Cuando Rodrigo Villabón, representante de la Mesa de Víctimas de Usme, discutía con varios vecinos del conjunto residencial Ciudadela Bolonia algunas estrategias para frenar el microtráfico, un hombre con gorra y saco de capucha salió de los edificios que los rodeaban y caminó justo a su lado. Cuando se alejó, Rodrigo dijo en voz baja: “Él… es uno de los que me amenazó”.
Al igual que Rodrigo, su esposa y otros líderes de la comunidad han recibido amenazas por denunciar las estructuras de microtráfico que operan en Ciudadela Bolonia, un proyecto de vivienda de interés social en Usme, al suroriente de Bogotá. Allí, la violencia ha surgido en medio de la convivencia de excombatientes de grupos armados, víctimas, personas reubicadas que habitaban en zonas de alto riesgo y militares retirados y heridos en combate.
A pesar de que se respiraba tensión, el grupo de vecinos siguió hablando frente a los cientos de ventanas de las torres de apartamentos. Como muchos, ya se han acostumbrado al desasosiego que se vive día a día en el conjunto.
“El microtráfico y el Estado que no llega son nuestros problemas, nos dejaron a la buena de Dios”, asegura una de las personas que hablaba con Rodrigo y que pide que no publiquen su nombre. En Ciudad Bolonia no hay puestos de salud ni escuelas y las viviendas han tenido problemas desde que fueron entregadas, como reportó la revista Semana el 7 de mayo de 2015 y el 13 de mayo del mismo año.
Esto a pesar de que en la ciudadela hay 3.600 apartamentos. Para ello, la zona rural de los cultivos de arveja, moras y papa fue reemplazada por cemento y torres de vivienda multifamiliar que siguen apareciendo por doquier, en gran parte debido a la llegada de miles de desplazados a la localidad, 12.112 para 2013 según la Unidad para las Víctimas. Ellos viven con varios de los 260 desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y del Ejército de Liberación Nacional, ELN que han llegado en los últimos años a Usme como parte del programa de reinserción que implementa la Agencia Nacional de Reincorporación, ARN, según las cifras de Catalina Arciniegas, coordinadora en Bogotá de dicha institución.
La convivencia entre víctimas y excombatientes que pasaron por el proceso de Justicia y Paz hace de Ciudadela Bolonia un laboratorio en tiempo real de cómo es la reinserción. Sin embargo, no todos creen que este laboratorio sea totalmente exitoso. Un funcionario que trabaja en la zona y que pidió la reserva de su nombre, asegura que algunos de los reinsertados volvieron a tomar las armas para unirse a grupos de microtráfico y explica que se debió a la falta de acompañamiento.
“No los capacitaron para trabajar, simplemente ellos iban mensualmente a una visita con un psicólogo, tenían que estudiar en un colegio o en una fundación y eso les generaba una entrada económica. Tenían una cantidad de tiempo en el que no eran productivos y no tenían nada qué hacer, entonces empezaron a configurar esas mismas dinámicas del territorio de conflicto en Bolonia”, afirma.
A la falta de institucionalidad, se sumó el aislamiento de la ciudadela. Para llegar al conjunto residencial, que está en la cima del cerro Juan Rey, hay que tomar la vía al páramo por donde a duras penas logran subir los destartalados Chevettes ochenteros que prestan el servicio de transporte desde el Usme urbano hasta los apartamentos.
Así las condiciones fueron las apropiadas para que el conjunto residencial ser convirtiera en un caldo de cultivo para las redes del microtráfico. Tanto en Ciudadela Bolonia y en Compostela 3, el barrio de invasión contiguo, grupos organizados manejan los expendios de droga que funcionan en las casas y apartamentos.
El poder de los grupos ilegales es tanto que a la entrada de Compostela 3 hay una pancarta con la foto del difunto líder de la banda, Wilfredy Gómez, alias ‘El Paisa’, empuñando dos revólveres.
Foto: Tomás Mantilla.
Al otro lado de la montaña, la banda que controla Compostela 3 se ha tomado también el control del territorio, venden lotes sin títulos de propiedad a población desplazada y maneja el expendio con aún más tranquilidad según varios miembros de la comunidad y el funcionario que pidió la reserva de su nombre.
“De allá sale la droga. Lo cierto si es que está comprobado que ahí las gentes mantienen armadas, que cuando la Policía entra se da bala con ellos”, afirma Villabón. Cuando denunció esto, y que frente a su casa operaba una ‘olla’, lo amenazaron de muerte.
Al igual que el funcionario, desmovilizados afirman que parte de los miembros de las bandas de Compostela y Ciudadela son algunos excombatientes de las AUC y reintegrados en este barrio de Bogotá.
