Iván Duque se posesionó como nuevo presidente del país este 7 de agosto. En las ediciones de varios periódicos de ese día, el Centro Democrático, el partido del nuevo presidente, pagó una publicidad de dos páginas en la que se presentaban cifras que supuestamente demostraban el mal estado en el que el presidente saliente, Juan Manuel Santos, dejó el país.
Durante el acto de posesión, el presidente del Senado Ernesto Macías, también del Centro Democrático, leyó un discurso que se enfocó en temas y cifras similares a los de la publicidad publicada ese día.
En Colombiacheck revisamos tanto la publicidad como el discurso de Macías y encontramos que había 46 afirmaciones a las que le pudimos otorgar una calificación. De esas, calificamos seis como verdaderas, 11 como falsas, siete como aproximadas, siete como ligeras y 15 como engañosas
Para poner algunas cifras en contexto (y puesto que Macías hizo esta comparación recurrentemente), cuando fue posible o relevante, comparamos con los mismos indicadores que dejó Álvaro Uribe al final de sus dos períodos presidenciales (2002-2010)
Abajo agrupamos nuestros chequeos por temas:
CULTIVOS ILÍCITOS
“Hoy recibe usted un país con el deshonroso récord de ser el primer productor de coca del mundo” – Ernesto Macías
Tanto los informes del Gobierno de Estados Unidos como los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC, indican que Colombia es el mayor productor de coca en el mundo.
Un lugar que el país recuperó, de acuerdo con el portal especializado Insightcrime, desde 2014.
“La producción mundial de cocaína alcanzó en 2016 el nivel más alto jamás reportado, con un estimado de 1410 toneladas. La mayor parte de la producción proviene de Colombia”, indicó la UNODC en un informe presentado este año.
De acuerdo con la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA), el 92% de la cocaína que fue incautada entre 2015 y 2016 en ese país provenía de Colombia.
"[Hoy recibe usted un país] con más de 210 mil hectáreas [de coca] sembradas y una producción de 921 toneladas métricas de cocaína”. – Ernesto Macías
Las cifras del aumento de los cultivos ilícitos y de la producción a las que se refiere Macías fueron entregadas por el gobierno de Estados Unidos. Según su informe, a 2017 había 209.000 hectáreas de coca y 921 toneladas métricas de cocaína.
Sin embargo, aún falta que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia entregue su informe anual. En su informe más reciente, de 2016, se reportó que los cultivos ilícitos de coca habían llegado a 146.000 hectáreas y 866 toneladas métricas.
En junio pasado, ante las quejas de Estados Unidos, Santos anunció que Colombia empezaría aspersiones con drones para acelerar la erradicación de cultivos ilícitos. “La meta para 2018 es eliminar mediante erradicación forzosa y sustitución voluntaria un total de 110 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el país”, dijo.
"El solo hecho de acabar con la erradicación voluntaria, en donde no se cumpla, y si es necesario volver a la fumigación, es un avance esperanzador. De ese flagelo tenemos que librarnos en los próximos 4 años". – Ernesto Macías
Macías insiste en la idea que había repetido Duque en campaña de que la sustitución voluntaria estaba estrictamente ligada a la voluntad de las comunidades, cuando el Acuerdo Final definió que si no había concertación para la sustitución, se procedía a la erradicación forzada. En marzo, Colombiacheck ya había chequeado una frase de Iván Duque al respecto que encontró falsa. El presidente del Congreso dijo además, que si era necesario había que volver a la fumigación, cuando la decisión de retomar la fumigación con glifosato, pero a baja altura (con drones) la tomó el gobierno saliente en junio de este año.
"Colombia no puede quedarse con la disculpa que recientemente planteó el expresidente Santos a un medio de comunicación, culpando a los Estados Unidos del aumento de los cultivos ilícitos, porque los nuevos consumidores de cocaína se incrementaron en ese país". – Ernesto Macías
Santos ha dicho que las causas del aumento de cultivos ilícitos son varias, como lo admitió en entrevista con la revista Semana. Por ejemplo, admitió que pudo haber sido un error el anuncio prematuro del programa de sustitución voluntaria porque “pudo generar un incentivo perverso para campesinos que sembraron pensando en los beneficios del programa”. Santos también indicó que otro aspecto que influyó fue la devaluación que hizo más rentable los cultivos.
