Las posiciones y argumentos de Gustavo Petro sobre convocar a una Asamblea Constituyente han ido cambiando a lo largo del debate público. Primero la defendió y ahora, ad portas de la segunda vuelta, firmó en mármol no hacerla.

Aunque los desmovilizados de la exguerrilla tienen el deber de revelar todo lo que sepan sobre los eslabones del narcotráfico, aún no lo han hecho. La lentitud en la implementación del acuerdo retrasa el conocimiento de la verdad.
  

Igual que lo han hecho las autoridades en los gobiernos Uribe y Santos, el candidato presidencial del Centro Democrático considera que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política pública.