Dos exalcaldes cuestionados (uno condenado e inhabilitado), una empresa que ha hecho negocios con la familia que ahora está siendo investigada y contratistas que han recibido entre 40 y 2.000 millones de pesos del Estado hacen parte de la selecta lista de financiadores de los tres candidatos que la estructura política del exgobernador parapolítico de Santander, Hugo Aguilar, postuló para las elecciones del pasado 11 de marzo por el partido Cambio Radical (CR).
Selecta, porque si bien es más corta que la de otros clanes, no por eso tiene menos particularidades. En este caso, a juzgar por los resultados, pesaron más los lazos familiares que los contratos multimillonarios.
Después de un escándalo por violencia de género, se quemó el aspirante al que más personas le aportaron dinero en el clan Aguilar, el exsenador Bernabé Celis. El congresista, de la cuerda del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia por supuesto tráfico de influencias, en un caso en el que posiblemente intentó favorecer a unos concejales investigados. Sin embargo, buscaba su sexto periodo en el Legislativo (los dos primeros fueron como representante a la Cámara).
Quien sí quedó electo fue el exgobernador Richard Aguilar, hijo de Hugo, investigado por la Fiscalía y multado por la Procuraduría debido a irregularidades en la contratación de capacitaciones para líderes sociales y servicios de vigilancia, respectivamente, durante su administración. Y el otro que se posesiona para el próximo periodo es el representante Ciro Fernández Núñez, que era la fórmula de Celis y repetirá curul.
El expolicía parapolítico
El coronel retirado Hugo Aguilar y dos de sus hijos le han competido de tú a tú a nombres de la talla de Horacio Serpa desde hace década y media en el departamento. El policía que hirió de muerte al capo del narcotráfico Pablo Escobar es, 25 años después del suceso, una de las cabezas más poderosas Santander.
Hizo una meteórica carrera política en el partido Convergencia Ciudadana del exsenador parapolítico Luis Alberto Gil, alias ‘el Tuerto’, de la mano del Bloque Central Bolívar de las AUC, como lo determinó la Corte Suprema al condenarlo en 2013. Fue así como pasó de quemarse buscando la alcaldía de su natal Suaita y un cupo en el Concejo de San Gil, a ser diputado en el año 2000 y luego al primer cargo del departamento.
Ahora, además de las dos curules en el Congreso que tomará posesión este viernes, él y sus aliados esperan conquistar la Gobernación de nuevo el próximo año. Esta vez el turno de ocupar el cargo sería para el hermano mayor, Mauricio Aguilar, exsenador de Opción Ciudadana e investigado por parapolítica.
Es probable que algunos de los financiadores del clan en estas elecciones le aporten también en esa empresa.
Richard llega en taxi
Las tres campañas del grupo al Congreso de este año suman ingresos por 1.902,1 millones de pesos. Richard Aguilar recibió casi la mitad de ese monto, 948 millones. Todo lo obtuvo de financiadores particulares. En su reporte al sistema Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE) no aparecen préstamos de bancos ni anticipos del Estado, ni siquiera recursos propios o de sus familiares.
Casi toda la plata se la prestó Confinautos, una empresa de Bucaramanga que financia la adquisición de vehículos de servicio público, en especial taxis. Le dio dos créditos por 450 millones cada uno.
No es la primera vez que esta compañía apoya campañas de los Aguilar. Ya en 2010 le había aportado a Mauricio en su carrera al Senado.
Pero, además, el año pasado esta empresa resultó salpicada en la persecución de bienes del excoronel que inició la Fiscalía, luego de que fuera visto conduciendo un Porsche de 350 millones, a pesar de que había declarado no tener con qué responderles a sus víctimas como parapolítico. Una investigación de La Silla Vacía reveló que la exesposa de Hugo, Mónica María Barrera, le compró en 2016 al dueño de Confinautos, José Henry Vargas, un lote en Piedecuesta avaluado en 3.600 millones, que luego le hipotecó a la misma empresa.
Vargas es uno de los líderes del gremio amarillo en la capital de Santander. Además, su hijo Alexander fue asesor del actual gobernador, Didier Tavera, que hoy milita en el liberalismo pero hizo su carrera política previa, incluyendo su paso por el Congreso, en el partido de Aguilar y Gil; incluso fue secretario de Gobierno del primero.
Aparte de los préstamos de Confinautos, la campaña de Richard solo tuvo dos aportantes más y no fueron tan jugosos. Cambio Radical le puso 30 millones en especie y Postobón, la industria de bebidas azucaradas del multimillonario Carlos Ardila Lülle, le donó 18 millones.
La ponchera de Bernabé
Las cifras de Aguilar contrastan con las del quemado Bernabé Celis. El ahora excongresista obtuvo apenas el 40 por ciento de sus aportes de particulares, 257,8 millones. Se endeudó con los bancos por otros 250 millones, puso 137 millones de su bolsillo y su hermano Álvaro Celis Carrillo, el diputado más votado del departamento y también militante de Cambio, le donó los 10 millones restantes. En total, 654,8 millones.
Eso quiere decir que recogió menos plata, a pesar de que el partido le puso casi el triple que a Richard, 80 millones (en dos entregas, una de 60 y otra de 20 millones, en especie). Postobón le donó más del doble que al exgobernador, 40 millones. La cervecera Bavaria le donó 27 millones y la Embotelladora de la Sabana, que es la planta de Coca-Cola Femsa en Tocancipá (Cundinamarca), le donó 9 millones más, para un total de 76 millones de la industria de bebidas.
Pero su mayor aportante es Edinson Eliécer Cuéllar Pachón, un mayor retirado que fue comandante del Grupo de Espacio Público de la Policía Metropolitana de Bogotá y subcomandante de Suba. Le prestó 70 millones y le donó 10 más en especie. Lo reportó como particular porque no hay un parentesco directo, pero es el esposo de una sobrina del candidato, según le dijeron a Colombiacheck en la oficina del excongresista.
Luego hay cifras más pequeñas pero de orígenes llamativos, porque incluyen a tres contratistas del Estado y a un exalcalde corrupto. Entre los cuatro pusieron 18 millones de pesos.
La mitad de esta cifra la donó en especie Maritza Prada Holguín, quien fue secretaria de Agricultura y de Cultura en la gobernación de Richard Aguilar.
El año pasado Holguín recibió 42 millones por la ejecución un contrato de prestación de servicios por ocho meses y medio con el Ministerio de Ambiente, cartera a cargo de Luis Gilberto Murillo, ficha de Vargas Lleras. La función de la exsecretaria era coordinar la agenda de la entidad en el departamento.
Otro donante de la campaña de Celis está en el sector de los medios. La Organización Regional de Oriente ORO Visión le aportó 4 millones en especie. Los representantes legales de esta productora audiovisual son los comunicadores César Augusto Heredia Gutiérrez y Carlos Julio Castellanos, quien presidió por una década la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord).
Desde 2011, la empresa ha tenido 20 contratos públicos que suman 1.910 millones de pesos. De estos, 1.215 millones se han adjudicado con ocho contrataciones directas (siete por prestación de servicios) y el objeto de 18 de ellos, que suman 1.535 millones, consistía en la emisión de pauta o informes institucionales para diferentes entidades del departamento.
Los 15 contratos más recientes de ORO Visión, entre ellos los de mayor duración y los mejor pagos (1.876,6 millones en total), han sido en los dos últimos años, es decir, durante la gobernación de Tavera. Entre estos están 1.206 millones de pauta para tres alcaldías que el clan apoyó en la campaña de 2015, a través de Celis.
La primera es la de Floridablanca, en cabeza de Héctor Mantilla (de familia conservadora, sobrino del secretario saliente de la Cámara, Jorge Mantilla, y cercano a la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez), quien incluso le nombró cuotas a Bernabé en el Instituto de Deportes y la Secretaría de Salud. Por su parte, el de Girón, John Abiud Ramírez, fue secretario de Desarrollo de Richard Aguilar y renunció para lanzarse como candidato. La tercera es la de Piedecuesta, a cargo de Danny Ramírez Rojas, quien tuvo entre sus avales el de Opción Ciudadana y recibió la adhesión de Cambio.
Justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por los comicios de este año se firmaron los últimos 574 millones por contratación directa para ORO, repartidos entre esas administraciones municipales. El 23 de enero fue con Floridablanca y el 25, con Girón y Piedecuesta.
Por su parte el canal público TRO (Televisión Regional de Oriente) ha contratado 543,2 millones con la productora, que está detrás de su informativo del ‘prime time’, ORO Noticias. El grueso de estos recursos, 365,7 millones, fueron para producir una serie. Pero el resto se reparte entre cinco contratos de pauta para la Gobernación, sus entidades y la marca región Orgullo Santander que promueve la Secretaría de Desarrollo del departamento.
Los demás contratos recientes de ORO que aparecen en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop I) han sido con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, por 127,4 millones. Más de la mitad de este valor, 67,4 millones, se firmó apenas en dos contratos de febrero de este año.
Caso aparte entre los donantes de Bernabé es el de Juan Alonso Flórez Villamizar, exalcalde de San Vicente de Chucurí (2000-2002) condenado e inhabilitado hasta 2021 por un caso de corrupción. Le dio 3 millones en especie a la campaña.
