Las elecciones presidenciales de 2018 que finalizaron con la segunda vuelta el pasado 17 de junio, se dieron en Antioquia en medio de diferentes conflictos y violencias en algunas de las nueve subregiones. Ese panorama anticipa un ambiente complejo de cara a los comicios locales y regionales de 2019.
La corrupción, el descontento creciente con dirigentes tradicionales por el incumplimiento de sus promesas, el masivo desplazamiento ocasionado por la emergencia ambiental de Hidroituango, la minería ilegal, las amenazas a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y la racha violenta en las comunas de Medellín, anticipan un complicado escenario para el ejercicio democrático local en esta zona del país.
Esta mezcla de acontecimientos infortunados ha golpeado estructuras sociales principalmente en las subregiones de Occidente: Santa Fé de Antioquia, Buriticá, Liborina, Olaya, Peque y Sabanalarga; del Norte y Nordeste: Briceño, Ituango y Segovia; del Bajo Cauca; Caucasia, Cáceres, Valdivia y Tarazá; y del Urabá: Apartadó, Murindó, Vigía del Fuerte y Chigorodó. Algunas de sus comunidades, líderes sociales y étnicos se enfrentan al riesgo inminente por su trabajo en la búsqueda de la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la resistencia ante el frecuente reclutamiento de menores y el descontento por actividades extractivas en esas zonas. “No cabe duda de que esta tendencia sigue estando relacionada con los agentes que tratan de controlar las comunidades, las tierras y los recursos, en particular en las zonas que estuvieron bajo la influencia de las FARC-EP”, señala la Misión ONU.
A estas zonas el anhelado posconflicto aún no llega y, como van las cosas, parece que nunca arribará. La escasa presencia estatal en algunas zonas resulta insuficiente para contrarrestar los nuevos conflictos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los departamentos de Antioquia y Cauca suman el 30 por ciento de los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va corrido de este año. Estas cifras no coinciden con las suministradas por la Fiscalía General de la Nación a los medios de comunicación y en las que ubica a Antioquia en el cuarto lugar después de Cauca, Nariño y Putumayo, con el mayor número de amenazas y hechos violentos como desplazamiento, toma ilegal de posesión de terrenos y atentados a líderes que promueven una salida lícita a los narcocultivos.
Esa misma institución ha registrado -a julio de 2018- siete asesinatos de líderes en Antioquia. Su Unidad Especial de Investigación se ocupa desde abril de 71 casos de ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos ocurridos en cinco departamentos, entre ellos Antioquia. Sin embargo, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aclaró que el aumento de los homicidios no afectaba sólo a los líderes, sino también a los miembros de las comunidades, ya que la violencia ha aumentado de manera generalizada en varias zonas rurales.
Para recibir estas denuncias la Fiscalía definió una línea de atención que está a cargo de un grupo especializado de fiscales, investigadores y personal de policía judicial, que ha verificado las amenazas a familiares, aliados y personas cercanas a estos líderes, perseguidos por grupos armados organizados que quieren someter a las comunidades a la cadena de producción del narcotráfico.
Es en estas zonas donde precisamente se vienen consolidado movimientos sociales que reclaman el respeto y el cumplimiento de sus derechos. Esa defensa del territorio les ha costado la vida a muchos líderes y amenazas a otros, que pese a enfrentarse al peor de los panoramas en materia de seguridad, continúan ejerciendo su actividad en medio de estigmatizaciones, recriminaciones, persecuciones e incluso confinamiento.
Rostros escondidos, voces que no callan
Detrás de esas voces hay rostros diversos: campesinos, indígenas y afrodescendientes que desde que se atrevieron a organizar a sus comunidades para acogerse al plan de sustitución de cultivos ilícitos se convirtieron en blanco de quienes se disputan el control territorial en zonas que antes eran dominadas o disputadas por las Farc.
Una de esas voces es la de Jesús Vera, presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos en Briceño (Asvamb), al Norte de Antioquia, quien huye de un lugar a otro tras ser amenazado por grupos armados. Hoy dice enfrentar dos amenazas: la ambiental ocasionada por la emergencia de Hidroituango y la criminal por cuenta de bandas delincuenciales. “He sido más desplazado por Hidroituango que por los propios grupos armados que se pelean el territorio. Mientras el Estado no nos dé garantías necesarias nosotros los líderes estaremos en medio de la disputa territorial entre paramilitares y las disidencias de las Farc y también en medio de la represión ocasionada por el megaproyecto, que no ha cumplido con los protocolos de contingencia y seguimos sin ser reubicados, sin recibir atención en salud y sin empleo”.