Por otra parte informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, explica que entre las causas del aumento de los cultivos ilícitos están la recomposición del narcotráfico en las zonas de influencia de la antigua guerrilla de las Farc, los bajos niveles de erradicación manual y sustitución en clústeres claves para la producción, el aumento en la incautación de cocaína, el coletazo del proceso de paz y los efectos de la sustitución de cultivos.
“Cuarto país con mayor consumo de drogas en Suramérica”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático.
El último estudio nacional sobre consumo de drogas para la población en general es de 2013, porque lo hace cada cinco años el Observatorio de Drogas de Colombia. Estos son los datos que registra la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Comparar entre los países, sin embargo, es difícil porque unos tienen datos más recientes y otros más antiguos. Por ejemplo, Argentina tiene su último reporte en 2017 y Guyana, en 2010. Además, no hay un consolidado de todas las sustancias psicoactivas sino que hay que mirar una por una.
Aun así, en ninguno de los casos queda Colombia de cuarta según los últimos datos disponibles de cada país. En cannabis está por debajo de Chile, Uruguay, Argentina, Surinam y Guyana; en cocaína, de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y empata con Perú; en éxtasis, de Uruguay, Argentina, Guyana y Brasil; en anfetaminas solo está por encima de Uruguay y en opioides ni siquiera tiene medición.
"Desmonte de las familias Guardabosques (más de 114 mil)". – Propaganda política pagada del Centro Democrático.
El aviso del Centro Democrático se refiere al Programa Familias Guardabosques, que en efecto fue descontinuado. Esta era una iniciativa de desarrollo alternativo implementada desde 2003 (durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez) en alianza con la Unodc. El programa buscaba vincular a familias que tuvieran cultivos ilícitos para reemplazarlos por proyectos productivos. Y, según un reporte de la Unodc, presentado en junio de 2010, “gracias al programa se vinculó a más de 113.700 familias”.
En diciembre de 2012 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó la Evaluación del Programa Familias Guardabosques y Grupo Móvil de Erradicación,l documento que hace una evaluación de las fases I a la V del programa y brinda una serie de conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, los datos del programa del Observatorio de Drogas de Colombia van hasta el 2013.
De acuerdo con Juan Manuel Ospina, expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y exgerente del Incoder, “este programa no hizo parte de la estrategia de desarrollo rural de reconversión de las comunidades con cultivos ilegales en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos”. Lo que sí es claro, es que esta afirmación ha sido tema reiterativo del expresidente Uribe y hace parte de las promesas en campaña que hizo Iván Duque.
Debemos recuperar las familias guardabosques, y hacer que el pago por servicios ambientales implique crear familias guarda páramos, guarda ciénagas. Necesitamos involucrar a las comunidades en la defensa de esos ecosistemas #DuqueConElMedioAmbiente #DuqueEsElQueEs pic.twitter.com/SqLyfJVSv2
— Iván Duque (@IvanDuque) 28 de marzo de 2018
DESARROLLO SOCIAL
“Hoy recibe usted un país que redujo en el 16% el número de Familias en Acción beneficiadas, entre 2010 y 2017”. – Ernesto Macías
El programa de Familias en Acción, de acuerdo con cifras dadas por el Gobierno y mencionadas en estudios de la Universidad Externado y el Congreso, benefició a 2’486.733 de familias en 2010. Para 2017, las familias beneficiadas fueron 2’511.457.
Esto significa un aumento del 1% y no una disminución del 16%, como dice Macías.
Además, en la propaganda política pagada que publicó el Centro Democrático, se dice que “el número de Familias en Acción beneficiadas se redujo en un 14% entre 2010 y julio de 2017”. En este caso, el anuncio está comparando un año completo (2010), con un semestre (el primero de 2017), por lo que no se puede hacer una comparación directa.
