Durante el debate Por Bogotá Preguntamos, realizado por el Grupo de Debate del Gimnasio Moderno en alianza con El Tiempo, el pasado 21 de febrero, en las instalaciones de este centro educativo, los candidatos a la Cámara hablaron sobre corridas de toros, violencia de género, el Congreso y Venezuela, entre otros temas. Colombiacheck tomó cuatro de sus afirmaciones y las verificó en chequeos breves, para ver qué tan cercanas a la realidad son. Aquí los resultados:
♦ María José Pizarro: “Es lamentable que en Colombia el 90% de los feminicidios quede impune”.
♦ Juan Carlos Losada: “En un año la plaza de toros no va a poder ser usada para corridas”.
Feminicidios impunes: María José Pizarro destaca la alta impunidad en este delito
Un estudiante le preguntó a la candidata a la Cámara de Representantes por la Lista de la decencia, María José Pizarro, que qué pensaba respecto a la violencia contra la mujer. En medio de su respuesta, Pizarro, hija del asesinado comandante guerrillero Carlos Pizarro, aseguró que es lamentable que en Colombia el 90% de los feminicidios quede impune.
Hay que aclarar, primero, que antes de que se promulgara la ley Rosa Elvira Cely, en homenaje a esta mujer asesinada en mayo de 2012, el feminicidio no se consideraba un delito independiente sino un agravante penal. Por lo que no fue sino hasta que entró en vigor, en julio de 2015, que se empezó a investigar y procesar de manera separada este delito.
Antes de esto hubo, según un informe de la Fiscalía citado por medios de comunicación pero que no se encuentra en la red, 34.571 procesos relacionados con feminicidios, de los cuales 3.658 resultaron en condenas. Lo que da una impunidad cercana al 90%. Una cifra similar a la que dio la jueza 35 de Conocimiento de Bogotá, Liliana Bernal Moreno, durante la lectura de fallo en contra de Rafael Uribe Noguera por el feminicidio de Yuliana Samboní, quien llamó la atención por la poca celeridad que tienen casos similares, de los cuales menos del 10% llega a etapa de juicio. El año pasado, en otro informe, que tampoco se encuentra en Internet, se habla de 53 condenas en 345 procesos desde 2013; es decir: una impunidad cercana al 85%.
Las cifras actualizadas se encuentran en las bases de datos de la Fiscalía. De acuerdo con estas, entre julio de 2015 y el año pasado se presentaron 178 condenas y un total de 894 procesos. Es decir: una impunidad del 80.1%%. Pizarro le dijo a este medio que se basó, para esta afirmación, en la Secretaría de la Mujer, la Casa de la Mujer y prensa; las dos primeras, aunque cuentan con cifras sobre feminicidios, no tienen un consolidado de casos impunes. Sea como sea, la candidata se descacha por menos del 10% por lo que la cifra que da, además de alarmante, es bastante aproximada.
¿300 mil muertos por la violencia partidista? Una cifra histórica en entredicho
Con escándalo se inició el debate. Uno de los asistentes, el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, se retiró del lugar al ver entre los otros invitados al candidato por la Farc, Sergio Marín, asegurando que no podía estar en el mismo lugar con alguien que no hubiera pasado por la Justicia Especial para la Paz.
El resto de candidatos asistentes reprochó la actitud de Rodríguez, hasta que le llegó el turno a Marín, quien aprovechó para lamentar que sólo se le pida verdad a la Farc cuando otros grupos también han tenido que ver con el conflicto armado colombiano. Marín dijo, puntualmente, que “en este país hubo, entre 1948 y 1953, 300 mil muertos, que son responsabilidad de los directorios del Partido Conservador y del Liberal”.
Empecemos por la cifra de muertos. “No parece, pues, posible la cifra de 300 mil muertos por la violencia entre 1949 y 1958, que ha venido apareciendo en diversas publicaciones dentro y fuera del país. Esta cifra tuvo origen probable en la estimación hecha por las directivas del Partido Liberal y en especial por el expresidente Alfonso López Pumarejo en 1953, cuando calculó en 240 mil los muertos por violencia política entre 1946 y 1953”. Esta advertencia hace parte del libro la Violencia en Colombia, de Orlando Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, publicado en 1964.
Los autores aseguran que aunque no hay un acuerdo respecto al número de muertos, este se acerca, con base en varios informes regionales, a 180 mil hasta 1958 y 200 mil hasta 1962. Por su parte, Paul Oquist, en su libro Violencia, conflicto y política en Colombia, cifra en 193 mil la cantidad de muertos entre 1947 y 1966. Ninguna de las dos cifras se acerca a la que da Marín, por lo que calificamos la afirmación como falsa. Distintas a estas, no hay cifras oficiales y, por ejemplo, el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, empieza su conteo en 1958.