En el más reciente informe de Hidroituango (31 de julio)sobre la evolución de la situación, EPM asegura que se centra en el lleno prioritario de la presa y en el taponamiento definitivo de los túneles, que se hará de manera paulatina. No habla de la atención humanitaria a los afectados por la contingencia. Y es precisamente porque la atención social no va al ritmo de las obras de ingeniería. El regreso a los hogares de los damnificados en Tarazá y Cáceres es paulatino, así como también lo es la entrega de subsidios a los afectados para la financiación de sus autoalbergues.
Los afectados que aún no han sido censados deberán seguir esperando porque EPM no ha terminado el registro de las familias restantes y tampoco hay solución a la vista que defina cómo ayudarán a las que perdieron sus viviendas pues son proyectos a largo plazo.
Jesús y muchos de sus compañeros, ante la vulneración de sus derechos, se convirtieron en reclamantes en su territorio. Tuvo la oportunidad de votar en la primera vuelta presidencial, pero en la segunda no pudo porque se encontraba con ‘el agua al cuello’ por la contingencia en Hidroituango que lo obligó a abandonar su casa. “Para las presidenciales la situación fue muy tensa, entonces pienso que para las elecciones de Alcaldía se intensificará puesto que nosotros no esperamos sino cada día más represalias del gobierno. Sabemos que se aumentará el interés en el extractivismo y todos estos municipios en Antioquia tienen el 50% titulado a concesiones mineras, entonces va a ser unos comicios de mayor represión”, anota el líder.
Otra voz que quieren acallar es la de Gloria Echavarría, secretaria de la Asociación de Barequeros y Barequeras del cañón del río Cauca. Su liderazgo lo ejerce en el municipio de San Andrés de Cuerquia (Norte antioqueño). Dice haber sufrido mucho con los atropellos y amenazas de encapuchados que en panfletos se hacen llamar “Cobra”. “Siento miedo y estoy desprotegida. Fuera de eso fui desalojada por Hidroituango de la playa Nicura, donde me desempeñaba como barequera”, señala. Con esta emergencia ambiental se ha agudizado más la violencia en esta localidad y su comunidad, dice Gloria, no ha sido escuchada. “Con la nula atención en esta emergencia nos han querido decir que no tenemos derecho a nada, entonces, para qué pensar en participar en las elecciones para Alcaldía y menos si nos tienen incomunicados y amenazados”, manifiesta.
Gloria votó en la primera vuelta presidencial pero no en la segunda. Dice que no tenía cabeza para pensar en otra cosa diferente a instalarse en un sitio seguro, lejos de una posible avalancha y del grupo que la amenaza. “Tampoco tenía plata para transportarme a los puestos de votación. Además, desconfío mucho de quienes deseen aspirar a la Alcaldía, todos son iguales, prometen muchas maravillas para poder adueñarse del poder y cuando salen elegidos ya no cumplen. Estamos cansados de promesas, mire cómo estamos. Desconfiamos de los que vienen porque no apoyan a las comunidades, son amigos para que les demos el voto y cuando votamos por ellos desconocen nuestros derechos”.
En otro sector del norte antioqueño está escondido Alexander Zapata, presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por el Megaproyecto del corregimiento El Aro, en Ituango. Se declara amenazado por grupos al margen de la ley que delinquen en este municipio. “En el cañón del Cauca están las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, los Gaitanistas y los Caparrapos. Allí hay de todo menos Estado, nos ha dado la espalda. Me amenazan por ser defensor de Derechos Humanos y porque denuncio los abusos contra los campesinos en las veredas y casas de familia”, relata el líder.
Hace dos meses asesinaron a su colega Hugo George, del movimiento Ríos Vivos. Desde entonces, denuncia la creciente persecución de sus integrantes. “Desde que asesinaron a mi compañero, al Clan del Golfo se le metió que yo soy el líder y quien hace las publicaciones en las redes sociales”, dice Alexander. A pesar de las amenazas sigue defendiendo los derechos de su comunidad, ha tenido que dormir en diferentes sitios para salir a capacitarse y reunirse con representantes del gobierno que analizan el problema ambiental generado por Hidroituango y las amenazas contra defensores de Derechos Humanos. “Me mandan razones de que me están buscando y así me la paso, huyendo. Por esta razón no tengo garantías para participar en las elecciones de 2019 porque pedí protección pero no me la han brindado. En la segunda vuelta presidencial no pude votar por la avalancha, no había transporte para llegar hasta las urnas. Aunque sabemos que ninguno de ellos nos va a dar la mano hemos acordado votar por uno de esos”, agregó Alexander.