Por otra parte, según el Departamento de Prosperidad Social, el programa de Familias en Acción tuvo una inversión de 13,3 billones de pesos en 2017. En 2010 los recursos eran de 4 billones de pesos.
"Subsidio al adulto mayor entre $80 mil y $150 mil cada dos meses, es el mismo que en 2010 y no alcanza ni la línea de indigencia".– Propaganda política pagada del Centro Democrático
Ese subsidio forma parte del Programa Colombia Mayor y, efectivamente, consiste en un apoyo económico que “varía de un municipio a otro y va desde los $80.000 hasta los $150.000 cada dos meses (marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre)”, como da cuenta el Fondo de Solidaridad Pensional. Esa variación está sujeta a la decisión de cada municipio de cómo administrar esos fondos, si ayudando a más adultos mayores con un monto más bajo, o a menos con un monto más alto. Aunque esto está, en efecto, por debajo de la línea de la pobreza, un estudio del DNP encontró que el programa les ayudó a sus beneficiarios de salir de la pobreza extrema. Además, si bien el rango de los valores de los subsidios no varió durante el gobierno Santos, sí aumentó el número de beneficiarios, pasando de 428.000 en 2010 a más de un millón y medio este año.
"Tasa de cobertura bruta de educación preescolar, y básica y media disminuyeron 5 y 8 puntos porcentuales respectivamente". – Propaganda política pagada del Centro Democrático
Aunque el aviso del Centro Democrático no aclara a qué periodo de tiempo hace referencia, según datos suministrados a Colombiacheck por la Subdirección de Educación del Departamento Nacional de Planeación, la tasa de cobertura bruta para los niveles preescolar, media y básica en 2010 fue de 89,4%, 78,6% y 109,1%, respectivamente. Mientras que para el año 2017 fue de 84,4%, 80,1% y 99,7%. Esto representa en el caso de la educación preescolar, una disminución de 5 puntos; para la media, un aumento de 1,5 puntos, y para la básica una disminución de 9,4 puntos.
"Hoy recibe usted un país, Presidente Duque, al que han llegado cerca de 1 millón de venezolanos". – Ernesto Macías
Según cifras de la ONU, un millón de venezolanos han entrado a Colombia, pero solo 660.000 se han quedado. Por otro lado, las cifras de Migración Colombia dan cuenta de que “más de 870 mil venezolanos entre regulares, en proceso de regularización e irregulares, se encuentran radicados dentro del territorio nacional”.
ECONOMÍA
“Hoy recibe Usted un país, de un Gobierno que comprometió 93 billones de pesos en vigencias futuras, hasta el año 2048”. – Ernesto Macías
Aunque la cifra es cierta, pues el Ministerio de Hacienda reportaba vigencias futuras autorizadas por 92,76 billones de pesos hasta 2048; lo que le corresponde a los próximos cuatro años es solo de 24,21 billones (poco más que la cuarta parte). Este monto equivale a 2,4 por ciento del PIB, una proporción muy inferior a la que recibió Santos de Uribe en 2010, que fue de 5,5 por ciento, y este de Pastrana en 2002, cuando fue de 6 por ciento. De modo que la intención crítica que Macías le quiso dar al dato pierde fuerza.
“Estancada disminución de la pobreza en los dos últimos años”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
Como suele pasar con las cifras de pobreza, depende de qué medición se use. Los datos del DANE confirman que el ritmo en la reducción de la pobreza por ingresos disminuyó en los últimos años del gobierno Santos y que en 2016 incluso tuvo un leve repunte de 27,8 a 28 por ciento, antes de quedar en 26,9 por ciento el año pasado (en 2010 era de 37,2 por ciento, 10 puntos mayor). Pero la pobreza multidimensional (que toma en cuenta más variables, como el acceso a salud y educación) sí ha bajado de manera constante desde 2010, cuando estaba en 30,4 por ciento, hasta quedar en 17 por ciento en 2017. De todas formas, como lo contó Colombiacheck en su chequeo sobre este tema al ahora exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la tendencia general del gobierno Santos fue de reducción en todas las formas de medición.