Ahora, respecto a lo que concierne a la responsabilidad de los directorios liberal y conservador, aunque no pueden achacárseles todas las muertes, hay pruebas de que tuvieron alguna incidencia en la violencia de esos años. Pero hay un estudio, en particular, de Lukas Rehm que muestra cómo, desde el discurso, los jefes liberales y conservadores promovieron la violencia contra sus opositores, al pintarlos de fascistas o de comunistas, según el caso y, en general, de bárbaros que debían ser eliminados para el progreso nacional. Eso no significa que se los pueda responsabilizar por todas las muertes, pero tampoco se les puede eximir del todo.
Los pobres datos de Sergio Marín sobre pobreza
Los estudiantes les preguntaron a todos los candidatos asistentes al evento qué pensaban sobre el llamado castrochavismo. Entre los presentes estaba el aspirante por la Farc, Sergio Marín, quien fue, precisamente, el último en responder y lo hizo criticando que “en un país de 22 millones de pobres y 15 millones de personas bajo la línea de indigencia, nos están poniendo a mirar al vecino”, en referencia a Venezuela.
Antes que todo, valga la pena una aclaración: en Colombia hay varias formas de medir la pobreza, pero dos se destacan en particular: una, con base en los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza monetaria; y otra que es la pobreza multidimensional, para la que se tienen en cuenta las condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, la salud, el trabajo, y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y a las condiciones de la vivienda.
Respecto a la monetaria, hay una línea de pobreza y una de pobreza extrema o indigencia. La primera, según el DANE, está determinada por lo que le cuesta a cada persona la canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios), mientras que la línea de pobreza extrema la establece el costo mínimo por persona de una canasta que garantice solo las necesidades básicas alimentarias.
Según el más reciente informe del DANE, de marzo de 2017, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $241.673 y la de pobreza extrema fue de $114.692. De acuerdo con esto, la cifra de pobres en Colombia, en 2016, fue de 13.268.000 personas y la de personas en condición de pobreza extrema fue de 8.586.000. Por su parte, la cifra de personas pobres, tomando en cuenta lo que se considera pobreza multidimensional, fue de 8.586.000. Muy por debajo de lo mencionado por Marín.
Colombiacheck intentó comunicarse con el candidato para ver si es que utilizó otra fuente de datos, pero fue imposible.
¿Se acerca el final de las corridas de toros?
“En un año la plaza de toros no va a poder ser usada para corridas”. Así lo aseguró el candidato a representante por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada.
Durante su paso por el Congreso, del que salió en virtud de un fallo del Consejo de Estado que indicó que se le asignaron votos de más sin razón alguna, Losada fue uno de los ponentes de la ley contra el maltrato animal, la 1774 de 2016. En esta se establecen penas y sanciones para quienes maltraten a los animales, con algunas excepciones.
Por ejemplo: quienes practiquen el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y las riñas de gallos. Por ello, esta ley fue demandada y pasó a revisión de la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-041 de 2017 declaró inconstitucional esta excepción, aunque con una salvedad: que el Congreso tiene un plazo de dos años para legislar respecto a las corridas; es decir, hasta el 10 de mayo de 2019. De lo contrario, cumplido el plazo, un torero podría ir a la cárcel, por ejemplo. Así se lo explicó el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, a El Espectador, en enero pasado.
Al Congreso no le queda sino legislar al respecto. Pero hay que aclarar que la decisión que tome debe estar en concordancia con la sentencia de la Corte. “Es necesario que el legislador adopte la legislación a los mandatos constitucionales y a la jurisprudencia desarrollada respecto de la defensa de los animales, su protección y garantía”, sostuvo el alto tribunal en su fallo de 2017. Es decir que para que las corridas sobrevivan deben cambiar radicalmente. Por ejemplo: que durante las mismas el toro no sufra.
Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley, el 271 de 2017, que busca acabar con las corridas de toros. Este fue presentado por el Ministerio del Interior y lleva apenas dos debates, por lo que el Gobierno le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, en un comunicado del pasado 20 de enero, celeridad en su trámite.
Aunque Losada casi le atina a la fecha en la que, si el Congreso no hace nada, las corridas de toros pasarían a considerarse maltrato animal y ser sancionables, aún es muy pronto para asegurar que van a desaparecer, pues permanece la posibilidad de que el Congreso tramite un nuevo proyecto de ley dentro del plazo que le dio la Corte, ya que el que existe actualmente no busca transformar las corridas para que se acomoden al mandato constitucional, sino abolirlas.
Para el Gobierno, “todo indica que la fiesta brava se está extinguiendo por decisiones judiciales y un cambio en la cultura ciudadana”, pero esto aún no es un hecho seguro que se verá cumplido en un año, como lo afirma Losada.