A 230 kilómetros de Ituango se encuentra el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca, otra zona afectada por los grupos armados, la emergencia de Hidroituango y el abandono estatal. Allí vive Ludys Soto, representante de la Organización Indígena de Antioquia, quien asegura que las voces de auxilio de su comunidad han sido desconocidas. Manifiesta que las mujeres cabezas de familia del resguardo Zenú, al que pertenecen, han sido afectadas porque estos tres actores las han separado de sus hijos y esposos.
“Como hemos quedado solas nos vulneran nuestros derechos. Por la emergencia ya no podemos sembrar plátano, arroz y yuca en las riberas del río, tampoco se puede pescar, no hay pescado porque el agua está podrida. La situación económica es más difícil para nosotras porque -con la emergencia del Cauca- dejamos de sembrar la cañaflecha, que es la materia prima para trabajar las artesanías y poder subsistir”, sostuvo la líder.
Tiene claro que la política debe ser un ejercicio democrático, pero este derecho no puede ejercerlo con libertad porque siente temor. “Si decimos que apoyamos a X o Y candidato no sabemos qué va a pasar con nosotras”. Ludys se refiere a la situación compleja que se vive en Cáceres donde, en el último año, han tenido cuatro alcaldes, uno que está preso por presuntos nexos con las bandas criminales y tres que han sido encargados por la Gobernación de Antioquia.
La líder Zenú cuestiona esa política que, con frecuencia, no tiene en cuenta las voces de quienes llevan las riendas de sus hogares. “La decisión de cambiar el rumbo de Cáceres no están en manos de las mujeres del resguardo. A nosotras solo nos utilizan como instrumento para acumular votos pero no para participar en los acuerdos políticos. Las negociaciones las hacen los hombres que se creen superiores”, reclama Ludys.
Como si fuera poco, la comunidad indígena Zenú en Cáceres se encuentra en resistencia ante los asesinatos y amenazas de sus líderes. “Muchos de nosotros salimos del resguardo de San Andrés de Sotavento en Córdoba huyendo de las amenazas de los grupos armados y llegamos embarazadas aquí a territorio antioqueño. Ha sido muy duro”, agregó Soto.
Estos líderes no pueden mostrar sus caras ante los medios de comunicación porque tienen miedo. Dicen que seguirán alzando la voz porque, como dice Ludys, la líder Zenú, “frente al fusil, la palabra”.
Comunas, entre lluvia de balas y sequía de paz
Pero, si en varios territorios rurales de Antioquia llueve, en ciertas comunas de Medellín no escampa. Los grupos delincuenciales tienen en alerta a comunidades barriales de La América, San Javier, Belén y el corregimiento de Altavista, que afrontan un drástico aumento de la criminalidad.
Extorsiones y balaceras a plena luz del día son cotidianas en calles, casas, parques y buses. El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) reportó que, hasta el 26 de julio, se habían registrado 373 asesinatos, 73 casos más que el año pasado para el mismo período. La mayor presencia criminal afecta el centro de la ciudad y los sectores de San Javier y Altavista. De esos crímenes 239 están asociados a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones al gobierno local para que garantice la seguridad e integridad de la población civil y evite que siga inmersa en las disputas.
Pese al incremento de las críticas y denuncias ciudadanas en la capital antioqueña, sobretodo en redes sociales, referidas al reacomodamiento de las organizaciones delincuenciales y a pactos de fusiles en las comunas entre mandos medios de las estructuras por el control criminal, la Alcaldía de Medellín dice que no negociará con los jefes de estos grupos y mucho menos después de conocer que los incrementos de asesinatos estarían asociados a una supuesta orden dada en febrero pasado por los jefes de esos “combos” para ejecutar diez asesinatos por línea de mando. Esta afirmación se soporta en las informaciones suministradas por el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, ante el Concejo de Medellín el pasado 27 de julio de este año.
Las autoridades han capturado a jefes de once Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín), pero ellas están ahora bajo órdenes de mandos medios que -como retaliación a las autoridades y divisiones internas de la estructura- incrementaron la violencia armada urbana. Las capturas son mostradas por la alcaldía de Federico Gutiérrez como un logro histórico pero, a juicio del Observatorio de Seguridad Humana (OSH) de la Universidad de Antioquia, es insuficiente por cuanto no resuelven problemas estructurales con visión de largo plazo en materia de seguridad.