“Marcada desaceleración económica, con crecimiento de 1,8 % en 2017, el más bajo en ocho años”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
De nuevo el Centro Democrático usa una cifra cierta fuera de contexto para criticar al gobierno que acaba de terminar. El crecimiento de 1,8 por ciento del PIB en 2017 sí marca una desaceleración que empezó en 2012, con un breve repunte en 2013, como lo registra el Banco Mundial. Pero si bien se trata de la menor cifra en ocho años, el senador omite que a Uribe se le podría haber juzgado de manera similar en su momento porque en 2009, un año antes de entregarle el poder a Santos, precisamente el país tocó el piso de 1,65 por ciento, el peor desde la recesión de 1999. No obstante, en ambos casos se mantuvo en números positivos en medio de un contexto internacional de caídas en rojo por distintas razones, la crisis financiera estadounidense en el de Uribe y la caída de los precios del petróleo en el de Santos.
“Hoy recibe Usted un país, con la economía en desaceleración: un PIB per cápita que cayó en un 23%, afectando a los colombianos en su bienestar y tranquilidad”. – Ernesto Macías. “Entre 2013 y 2017, el PIB per cápita cayó 23 %, alcanzando un nivel por debajo del observado en 2010”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
El PIB per cápita de Colombia en pesos (a precios constantes) ha aumentado sin excepción todos los años de este milenio. En el gobierno Santos pasó de 9,2 millones de pesos en 2010 a 11,2 en 2017 y en el periodo que menciona el presidente del Senado creció 7,7 por ciento, porque en 2013 era de 10,4 millones.
Sin embargo, es probable que Macías y el aviso se estuvieran refiriendo al porcentaje de crecimiento anual de la variable y no a su valor neto. En esta medición sí hubo una desaceleración en los últimos cuatro años (pero mucho mayor de lo que mencionan, 76 por ciento, es decir que el crecimiento actual del PIB equivale a 23 por ciento del crecimiento de 2013).
“En (el) primer trimestre del año, la inversión extranjera directa se redujo 15 % anual, alcanzando el nivel más bajo de los últimos ocho años”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
La inversión extranjera directa (IED) en Colombia en el primer trimestre de 2018 fue de 2.133 millones de dólares. Es decir que sí fue 14,7 por ciento menos que el año anterior, cuando llegó a 2.500 millones y sí, es el punto más bajo del gobierno Santos. No obstante, el ahora expresidente la había recibido de Uribe en 1.206 millones de dólares para los mismos tres meses de 2010, el punto más bajo desde 2006 según los registros del Banco de la República. De hecho la IED anual se duplicó de 2010 a 2017, tanto en dólares como en porcentaje del PIB a pesar de la caída del último año --que analistas como José Roberto Acosta le atribuyen a la partida de capitales “golondrina” basados en títulos valores--, como lo explicó Colombiacheck en su chequeo al balance del mandatario saliente en medios. Es más: al final de su segundo periodo, el expresidente Uribe tuvo una caída mucho más fuerte en la inversión extranjera directa con relación al PIB, de 48,8 por ciento en dos años y 35,3 por ciento solo en el último, frente al 6,1 por ciento de 2016 a 2017, como consta en el Banco Mundial.
“Endeudamiento público insostenible. En sector público no financiero pasó de 43,1 % del PIB en 2010 a 55,9 % del PIB en 2017; en Gobierno nacional central, de 37,2 % del PIB en 2010 a 44,2 % del PIB en junio de 2018” – Propaganda política pagada del Centro Democrático
Aunque Colombiacheck no pudo conseguir el dato a cierre de junio de 2018, las cifras que da el aviso del Centro Democrático son cercanas a las que registra el Banco de la República en su más reciente boletín de indicadores, con cierre hasta 2017, publicado el pasado 6 de agosto. La deuda del sector público no financiero en 2010 era equivalente a 43,18 por ciento del PIB y llegó a ser 54,44 en 2017 (un punto y medio menos de lo que afirmó la pauta). Lo correspondiente al Gobierno nacional central fue 37,32 por ciento del PIB en 2010 (el CD se descachó en una décima por debajo) y 44,91 en diciembre de 2017 (siete décimas más de lo que da el aviso, pero el partido afirma tener el dato seis meses más actualizado).