Un reinsertado de las AUC sostiene que en la unidad residencial Rincones de Bolonia, un exparamilitar “estaba tratando de ubicar a todos los que (operan) expendios de droga y empezarlos a caciquear para que le respondan a él. Están en el proceso de organizarse, hay fichas de arriba que también las mueven para que apoyen con logística y armamento. Están buscando alianzas para hacer el grupo fuerte”.
“Hay tres exparamilitares que manejan las cosas en el barrio y andan con mini uzi. Ellos tienen más poder que los de Bolonia”, señala un excombatiente de las Farc refiriéndose al grupo armado que opera en Compostela 3.
Ante el problema de este barrio, el alcalde local de Usme, Jorge Eliécer Peña, dijo que están “coordinando unas mesas de servicios para esta población porque debe ser reubicada de este sitio. Se han venido haciendo operativos arrojando capturas masivas. En eso está trabajando la administración”.
La situación es tan delicada que en marzo de este año varios líderes fueron amenazados y los habitantes del sector ya hablaban de una recomposición de las bandas de narcotráfico, como lo reportó Pacifista.
Pero los temores vienes desde antes. La Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2013, a través de cuatro informes de riesgo y cinco notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas SAT, que los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC están en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.
“El grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas”, dice la nota de seguimiento 002 de abril de 2017. Agrega que ha localizado “el accionar de las autodenominadas Águilas Negras ‘Bloque Capital’ en las tres localidades y no se desestima que tengan acuerdos con las AGC”.
Por eso, el Ministerio Público advirtió que más de la mitad de la localidad de Usme es una zona de riesgo y menciona puntualmente a Bolonia y Compostela como dos de los barrios más afectados, según la nota de seguimiento de abril de este año.
El funcionario explica que los grupos descendientes de las AUC que operan en Ciudadela Bolonia perdieron su antigua estructura “Son tercereados por grupos más grandes que los utilizan no sólo para economías ilegales sino también para ejercer control territorial e impedir que otros se apropien del territorio”, sostiene.
Para la Defensoría del Pueblo la situación de riesgo en Bogotá es tan grave, que en julio de este año el defensor del pueblo, Carlos Negret, le escribió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, informándole que planeaba convocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. Además, le remitía el Informe de riesgo 030 de julio de 2017, que estima que 50.000 civiles están en situación de riesgo en la capital y agrega que “todo lo que ocurre en Bogotá tiene trascendencia nacional”.
La comisión finalmente sí se convocó pero no emitió ninguna alerta. Esta debe recomendar al ministro si emitir o no alertas tempranas y está conformada, entre otros, por el ministro del Interior, el comandante general de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a comienzos de este año causó revuelo cuando afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”.
Un funcionario estatal que pidió la reserva porque no está autorizado a hablar del tema señala que “el Ministerio del Interior no quiere que se emita una alerta temprana en Bogotá, si se emitiera les tocaría aceptar el lenguaje de la Defensoría, que en Bogotá sí hay grupos posdesmovilización de los paramilitares”.
El temor de la convivencia diaria
El lema con el que se promovió la construcción de la urbanización Rincones Bolonia, ‘Le da un nuevo nivel a tu vida’, parece que nunca se cumplió. Las discusiones entre vecinos surgen cuando alguien cocina con leña dentro de uno de los apartamentos, al no saber cómo encender la estufa, o cuando uno de los habitantes usa su apartamento para reciclar.
Además, entre víctimas y exmiembros de grupos armados, los habitantes prefieren no hablar de quiénes eran ni de dónde vienen. Ni siquiera los reintegrados se conocen entre sí, más allá de las caras familiares que recuerdan de sus épocas de guerra.
“Si dos personas aquí saben que fui ‘guerrillo’, es mucho”, cuenta un exinsurgente que teme que los exparamilitares rearmados lo asesinen por haber pertenecido a las Farc. Hay quienes opinan que está bien que sea así. Para ellos no tiene sentido decir quiénes son pues podrían llamar la atención de viejos enemigos o victimarios.
Otros prefieren utilizar su pasado para amedrentar a la gente. Miembros de la comunidad afirman que varias familias han dejado sus apartamentos tras tener discusiones con vecinos que responden “yo soy ‘paraco’”, “usted no sabe quién soy yo” o “yo mato y como del muerto”
Muchas veces, los problemas de convivencia se mezclan con la inseguridad que ha producido el microtráfico en la zona. Así le sucedió al primer administrador de uno de los edificios de Rincones de Bolonia y a dos mujeres miembros del consejo. Huyeron del barrio luego de que alguien les escribiera en las puertas de sus apartamentos ‘Muerte para los del consejo, ratas hijueputas’.
“Cuando pasó, una de ellas, me llamó preocupada. Le dejaron sangre regada frente a la puerta”, dice Yudirlandes Palechor, líder social del pueblo indígena Nasa y uno de los más de setenta indígenas que viven en la ciudadela.