Medellín pasó de tener en sus comunas un conflicto entre milicias de Farc, ELN y Autodefensas, a Grupos Delincuenciales Organizados, que hoy se disputan el terreno, cuadra a cuadra, con los combos. La situación de las comunas no es considerado un conflicto armado interno sino un problema de seguridad ciudadana que exclusivamente debe atender la Policía Nacional, pero ante la racha criminal, ha solicitado apoyo al Ejército Nacional para que brinde asistencia a los agentes que patrullan o realizan operativos en estas zonas críticas.
Algunas comunidades dicen haber perdido la confianza en los agentes de esta institución, y así lo hizo ver elconcejal de Medellín, Jaime Mejía Alvarán, por el Centro Democrático, quien en días recientes citó al secretario de Seguridad, Andrés Tobón, a debate de control político por la creciente ola criminal en la ciudad. “Precisamente el día que hicimos el debate sobre actos de corrupción al interior de la institucionalidad, fueron capturados nueve agentes y ocho patrulleros de la estación Candelaria que estaban al servicio del crimen de la banda delincuencial de la comuna 10. Pero estas acciones deben ir unidas a programas institucionales y educativos en los sectores”, sostuvo el cabildante.
Mejía Alvarán manifestó que el incremento de la criminalidad en el Valle de Aburrá resulta ser más complejo, ya que la droga que sale de Antioquia, no sólo se está exportando sino que parte de ella se queda en el narcomenudeo y microtráfico que es lo que hoy se están peleando las bandas criminales en las comunas, y que dentro de esa estructura jerárquica de la red criminal estarían empresarios y políticos del departamento.“Esta fue la respuesta que nos dio el secretario de Seguridad en el debate de control político, que nos parece muy grave, porque rompe totalmente la institucionalidad. Más bien por qué no nos dicen quiénes son esos políticos y cuáles son esas investigaciones adelantadas para dar con su captura. La Fiscalía nos manifiesta que está investigando, pero necesitamos resultados concretos y urgentes”, cuestionó el concejal.
Para el concejal del CD, el próximo alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia deberán trabajar en el fortalecimiento del pie de fuerza en las comunas, de la inteligencia y contrainteligencia.
Entre tanto, la concejal Luz María Múnera (Polo), indicó que la incidencia de los grupos armados ilegales en la vida diaria de Antioquia se amplía cada vez más a través del cobro de vacunas a todo tipo de actividad comercial por pequeña que sea, ya sea la venta de huevos, arepas, gas, etc. “La desconfianza en las instituciones legítimas del Estado, el microtráfico y la disputa territorial por zonas mineras y cocaleras es inocultable y en medio de ese panorama deben moverse los actores políticos que buscan un cambio de modelo para el país”.
Ante la ineficacia de las medidas coercitivas, los académicos de la Universidad de Antioquia vienen insistiendo -desde febrero del presente año- en la urgencia de invertir en la seguridad de Medellín pero de manera articulada con políticas públicas para que se desplieguen en los distintos barrios de la ciudad. Advierten que estas estrategias deberían estar conectadas con el cumplimiento de los Acuerdos de la Habana y el favorecimiento de la construcción de paz en la ciudad. “En el escenario actual de asesinatos de líderes sociales y comunitarios, es fundamental tener claras las estrategias de protección enmarcadas en las garantías de no repetición y las garantías de participación política”, precisa el OSH.
¿Existe una fórmula para enfrentar estas crisis?
Para el Consejo de Seguridad de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la criminalidad, los asesinatos de líderes comunitarios y defensores de los Derechos Humanos en las subregiones antioqueñas repuntaron notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales. Así lo ratifica en su más reciente informe (20 de julio), en el que revela el seguimiento que le viene haciendo a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Deja claro que, para que ellas sean eficaces, las autoridades regionales y locales deben estar más dispuestas a asumir responsabilidades y será necesario disponer de recomendaciones orientadas a soluciones más cuantificables y mejor articuladas.
Sin embargo, Verónica Tabares, coordinadora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Antioquia, asegura que las amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos de líderes políticos, sociales y comunales, se incrementaron justo antes de cada proceso electoral, como lo ha presentado en su Informe que analiza la situación del 1° de enero a 17 de julio de 2018. El documento concluye que muy seguramente, de no tomar medidas integrales que involucren a toda la institucionalidad, esta tendencia se mantendrá para las elecciones locales 2019 e incluso se podría profundizar por situaciones de desplazamiento forzado que afectaría los comicios.
“Decimos que podría agravarse para las elecciones locales porque en estas hay mayores intereses en juego, específicamente por economías ilegales o grupos armados ilegales y/o guerrilla que pretenden ejercer presión para tener un mayor control de los recursos económicos de los municipios y de las decisiones que puedan afectar las políticas públicas municipales, la vocación productiva del territorio, etc.”, sostiene Tabares.