No obstante el director del Observatorio Económico de la Universidad Sergio Arboleda, Javier Galán, explicó que calificar ese endeudamiento como “insostenible” es más una cuestión de interpretación y señaló que el gobierno Santos fue “muy prudente” al respecto. El economista aclaró que estas cifras “no son un signo de alarma” porque el límite para la deuda pública es 60 por ciento y que, de todas maneras, se incurrió en ella con fundamento en los ingresos del país.
“Impuestos asfixiantes: 69,7 % de las ganancias, muy por encima del promedio de la región y de los países de la OCDE”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
La cifra que da el Centro Democrático surge de sumar tres variables: los impuestos sobre utilidades (22,2%), las contribuciones laborales (18,6%) y otros gravámenes empresariales (28,9%). Los primeros sí subieron casi cinco puntos en el gobierno Santos, porque en 2010 apenas eran 17,3 por ciento. Pero las segundas se redujeron casi a la mitad, pues Uribe las dejó en 33,9 por ciento, y los restantes bajaron tres décimas desde 2010, cuando eran de 29,1 por ciento; en 2012 llegaron a ser apenas de 28,5 pero las reformas posteriores los volvieron a subir. En total, la suma que recibió Santos daba 80,1 por ciento, es decir le restó casi diez puntos en ocho años a pesar de la necesidad de tapar el hueco fiscal del país.
Por otro lado, el director del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), Mario Valencia, señaló que esas cifras no reflejan las exenciones tributarias, la elusión de impuestos por vacíos legales ni la evasión. En consecuencia la tasa efectiva de tributación de las empresas estaría por lo menos diez puntos por debajo. En eso coincide incluso el economista Roberto Steiner, aunque de todas formas considera que es “bastante” en comparación con otros países del continente. De todas formas, las reformas de Santos les bajaron los impuestos por medio, por ejemplo, de la eliminación de los parafiscales o el impuesto al patrimonio, que se cobra por última vez este año. Galán asegura que algunas de esas deducciones se sumaron en otros cobros pero coincide con Valencia en la necesidad de estudiar el régimen de exenciones, porque “son demasiadas”.
“(Presidente Duque) Hoy recibe usted un país, con una muy baja actividad exploratoria de petróleo: en 2017 apenas 43 pozos perforados frente a 131 pozos al iniciar el Gobierno saliente”. – Ernesto Macías
Macías está citando cifras del Informe Estadístico Petrolero de la Asociación Colombiana de Petróleo. Sin embargo, de acuerdo con la rendición de cuentas presentada en 2017 por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las perforaciones de pozos exploratorios pasó de 112 en 2010 a 45 en 2017, con una caída a 23 en 2015 (estos son los datos que usa el Ministerio de Minas pues, sostienen, la metodología de la ANH es más confiable).
Según Óscar Vanegas, docente de la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander, es apenas lógico que la actividad exploratoria haya disminuido debido a la caída de los precios del petróleo, que pasó de más de 100 dólares el barril en 2010, a 27 dólares en 2016. No tiene que ver con la gestión hecha durante el gobierno Santos.
Por otro lado, en relación al mismo tema, el anuncio del Centro Democrático dice que las “reservas de petróleo y gas disminuyeron de 2058 millones de barriles en 2010 a 1665 en 2016 y de 7,058 terapies cúbicos en 2010 a 5,321 en 2016, respectivamente”. Afirmación que también es Ligera, a pesar de que según datos suministrados por la ANH, las cifras señaladas por el aviso son correctas. En el caso del gas, se tomaron las cifras de las reservas P3 que, según la ANH, “son reservas que posiblemente están pero que no se pueden sacar con la operación que se desarrolla”.
Para Vanegas es apenas lógico que ocurra, “pues si no hay actividad exploratoria, no hay descubrimientos nuevos y, sin descubrimientos, obviamente bajan las reservas por consumo”. Nuevamente, no es algo que recaiga en el gobierno anterior.
"Hoy recibe usted un país, de un gobierno que asumió el compromiso de 130 billones de pesos, sin existir los recursos, para financiar los Acuerdos de La Habana, durante los próximos 15 años". – Ernesto Macías
En esta frase (que la propaganda del uribismo amplía diciendo “Déficit fiscal de 3,6% del PIB, cor presiones por costos del posconflicto por $129,5 billones durante 15 años y por vigencias futuras autorizadas en 2018 de $92, 8 billones de pesos, frente a $23 billones autorizados en 2010”) Macías y el Centro Democrático mezclan peras con manzanas, por lo cual la calificamos de Engañosa. Primero, el costo estimado de la implementación de los acuerdos en los próximos 15 años no tiene relación con el déficit fiscal de un año.
Segundo, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, efectivamente, el total de vigencias autorizadas a 7 de agosto de 2018 es de 92.761 billones de pesos, pero esto comprende el periodo 2019-2048. Para 2019 esas vigencias ascienden a 8.657 millones de pesos. Además, los principales proyectos de inversión que se financiarán con vigencias futuras son de infraestructura.
“El 85,8% de los cupos autorizados para inversión se concentra en el sector transporte (2019-2048), donde se incluye el proyecto Primera Línea Metro de Bogotá, la construcción, mejoramiento y pavimentación de infraestructura vial; el 7,4% de hacienda, los sistemas estratégicos e integrados de transporte público de pasajeros, apoyo plan todos somos pacífico y Fondo adaptación para la construcción de las zonas afectadas por la ola invernal el 4,8% en programas de vivienda, agua potable y saneamiento básico, y el 2% al resto de sectores”, indica el documento.
Además, según el documento, las fuentes de financiación serán: el Presupuesto General de la Nación (46,7 billones), el Sistema General de Participaciones (47,7 billones), el Sistema de Regalías (18,1 billones), las Entidades Territoriales, con recursos propios (4,3 billones), cooperación internacional (11,6 billones), inversión privada (1,2 billones). Esto quiere decir que, aunque no necesariamente el dinero está disponible actualmente, son recursos que entrarán a cada una de esas fuentes y deben ser reservados para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
“Hoy recibe Usted un país, con una deuda pública del Gobierno Central superior a 440 billones de pesos, es decir, más del 45% del PIB”. – Ernesto Macías
Aunque efectivamente la deuda pública del Gobierno hoy es cercana a los $440 billones, hay que explicar que no se debe a un mal manejo de la economía, sino a varios factores de coyuntura, según Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa. Principalmente, al debilitamiento de los precios internacionales del petróleo, que cayeron hasta los 27 dólares por barril, lo cual disminuyó los ingresos del Gobierno y lo llevaron a buscar reponer esos recursos a través de créditos. Además de la devaluación del peso, lo cual también incrementó la deuda en moneda extranjera, pero cabe destacar que como porcentaje del PIB se ha mantenido estable, pues en 2010 era de 37,5%, según la Contraloría, cuando el barril de crudo valía 93 dólares por barril.
"[Hoy recibe usted un país con] una deuda del sector público no financiero que aumentó del 43% del PIB en 2010 al 56% en 2017". – Ernesto Macías
Sobre la deuda del sector público no financiero, que corresponde al Gobierno central, las entidades de seguridad social, el sector eléctrico, las empresas municipales y departamentales, entre otros, el senador Macías tiene razón, pero se equivoca ligeramente en las cifras. El gobierno de Uribe entregó esta deuda en 46% (y no en 43%) y cerró el año pasado en 52% (y no en 56%), según el Ministerio de Hacienda.
"Hoy recibe Usted un país, con el empleo debilitado en el marco de una tasa de informalidad del 48%". – Ernesto Macías
La tasa de informalidad (que, según el DANE era a mayo de 48,5% en las 23 áreas metropolitanas consultadas) que deja Santos es la más baja registrada en la historia de Colombia y por primera vez es menor a la tasa de formalidad. El empleo se encuentra en tan solo un dígito, por primera vez en la historia. En 2009 estaba sobre 12%. Aunque en los últimos meses se ha venido deteriorando, se ha mantenido estable entre 8% y 9% en los últimos años.