Hace pocas semanas mataron a dos hombres que estaban consumiendo sustancias psicoactivas en una de las lomas de la parte trasera del conjunto. Sus familias y algunos de sus amigos se desplazaron después de los hechos.
La amenaza es tan latente que muchas veces la comunidad ni siquiera se atreve a hablar del tema, como sucedió en la última reunión entre habitantes de Ciudadela Bolonia, organismos distritales y el alcalde local. “¿Por qué cree que nadie mencionó el tema de las drogas? Porque estamos muertos del miedo con todo lo que ha pasado”, dice un líder comunitario.
‘Limpieza social’ a manos de particulares y exmilitares
Efrén Ramos, un exmilitar del Ejército Nacional cuenta que alrededor de seis militares retirados que también viven en el barrio han estado pensando en la posibilidad de crear un “comité de seguridad”.
Ellos viven en Mirador del Parque, una etapa de la ciudadela que el Ejército compró para darles vivienda a soldados heridos y retirados. Algunos de ellos fueron dados de baja de las Fuerzas Militares por problemas psicológicos.
“Dijeron que (había que) andar armados; que al que se encontrara ‘soplando’, darle piso”, cuenta Ramos. Su justificación era que no soportaban que se consumiera droga en los escasos espacios comunes del conjunto y que los expendedores se tomaran las escaleras de los edificios para vender la droga.
“En un momento, se hizo reunión con unos delegados de la Policía y ellos también decían lo mismo, ‘si ustedes quieren, háganlo. Si a nosotros nos llaman no nos aparecemos”, asegura Ramos. Incluso a él lo invitaron a hacer parte de este comité cuando era administrador de Mirador del Parque, pero se negó.
En cambio, les advirtió de la ‘limpieza’ a los jóvenes del barrio y a quienes iban a Bolonia a consumir droga. Como no volvieron a aparecer, el comité nunca se creó.
El árbol, que está frente a Rincones de Bolonia, más conocido como La Casa es uno de los “metederos” donde los jóvenes se reúnen a consumir. Foto: Tomás Mantilla.
Frente a esto el acalde local de Usme respondió que su despacho no ha recibido denuncias concretas frente al tema. Sin embargo, dijo que sí se han hecho comentarios al respecto. “La Alcaldía siempre auspicia el tratamiento del tema de la seguridad a través de la institucionalidad. Es evidente que la administración está actuando para solucionar primero los temas de convivencia y calidad de vida de esta población”, asegura Peña.
Los militares no han sido los únicos. “Si recoge 500 pesos por apartamento, le hacemos la limpieza del barrio”. Así le han dicho algunos grupos a Yasbleidi Molano, exadministradora de Rincones de Bolonia y esposa de Rodrigo. A otros líderes les dijeron que la cuota era de 200 pesos.
En medio de las ofertas, aparecieron también los panfletos amenazantes. Uno de ellos, firmado como Águilas Negras, dice “Ahora le toca el turno a los mal p… basuqueros y sidosas, vendedores de droga, ladrones, callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… Ya los tenemos identificados”, (sic).
Es por eso que Villabón asegura que a pesar de que algunas instituciones están llegando a la zona, la situación “les cogió ventaja desde un principio”.
“Esto es una bomba de tiempo”, dice el exintegrante de las AUC. Lo repite varias veces con resignación y a la vez con la seguridad de alguien que sabe de lo que está hablando. Según él, las cosas empeorarán pronto porque han llegado más exparamilitares a Colores de Bolonia.
A veces considera unirse con los grupos que le han hecho ofertas. “Ya estoy aburrido, me quiero ir de acá”, dice y explica que desde que llegó a Bolonia ha tenido problemas para encontrar trabajo, no se acogió al programa Justicia y Paz como varios del barrio y ahora no tiene empleo ni con qué sostener a su familia. Para él, todo sería diferente en Ciudad Bolonia si el Estado le enseñara a la gente desplazada del campo a vivir en la ciudad.
Con tono frustrado, reitera que su barrio está a punto de estallar “pero es porque el Estado cree que con dar una casa es todo, y así no es. A la gente tampoco es que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar”.
Además de ser un laboratorio vivo de cómo es la reinserción, la ciudadela es un ejemplo de las dificultades a las que se pueden enfrentar los desmovilizados de las Farc una vez se reintegren a la vida civil. Y es que, con el tiempo, este conjunto residencial se ha convertido en un reflejo de lo que vive el país. En los lugares donde hay vacíos de poder la recomposición de los grupos armados, el microtráfico y la ardua reconciliación entre víctimas, exparamilitares y exguerrilleros, son pan de cada día.
Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH
