Son varias las imprecisiones en que incurrió el líder opositor Óscar Iván Zuluaga en los dos minutos y diez segundos que dura un vídeo divulgado a través de su cuenta de Twitter, sobre las diez de la noche del pasado miércoles 24 de agosto, día en que se anunció el cierre de la negociación entre el Gobierno y las Farc.
"Violaron la Constitución, engañarán al Derecho Internacional y eliminan la verdadera paz" https://t.co/hqYwRsb698 pic.twitter.com/DmtwXLb1ij
— Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) 25 de agosto de 2016
Humberto de La Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, ha explicado ampliamente que la reparación a las víctimas será material. De La Calle aclaró en la rueda de prensa (ver minuto 22) al día siguiente de la conclusión de las negociaciones que “el Estado no ha renunciado a perseguir los bienes de las Farc” y agregó que en el Acuerdo Final “no se han tocado los instrumentos que el Estado tiene para recuperar los bienes adquiridos ilegalmente” (ver desde el minuto 22).
A la par con las declaraciones del jefe del equipo negociador se pronunciaron Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El jefe del ente investigativo explicó que “la Fiscalía perseguirá los patrimonios ilegales surgidos del narcotráfico, surgidos del secuestro, surgidos de la extorsión y de la minería ilegal”. En la misma línea estuvo Cristo, quien en la emisión central del noticiero CM& del jueves 25 de agosto, explicó que “el Estado colombiano seguirá persiguiendo los recursos de las Farc”.
Más allá del buen número de declaraciones y promesas es necesario mencionar que el Acuerdo Final señala, en cuanto a los bienes de las Farc, en el apartado 5.1.3.7. que esta guerrilla, como organización insurgente, se compromete a “contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”.
Además, si algún integrante de las Farc no dice la verdad, por ejemplo ocultando el dinero proveniente de actividades ilícitas, el Acuerdo Final tiene dispuesto la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz donde se van a resolver los casos en los que el reconocimiento de verdad y responsabilidad no se cumplan.