"Entre 2013 y 2017, el PIB per cápita cayó 23%, alcanzando un nivel por debajo del observado en 2010 y reflejando menor bienestar para la ciudadanía". – Propaganda política pagada del Centro Democrático
Efectivamente, mientras que el ingreso por habitante en 2013 estaba en 8.030 dólares al año, en 2017 llegó a 6.273 dólares, es decir, una reducción de 21,8%, aunque al Centro Democrático se le olvidó mencionar que entre 2010 y 2013, el aumento del ingreso per cápita fue de 28%. pues pasó de 6.250 dólares a los 8.030 mencionados.
Cabe anotar que si se tiene en cuenta el valor en pesos, el ingreso anual en 2013 era de 15 millones, con una tasa de cambio de 1.869 pesos. En diciembre, con una tasa de 3.000 pesos, la conversión da 18,7 millones.
“En junio, el desempleo paró su reducción y aumentó a 9,1%, 85 mil desocupados más en el último año, a pesar de que disminuyó la tasa global de participación”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
El desempleo ha disminuido en los últimos meses. En mayo el desempleo se ubicó en 9,7% según cifras del Dane, mientras que en junio el indicador se ubicó en efecto en 9,1%. Por otra parte, en enero de este año había 21,5 millones de ocupados, mientras que en junio la cifra subió a 22,6 millones.
“Deuda del Gobierno Nacional Central en moneda extranjera aumentó 142% y su participación pasó del 25% del total en 2010 al 31% en junio de 2018”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
Según los datos del Ministerio de Hacienda, en agosto de 2010, la deuda en moneda extranjera alcanzaba 105.257 millones de dólares, y representaba el 28,9% del total de la deuda del país; mientras que para junio de 2017, la deuda llegó a 149.299 millones de dólares, es decir, un aumento de 41,8% y no de 142% como dice el CD.
INFRAESTRUCTURA
“Hoy recibe Usted un país con graves dificultades en su infraestructura en marcha: de 30 proyectos viales 4G, 10 no se han empezado a construir, 14 tienen problemas de construcción y 6 no cuentan con cierre financiero”. – Ernesto Macías
Según el informe de gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura para el período 2011-2018, de los 30 proyectos viales 4G, hay solo siete (y no 10) que no se han empezado a construir. El más reciente de estos proyectos que se ha comenzado es el de la Tercera Ola Pamplona-Cúcuta. Según el mismo documento, son tres (además, iniciativas privadas) y no seis las obras las que no cuentan aún con el cierre financiero. De las 27 que ya tienen cierre financiero, 15 “cuentan con financiamiento en firme respaldado por contratos de crédito o emisiones de bonos”. Esto dejaría a 12 (y no 14) obras con problemas de construcción.
“Vías terciarias pavimentadas aprox. 61,5 km nuevos, frente a 2.300 en 2002-2010”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
El Plan de Infraestructura Vial para el Desarrollo Regional, o Plan 2500, del gobierno Uribe, tenía como meta pavimentar y reconstruir 3.160 kilómetros de carreteras, de las cuales hasta 2010 ya se habían hecho 2.401 kilómetros, de acuerdo con el informe diagnóstico de 2011 del Ministerio de Transporte. No obstante, para explicar la disminución tan drástica entre los periodos de ambos mandatarios, “hay que tener en cuenta que el responsable original de la red terciaria son los municipios, y la nación concentró esfuerzos y recursos en la Cuarta Generación, que son proyectos destinados a fortalecer la competitividad nacional”, como aclara Francisco Suárez, abogado experto en materia de infraestructura. De hecho, según el informe de gestión (2011-2018) de la Agencia Nacional de Infraestructura, de las 47 concesiones de las que se ha hecho cargo la propia ANI, 30 han sido para vías 4G, mientras que las otras 17 han sido para proyectos de primera, segunda y tercera generación.