En 2001 firmó un contrato para el manejo de las basuras en el municipio con el que buscó beneficiar a una empresa en particular, por lo que el juzgado municipal lo encontró culpable en 2010 y lo sentenció a cuatro años y medio de prisión. La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Santander y el recurso de casación presentado por su defensa fue rechazado por la Corte Suprema en 2011.
Hoy Flórez aparece como representante legal suplente de la Fundación Cambio y Futuro, dedicada a la asesoría técnica de proyectos en campos que van desde el medio ambiente hasta la prevención del delito.
En 2015, cuando apenas tenía dos años de existencia, esa entidad sin ánimo de lucro firmó un convenio de cinco meses por 98,3 millones con la gobernación de Richard Aguilar para la caracterización de 663 familias y la organización de actividades comunitarias en asentamientos irregulares con el fin de avanzar en la legalización. Quien la representó en ese proceso fue Luis Francisco Castillo Bueno, ex secretario general de la Empresa de Aseo y Alcantarillado de Santander (Empas).
Otro caso llamativo entre los pequeños aportantes de Celis es el de los 2 millones de pesos que le donó en especie Rudy Pérez Mayorga. La administradora de empresas, que fue candidata a una junta administradora local de Bucaramanga por Cambio en 2015, trabajó casi dos años por prestación de servicios con la regional del Sena, recibiendo al mes poco más que esa cifra.
Su último contrato terminó en diciembre pasado y no fue renovado. Esto se dio tras la salida del director regional, Daniel Hernando Suárez Gutiérrez, quien fue declarado insubsistente en octubre luego de un escándalo por supuestas presiones a contratistas para que le recogieran firmas a la campaña presidencial de Vargas Lleras. Aunque el funcionario negó las denuncias en ese momento, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación.
Suárez, que ahora trabaja en la Secretaría del Interior del departamento (de la que incluso ha estado encargado), era considerado una cuota de Celis en el Sena. De hecho su hermano Juan Andrés es asesor jurídico del alcalde de Málaga, Fredy Arley Cáceres, quien fue la fórmula a la Cámara del saliente senador hace cuatro años.
Ciro, el ‘Loco’ y el moroso
La campaña del representante Ciro Fernández Núñez, que sí vuelve al Capitolio este 20 de julio, recibió 299,3 millones de pesos. De ahí, 205 millones eran suyos y un millón y medio de su papá. Menos de la tercera parte, 92,8 millones, llegó como aportes de particulares.
Más del 80 por ciento de este monto lo puso un tal Henry Núñez Molina. Aunque Colombiacheck intentó en repetidas ocasiones comunicarse con el celular de la campaña y la oficina de Ciro para averiguar de quién se trataba, no obtuvo respuesta.
Lo curioso es que haya tenido para donarle 75,8 millones al congresista, pero no haya pagado los impuestos de rodamiento de su carro desde 2012 hasta 2016. Por esta razón aparece reportado por la Secretaría de Hacienda de Santander con una deuda morosa de 5 millones, según pudo comprobar Colombiacheck con el área de contabilidad de la Gobernación.
El segundo aporte más alto, 10,4 millones, se lo donó el periodista Orlando Moya Vélez, que tiene su propia empresa, Medios Audiovisuales OMV (antes Grabando Producciones), dedicada a la publicidad según su registro en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. También es recordado como uno de los fundadores del primer canal de televisión local del municipio, Enlace 10, en 1994; proyecto del que se retiró un par de años después.
Y resta el más controvertido, aunque también el más pequeño, de los financiadores de Fernández. Con 6,6 millones en especie, se trata de Luis Alberto Quintero González, el mayor barón electoral del liberalismo en Girón. En 2012 fue mencionado como supuesto parapolítico por el ex jefe de las AUC ‘Ernesto Báez’, pero nunca fue procesado judicialmente.
El ‘Loco’, como es conocido, ha sido cinco veces alcalde del municipio (dos de ellas por decreto) y todavía es uno de los mayores beneficiarios de la burocracia local. Su hijo Julián Andrés es secretario de cultura y al menos tres integrantes del gabinete actual trabajaron también en sus administraciones: los secretarios de gobierno y planeación, así como la jefa de control interno, que primero fue la titular de Hacienda.
Los Aguilar mantienen amarrada así una estructura fuerte que, pese a la derrota de Celis, les podría seguir dando frutos en 2019. Sin él en el Congreso, la familia sería la beneficiaria directa de la red burocrática y económica que lo soportó por dos décadas allí, solo que ahora con la marca de su apellido.
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