Para contrarrestar las amenazas y asesinatos a líderes de organizaciones y defensores de Derechos Humanos en municipios del Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá, la MOE insiste en que es fundamental rastrear las dinámicas que vinculan la política, los recursos financieros y la violencia, pues los retos de seguridad para las elecciones del posconflicto serán aún mayores en los comicios locales de 2019. Eso requiere una preparación desde ya para contrarrestar el problema. “Esta hipótesis de relación corrupción-violencia tendrá un mayor desarrollo en los mapas de riesgo de 2019”, argumenta la Coordinadora Regional.
Entre tanto, la ONG Conciudadanía considera urgente que los grupos políticos e instituciones públicas y privadas, adopten con madurez las posiciones culturales, ideológicas, cosmovisión y opiniones de los movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, que son las que trabajan y defienden sus territorios. “Las voces diversas son necesarias para que Antioquia crezca en democracia. La sociedad necesita propiciar el desarrollo de ese sistema multipartidista en todos los niveles del estado acogiendo la formación y actuación de nuevos partidos y promoviendo la plena aplicación del Estatuto de la Oposición Política como otro camino hacia la reconciliación”, estima Alonso Cardona Arango, de Conciudadanía.
Crisis ambiental impactaría la participación en comicios locales
Para las elecciones de 2018, la MOE solicitó el desarrollo de planes de contingencia para municipios afectados por la emergencia de Hidroituango y por la temporada de lluvias. Sugirió el traslado de puestos de votación, no sólo en aquellos casos donde no brindaban las condiciones necesarias para llevar a cabo la jornada electoral sino también donde la población estaba reubicada. Todo para garantizar su derecho al voto.
Sin embargo, la participación electoral para la segunda vuelta en varios de estos municipios fue muy baja: en Tarazá llegó al 21.17%; en Valdivia fue del 27.57% y en Ituango del 24.96%. Estas cifras son preocupantes si se comparan con el promedio departamental (54.72% en segunda vuelta). “Esto sugiere una campaña focalizada en la participación ciudadana, de voto consciente e informado, sobre el lugar en el que pueden ejercer su derecho y cómo votar. Esta no sólo la debe desarrollar la MOE, también deben estar involucradas todas las instituciones que asisten y hacen parte de los Comités de Seguimiento Electoral”, explicó Tabares, quien considera importante que los medios de comunicación intensifiquen la información pedagógica a los ciudadanos.
¿Hegemonía política?
Para la segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales, en Antioquia hubo un dominio abrumador del candidato Iván Duque. Ganó en 120 de los 125 municipios. Obtuvo el 72,53% del total de sufragios, es decir, 2.586.802 votos.
Sólo 5 municipios (cuatro del Urabá y uno del Nordeste) se decidieron por la opción de Gustavo Petro del movimiento Colombia Humana (Segovia, Apartadó, Vigía del Fuerte, Chigorodó y Murindó). En este último, la Defensoría del Pueblo emitió recientemente una alerta temprana al Ministerio del Interior para advertir sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en una zona a la que también llegó ya el ELN, situación que tiene a la población civil en una encrucijada por las constantes intimidaciones, persecuciones, reclutamientos forzados y confinamientos.
Verónica Tabares, coordinadora de la MOE en Antioquia, dijo que la presencia de actores armados ilegales en estas zonas impide el ejercicio de las libertades civiles básicas como la movilidad, la expresión y la participación, lo que se constituye en un riesgo para estas y otras subregiones de Antioquia. Ante este panorama, se requiere mayor presencia institucional que garantice el desarrollo no sólo de los comicios de 2019 sino también de políticas públicas para la protección de derechos económicos, sociales y culturales.
El triunfo del uribismo en Antioquia, analizado desde las subregiones Oriente, Suroeste y Occidente, donde sacó más del 80% de la votación, podría ser riesgoso en términos democráticos. Al menos eso piensa Alonso Cardona Arango, de Conciudadanía. Explica que en 28 municipios de estas tres subregiones el candidato del Centro Democrático obtuvo el 89% o más de los votos y en 41 sacó más porcentaje que el promedio subregional. “Eso indica que allí se ha establecido un predominio tan absoluto de una sola corriente de pensamiento que la situación puede ser considerada de alto riesgo de establecimiento de una hegemonía política. En consecuencia, es previsible que el CD -ahora como partido de gobierno - siga fortaleciéndose a costa del debilitamiento de otros partidos y para el efecto se empleen las próximas elecciones regionales”, dijo el analista.
