratos millonarios.
Pero lo que llama la atención en este caso es que entre los financiadores están su cuñada y gerente de campaña, Alba Leticia Chávez Jiménez, quien figura dando una aporte en especie por un valor de 11’737.658, y su suegra, Blanca Nelly Jiménez de Chávez, quien le dio un crédito a su yerno por 30 millones.
Chávez fue alcaldesa de Yumbo en el período 2000-2003, secretaria de Hacienda de la gobernación de Ubeimar Delgado en 2014 (por un acuerdo entre Toro y Delgado), y gerente de la Casa del Valle. Ella es una de las personas más cercanas a la gobernadora.
Aparte de madre e hija, en la lista de financiadores aparecen Amparo Guerrero de Jiménez y sus dos hijos: el médico Carlos Andrés Jiménez Guerrero y Marcia Jiménez Guerrero.
Aunque no pudimos constatar si son familiares de Alba Leticia, al revisar los perfiles de Facebook encontramos que tanto Carlos Andrés como Amparo tienen en común ser amigos de Liliana Chávez, hermana de Alba Leticia y esposa de Roosvelt Rodríguez.
Además, Marcia Jiménez Guerrero, quien según LinkedIn actualmente trabaja como coordinadora en Emssanar, fue la representante legal de la Función Laura Vanessa, Fundalma, que en 2014 tuvo dos contratos con la Alcaldía de Yumbo por 40 y 35 millones.
Los deudores
De los 99 financiadores de las campañas, 9 de ellos son deudores morosos del Estado, como el Ingenio La Cabaña, que les donó $18 millones a cada una de las campañas de Ritter López y a Roosvelt Rodríguez.
También están en la lista Luz María Rengifo, quien donó $3 millones a Norma Hurtado, pero tiene una deuda con el municipio de Dagua; Jorge Enrique Enciso, que tiene una deuda con el municipio de Yumbo y le aportó $5 millones a Rodríguez, y a Yolanda Guerrero, quien le aportó $3 millones a Rodríguez. A la exgerente financiera de Emcali le aparecen dos deudas, una con el Fondo Nacional del Ahorro y otra con Jamundí.
Alba Leticia Chávez y su madre Blanca Nelly Jiménez también les figuran deudas con el Valle del Cauca y Yumbo, respectivamente.
Vea más clanes de este informe especial:
Aguilar · Char · Gnecco · Ñoño Elías y Musa Besaile
