En las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia no será extraño ver en plena campaña por llegar a la Casa de Nariño o por una curul en el Congreso a Timochenko, Romaña, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Tania o cualquier otro miembro de las Farc. De ser aprobado el Acuerdo General de La Habana (Fin del Conflicto) los guerrilleros que se acojan a él y tengan aspiraciones políticas, podrán inscribirse y participar en las elecciones, así está estipulado en el Acuerdo de Víctimas (apartado 5.1.2.) en el que se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
En referencia al tema el senador Álvaro Uribe Vélez le dijo a El Espectador que: “Da pánico que los cabecillas de las Farc autores de Bojayá y de tantas masacres no vayan a la cárcel. Que les permitan elegibilidad política. Que el presidente (Santos) haya dicho que Timochenko puede ser presidente”. La recurrente afirmación del expresidente Uribe y de centenares de sus seguidores, en la cual aseguran que Timochenko puede llegar a la presidencia, no es descabellada ni un relato de ficción de los opositores al proceso de paz.
Esta idea, que pone los pelos de punta a más de un colombiano, tiene sustento en el punto 36 del capítulo denominado “Contenidos, Alcances y Límites de la Concesión de Amnistías e Indultos así como de otros Tratamientos Especiales” del Acuerdo General.
Dicho capítulo es claro y no deja espacio para ambigüedades. Los guerrilleros podrán participar en política desde que digan la verdad, garanticen la no repetición y contribuyan a la reparación de sus víctimas: “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Con lo anterior se entiende que cualquier guerrillero, incluido Timochenko, así tenga delitos amnistiables o no, podrá participar en política.
Para esos casos, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acogiendo lo dispuesto en el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado parte, aplicará lo siguiente: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.
En los casos en que guerrilleros hayan cometido crímenes no amnistiables, dice el Acuerdo General, éstos deberán cumplir con algún tipo de sanción dictaminada por la Justicia Especial para la Paz, que no será cárcel, es decir, una sanción de tipo restauradora y reparadora que será de mínimo cinco y máximo ocho años.
Carrera de obstáculos
En una eventual carrera por la Casa de Nariño ya Timochenko no tendrá que preocuparse por su situación judicial que según datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación es bastante amplia. Tiene 112 investigaciones penales basadas en la Ley 600 y otras 59 en la Ley 906; lo anterior incluyendo crímenes internacionales y sin contar sentencias en las que ya fue condenado.
Entonces, si Timochenko tuviera la intención de llegar a la Presidencia, es oportuno decir que el máximo líder de las Farc enfrentará toda una carrera de obstáculos, más allá de su situación judicial, que pueden considerarse incluso mucho más complejos de superar.
Para que cualquier excombatiente de las Farc ocupe un cargo de elección popular, primero deberá aceptar sus delitos, luego reparar a las víctimas, después garantizar la no repetición y finalmente ganarse al electorado colombiano. Este último parece el reto más difícil, ya que según datos de Gallup, de febrero de 2016, la imagen desfavorable de la agrupación subversiva llegó a 91%.
Además de la dificultad que supone para los amnistiados conquistar el favor del electorado colombiano, los guerrilleros que se sometan al Acuerdo General tendrán que cruzar los dedos para que el Gobierno realice las reformas constitucionales que aseguran su posibilidad de participar en política y hacerse elegir.
Según Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, en este momento la Constitución, en su artículo 122, no permite a quienes hayan sido condenados por delitos que afectan el patrimonio del Estado, postularse para cargos públicos. “Estos impedimentos se deben levantar por medio de reformas constitucionales”, sostuvo Novoa, quien agregó que las reformas deben estar listas antes de que la Registraduría haga el cierre de inscripción de candidatos. Para Congreso sería entre noviembre y diciembre de 2017 y para Presidencia de la República en diciembre del mismo año. El magistrado señaló que también deberán hacerse reformas para solucionar el tema de los delitos de lesa humanidad que hay sobre varios miembros de las Farc.
El balón está en el campo del gobierno, específicamente del presidente Santos. El primer mandatario tiene facultades especiales que le dio el Congreso y con ellas reformar los “articulitos” que les impiden a los guerrilleros condenados o que están acusados por crímenes de lesa humanidad, participar en política. Si Santos no se apura los exguerrilleros que quieran postularse a cargos de elección popular en 2018 no podrán hacerlo, la candidatura presidencial de cualquier representante de las Farc depende entonces de la diligencia del Presidente para hacer las reformas.