Enfrentar una hegemonía política, según Cardona Arango, no es conveniente para la democracia colombiana que en el pasado la vivió con una lógica trágica por la espiral de tensiones políticas y polarización que se tradujo en el cierre de espacios democráticos y el recurso a la violencia para abrirlos. “En buena hora en Colombia se va a estrenar, a partir de la presente legislatura, pero también en todos los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, el Estatuto de la Oposición Política como antídoto contra el impacto de hegemonías políticas”, explica.
Para Cardona, las elecciones presidenciales de 2018 fueron las más pacíficas en muchas décadas producto del desarme y la desmovilización de la guerrilla de las Farc. “Se está consolidando el cambio del sistema político bipartidista hacia un sistema multipartidista, estimulando significativamente la real competencia electoral; fue una campaña muy larga y tal vez más competitiva en toda la historia de Colombia porque finalmente (en la segunda vuelta) enfrentó con posibilidades reales de triunfo a las dos tendencias polares de la sociedad: la derecha y la izquierda. Por eso, en lo que respecta al Oriente, Suroeste y Occidente antioqueño, se espera que la participación electoral en Antioquia continúe en aumento para los comicios locales de 2019”.
Conciudadanía tiene claro que para enfrentar la hegemonía en todo Antioquia se deben consolidar en los municipios partidos políticos que trabajen por desarrollar los principios del Estatuto de Oposición; que se reconozcan los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias. Sus analistas consideran que, para ser participación política efectiva, debe incluir la movilización y la protesta social.
Frente a las elecciones presidenciales que marcaron el dominio del Centro Democrático en Antioquia, Luz María Múnera Medina, vicepresidenta primera del Concejo de Medellín y quien acaba de anunciar su precandidatura a la Alcaldía de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, reconoció que es innegable la hegemonía del uribismo en la región, pero pide que también se reconozca que la votación por el candidato de Colombia Humana -entre la primera y segunda vuelta- fue la de mayor crecimiento porcentual.
“Este panorama muestra una nueva ruta, que se abre camino a nuevos escenarios electorales para los partidos alternativos y de izquierda”, señala la concejal, a quien le preocupa el ambiente de polarización, el recrudecimiento de las muertes selectivas y de líderes sociales. “Esto hace que todo el ánimo generado por los esperanzadores resultados electorales se disperse y nuevamente, como hacía ya mucho tiempo no se presentaba en el departamento, los funerales se convirtieron en el espacio de reunión y encuentro de una sociedad dolorida por el derramamiento de sangre y el miedo. Muchas zonas de Antioquia se han visto afectadas por esta nueva ola violenta, pero especialmente el Bajo Cauca tuvo casos emblemáticos”, anotó Múnera
Para las elecciones de 2019, el Polo Democrático en Antioquia sabe que le será más difícil canalizar el potencial electoral de la izquierda y los partidos alternativos por la presencia de múltiples actores armados en las diferentes subregiones, incluida el área metropolitana del Valle de Aburrá y su capital, que generan un riesgo permanente para el movimiento social y los nuevos liderazgos políticos. “El escenario político a 2019 en Antioquia es prometedor en el sentido de poder ampliar la participación del movimiento alternativo y de izquierda en alcaldías y concejos municipales así como en la Asamblea Departamental, pero todo dependerá de las garantías que el nuevo gobierno entregue para que la actividad proselitista se desarrolle con tranquilidad y normalidad. Igual escenario esperamos para el movimiento social y comunitario, así como para los Defensores de Derechos Humanos que diariamente trabajan en este departamento”, agregó.
Sin embargo, el concejal Jaime Mejía Alvarán, por el Centro Democrático, manifestó que por parte del nuevo gobierno contará con todas las garantías para hacer oposición, que a su parecer no las ofreció el saliente.“Quizás el Polo Democrático tenga que reevaluar qué clase de política está haciendo, que ideologías están pregonando y qué actuaciones ha hecho en las diferentes corporaciones”, sostuvo.
Mejía Alvarán precisó que el aumento de asesinatos de líderes sociales en Antioquia se multiplicó en los gobiernos de Juan Manuel Santos, donde el Centro Democrático era minorías y oposición. “Les hemos dado garantías a los dirigentes de oposición y de ideologías políticas. Y las van a tener totales en las regiones para que haya ese equilibrio democrático y poder trabajar en el tema de la paz”, agregó.
No obstante, esas garantías totales deben concretarse en los territorios, donde el miedo se respira entre las comunidades afectadas por los conflictos sociales y choques armados.