¿Un siglo para llegar al poder?
Pero incluso, realizadas las reformas constitucionales que les permitan a los miembros de las Farc presentarse a las elecciones, el camino sigue cuesta arriba para ellos. Al menos así lo describe en un reciente análisis publicado por la Fundación Ideas para la Paz y titulado: Pánico a la paz, Joaquín Villalobos, negociador de la guerrilla salvadoreña Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Fmln.
Al comparar los 22 años (la paz se firmó en 1992 y solo hasta 2014 un excombatiente ganó la Presidencia) que le tomó a esta exguerrilla, que ahora gobierna en El Salvador, llegar al poder y dirigir los destinos de ese país, el consultor Villalobos señala que fue el doble de lo que duró la guerra en el pequeño país centroamericano, por tanto concluye que “al ELN y las Farc bien podría tomarles un siglo”.
Sus argumentos para llegar a esta conclusión parten de la posición poderosa que ostentaba el frente Fmln al momento de firmar el acuerdo de paz: “Contaba con más de 10.000 hombres armados, dominaba en una tercera parte del territorio, mantenía posiciones en la periferia de la capital, su estructura de mando estaba casi intacta, sus fuerzas podían llegar a cualquier parte del país y había neutralizado la guerra aérea mediante misiles portátiles tierra aire. El gobierno, por su parte, seguía teniendo el apoyo militar de Estados Unidos y dominaba con 60.000 hombres las principales ciudades. Sin embargo, las fuerzas de ambos bandos estaban por todo el país y en algunas ocasiones a pocos metros de distancia entre unas y otras”.
Y luego pasa a señalar las diferencias con el proceso de paz que se negocia en La Habana: “Las guerrillas está negociando con sus dirigentes envejecidos, con decenas de sus principales mandos muertos, con sus fuerzas severamente diezmadas e incapacitadas para alcanzar centros vitales, con reducción de sus dominios territoriales y con un rechazo político abrumador de los colombianos. La debilidad de los insurgentes colombianos es tan grande, que importantes sectores de la opinión pública preferirían su derrota militar a un acuerdo de paz. Es a partir de esta realidad que hay que imaginar el futuro político del ELN y las Farc”.
Según Villalobos, incluso con las fortalezas que tenía la insurgencia de El Salvador, su desempeño político no fue fácil: “Sufrió tres derrotas consecutivas en elecciones presidenciales sin que sus electores crecieran de forma significativa. Desde la firma de la paz se produjeron siete divisiones en sus filas. En el 2009 ganó la elección con un candidato independiente de centro izquierda y solo fue hasta el 2014 que un exguerrillero ganó la elección presidencial en segunda vuelta por solo 6.000 votos de diferencia”.
El experto en resolución de conflictos afirma que más allá de de las grandes transformaciones que logró en el acuerdo de paz, la exguerrilla salvadoreña necesitó 22 años para llegar al gobierno. “Antes de eso debió pasar por un largo y tortuoso proceso de luchas internas, errores estratégicos y derrotas electorales que la empujaron al pragmatismo y realismo político. La transformación política para ser elegible duró el doble de tiempo que la guerra”.En este punto de su análisis se pregunta: “Si esto ocurrió en El Salvador con una insurgencia fuerte, ¿qué se puede esperar del desempeño político futuro de las Farc y el ELN?, ¿cuántas crisis internas se producirán en sus filas?, ¿cuántos años les tomará transformarse para hacer política con pragmatismo?, ¿cuántas décadas les tomaría ganar alguna legitimidad en los electores?, ¿qué tan fácil será que acepten o sean aceptados como parte de una coalición de izquierdas?”.
En síntesis, el pánico del expresidente Uribe tiene algo de fundamento pero parece una exageración expresarlo pues aunque con los acuerdos de La Habana Timochenko no queda inhabilitado para hacer política tendrá que luchar con los altos niveles de imagen negativa que durante años han tenido las Farc, las posibles divisiones internas de esta guerrilla y contra el poder de las maquinarias electorales de los partidos tradicionales (Uribe tiene el suyo propio) donde campea el clientelismo, que pese a ser una desviación de la democracia, tiene un fuerte arraigo en el ejercicio de la política colombiana.
Cuando Timochenko supere todos estos escollos y además consiga los votos suficientes, podremos verlo como en la foto que ilustra este chequeo: Con la banda presidencial cruzada sobre su pecho y convirtiéndose en el primer presidente de izquierda que llega a la Casa de Nariño.