La ‘papa caliente’ del Bajo Cauca
La mezcla explosiva de grupos criminales, corrupción, minería legal e ilegal y las grandes plantaciones de coca en el Bajo Cauca, ha resultado fatal para las comunidades. La situación tiene a las autoridades contra las cuerdas por cuanto esos factores han agravado la crisis social y el conflicto armado, que se traducen en mayor empobrecimiento de esta subregión antioqueña.
La relación estrecha entre grupos criminales y funcionarios políticos de los territorios antioqueños es un capítulo de interminables páginas, y la razón de ese fortalecimiento estaría en la debilidad fiscal de los municipios, cuya precariedad favorece a los intereses de los actores criminales y los del clientelismo político. A esa conclusión llegaron los investigadores de EAFIT Jorge Giraldo Ramírez y Alberto Naranjo para el libro “Economía criminal en Antioquia: Narcotráfico”. Sus tesis cobran vigencia en estos momentos de crisis por el aumento de asesinatos en esa subregión.
El Bajo Cauca antioqueño lo conforman los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza. La situación política en estas zonas ha resultado ser una ‘papa caliente’ para la Fiscalía que tiene en sus anaqueles las investigaciones por corrupción de varios alcaldes, exmandatarios y funcionarios.
La mezcla de violencia armada con la corrupción política ha fortalecido la bacrimpolítica y debilitado el tejido social de municipios como Cáceres cuyo alcalde, José Mercedes Berrío, fue capturado en enero de este año por el CTI por el delito de concierto para delinquir agravado, por nexos con el frente Virgilio Peralta del “Clan del Golfo” que está presente en la región y al que atribuyen el desplazamiento de cerca de mil habitantes de las veredas Campanario, Ponciano, Buenos Aires Veracruz, Tamaná y El Tigre. Desde entonces el destino del municipio ha estado bajo el mando de dos encargos, situación que genera zozobra entre las comunidades afectadas por el conflicto armado, que pide presencia y gestión estatal para retornar a sus territorios.
El municipio de El Bagre también está bajo lupa por actuaciones irregulares de su alcalde, Ángel Mesa Castro. En marzo de este año fue suspendido por tres meses por la Procuraduría General de la Nación ante presuntas irregularidades en la contratación del alumbrado público. Este territorio está también bajo el asedio del “Clan del Golfo” que ha asestado golpes a la fuerza pública, como el ataque al comando de la Policía en febrero de este año. De igual forma, las autoridades han hecho importantes capturas.
Entre tanto, Nechí sigue siendo uno de los municipios con más alcaldes y exalcaldes investigados en el país y en el Bajo Cauca por corrupción. Cinco han resultado con líos con la justicia, empezando por el que fue elegido para el período actual (2016-2019), Miguel Enrique Franco Menco, capturado por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica de documento público y concierto para delinquir. Su antecesor Eduardo Enrique Cabrera Urbiña (período 2012-2015) está tras las rejas procesado por apropiarse de 200 millones de pesos de las regalías para pagar una deuda personal. De igual forma, Elkin Levith Fabra Paredes, elegido para el período (2004-2007) fue separado de su cargo acusado por la Fiscalía de ocho delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Sus antecesores Marcos Javier Madera Camero (2001-2003) y Álvaro Medrano Martínez (1998-2000) también fueron procesados por corrupción.
Los recientes comicios presidenciales en el Bajo Cauca estuvieron marcados por la Bacrimpolítica, denuncias por participación indebida en política, exceso de gastos electorales y constreñimiento al elector, según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. A esto se le suma el incremento de muertes de líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. Según la Fiscalía General de la Nación, en el Bajo Cauca antioqueño el crimen ha aumentado en lo que va corriendo de este año un 164 %, y durante el primer semestre del año en un 47 % en Antioquia, debido a la creciente tensión que ejercen las bandas criminales por mantener y apropiarse de los corredores del narcotráfico. Sus acciones impactan directamente a pobladores que vienen adelantando procesos comunitarios y de denuncias en torno a la defensa del territorio.
El asunto resulta más complejo por cuanto contrarrestar la bacrimpolítica debe ser asumida con estrategias más puntuales, dado que, según los académicos de la Eafit, “en el largo plazo, el poder y la riqueza que se derivan del narcotráfico no quedaría en manos de los grandes capos del negocio, es decir de aquellos criminales de origen humilde motivados por un profundo inconformismo social”, sino “en quienes se especializaron en empresas legales que funcionan por el lavado y en la prestación de protección política a los narcotraficantes, tenían mayores posibilidades de sobrevivir a las arremetidas de la justicia y a las vendettas entre los miembros de las organizaciones criminales”.
El politólogo Pedro Piedrahita Bustamante, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín,coincide con los investigadores Girando y Naranjo de Eafiten que el problema de la coca se debe dimensionar más allá del tema del narcotráfico y se tiene que enfrentar con medidas alternativas diferentes a las coercitivas, dado que el nuevo enfoque criminológico son las redes, de las cuales las autoridades reconocen las periferias, pero no los núcleos.
Para atacar el problema, según Piedrahita, hay que enfrentar el lavado de activos, que maneja modalidades como el comercio minorista en los centros urbanos; la minería ilegal, que tiene asociadas dinámicas como la prostitución y las economías paralelas. “Las estructuras administrativas de los municipios antioqueños donde abunda la minería son deficitarios, pero en el comercio hay grandes flujos de capital. Aquí hay pobreza, no porque no haya plata, sino por la desatención del Estado. Si se aborda seriamente el lavado de activos podría ser una buena estrategia para atacar el narcotráfico e identificar a los dueños del negocio y no simplemente capturar a los distribuidores o criminalizar a los cultivadores”.
Detrás del problema de los cultivos ilícitos está el hambre, la falta de empleo y de oportunidades, y la ausencia de la educación. El gobierno saliente incumplió con el plan de restitución de cultivos ilícitos y se evidencia porque los campesinos siguen esperando que lleguen los funcionarios para hacer un acuerdo e iniciar la transición. Pero para los comicios del próximo año este tema seguramente no hará parte del debate de los aspirantes a las alcaldías, concejos y Asamblea.
El politólogo opina que los aspirantes que harán campañas se van a concentrar en la seguridad, tema bandera que años atrás adoptó como propia el Centro Democrático y dejará por fuera otros muy importantes como la infraestructura vial en la zona rural que afronta conflictos social y armado.
“En Antioquia hay más de 10 mil 500 vías terciarias, de las cuales apenas está pavimentado el 11%, lo que quiere decir que los campesinos no tienen cómo sacar sus productos y por tanto no cuentan con la forma para insertarse en la economía del país y seguirán recurriendo a los cultivos ilícitos, porque sin vías es más fácil movilizar un kilogramo de base de coca que transportar una carga de café, plátano o yuca. Falta por ver qué partido político va a adoptar las banderas de estos temas”, anota Piedrahita.
Definir quiénes son los dueños de la red criminal es el asunto urgente por resolver en el Bajo Cauca, tarea que les corresponde a la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) y a la Dian, pero -a juicio del politólogo- estos organismos deben ser sometidos a reformas profundas para hacerlas eficientes y efectivas. “A un líder veredal o un alcalde vinculados al Clan del Golfo les tendrían que investigar si en verdad son ellos los núcleos o son simplemente otro nodo de la red”, agrega el politólogo.
En el Bajo Cauca, la bacrimpolítica se nutre de la corrupción y ésta -a su vez- de la lentitud de los organismos de investigación para avanzar en los procesos contra funcionarios, ex servidores, mandatarios y exalcaldes del Bajo Cauca. Mientras estos parecen estar bajo la lupa de la Fiscalía, esta entidad está bajo la mirada incrédula de la ciudadanía, porque además de esperar resultados de los procesos que les adelanta por conductas ilegales, está atenta a que el mismo organismo cumpla con el viejo anuncio de evitar que quienes cometieron irregularidades vuelvan a aspirar a cargos de elección popular en el 2019.
Sin embargo, todo indica que esta práctica se mantendrá en algunos municipios del Bajo Cauca, entre ellos Caucasia. El nombre de José Nadín Arabia, cuestionado por sus nexos con José Bayron Piedrahita Ceballos -capturado el año pasado luego de ser señalado por la justicia de Estados Unidos como parte de la Oficina de Envigado- suena fuerte para aspirar por cuarta vez al primer cargo municipal.
En Zaragoza suena el nombre de Camilo Mena Serna, ex alcalde de la localidad, que afronta varios procesos disciplinarios en su contra.
En Cáceres se habla de tres posibles precandidatos para la Alcaldía: Juan Carlos Blanco, del partido Liberal, quien fue derrotado en la pasada contienda; Damiana Monterrosa, de quien aún no se le conoce aval político; y Danilo Grisales, quien aspiró hace ocho años por el partido de la ASI, pero no resultó elegido.
Es muy probable que las precandidaturas en el Bajo Cauca se empiecen a hacer públicas durante las próximas semanas en medio de la incertidumbre generada por los conflictos social y armado, que en vez de terminar, parecen perpetuarse.