SALUD
“De los 923 hospitales públicos en el país, 136 están en riesgo financiero alto y 51, en riesgo financiero medio” – Propaganda política pagada del Centro Democrático
“Recibe Usted más de 136 hospitales públicos en riesgo financiero alto”. – Ernesto Macías
El Ministerio de Salud establece cada año la categorización oficial de las empresas sociales del Estado (ESE) según su nivel de riesgo financiero. La resolución de este año calificó 633 instituciones y, de ellas, solo 85 quedaron en alto y 20, en medio. Aunque es cierto que el país tiene 923 hospitales públicos, los que estaban bajo alguna medida de intervención por parte del Ministerio de Hacienda o la Superintendencia (o recién habían salido de ellas cuando se hizo la revisión) no se incluyeron, como lo explicó el entonces director de Prestación de Servicios del Ministerio, José Fernando Arias.
“En 2017 murieron 321 niños por desnutrición”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
La cifra corresponde a la reportada por la Defensoría del Pueblo a finales del año pasado. Sin embargo, el organismo que lleva la cuenta oficial es el Instituto Nacional de Salud (INS) con base en las estadísticas vitales del DANE. Este último tiene un dato preliminar para el año anterior de 240 niños menores de cinco años fallecidos por desnutrición. En todo caso, las cifras históricas del INS demuestran que estos casos oscilaron entre 290 y 350 a lo largo de casi todo el gobierno de Juan Manuel Santos.
CORRUPCIÓN
"En mora de que se conozcan quiénes son los responsables del robo de Reficar". – Propaganda política pagada del Centro Democrático
El proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) empezó en el 2007. Se tenía previsto que estuviera listo en 2012, pero los trabajos se extendieron hasta 2015. La Contraloría inició una investigación porque encontró anomalías en la cantidad de contratos que firmó, las adiciones en recursos que hizo y el número de subcontrataciones.
El periódico El Tiempo publicó que, el pasado 6 de junio, 20 personas (entre las que figuran exfuncionarios, exdirectivos y particulares vinculados a Ecopetrol y Reficar, así como las firmas CB&I, Forter Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc) fueron llamadas por la Contraloría para responder “por un detrimento patrimonial de al menos 2.433 millones de dólares”. Y en el mismo artículo se revelan los nombres de 15 de las personas que fueron llamadas a indagatoria por la Contraloría.
Según Rafael Silva, director del Centro de Ética de la universidad Icesi, lo que hay que tener en cuenta en este caso es que, si bien es cierto que el país está en mora de saber qué fue lo que pasó con este hecho catalogado como el de mayor corrupción hasta el momento, lo que esboza el aviso publicitario es una opinión sesgada. Pues “en el contexto en que se dice, es como si se lo estuviera achacando al gobierno de Santos, pero esa historia es anterior a él”.
“ODEBRECHT involucra de forma grave a la campaña del expresidente Santos y a altos funcionarios del Estado” – Ernesto Macías
El escándalo por la entrega de sobornos y financiación de campañas de la multinacional brasileña Odebrecht a cambio de contratos de construcción de obras de infraestructura sí salpicó a personas cercanas a Santos. Entre ellos están el empresario Roberto Prieto, hoy con medida de aseguramiento en la cárcel Modelo; Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura que se prepara para juicio; las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, a quienes ya les archivaron la investigación penal, pero todavía enfrentan un proceso disciplinario; congresistas de su bancada como Otto Bula (que confesó su participación y está preso en busca de un preacuerdo con la Fiscalía), Bernardo ‘Ñoño’ Elías (preso y llamado a juicio por la Corte Suprema) y Musa Besaile (también con medida de aseguramiento por parapolítica y en juicio por el ‘cartel de la toga’).
Lo que Macías no dice es que el uribismo, al que pertenece, está igual de cuestionado porque la empresa le habría aportado también a las campañas de Santos en 2010 (cuando era el candidato ungido por el entonces presidente Uribe para sucederlo) y de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático en 2014. De hecho, Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte y exdirector del Instituto Nacional de Concesiones confesó su participación en la trama corrupta desde esos cargos, que ocupó en el gobierno Uribe. El exsenador Plinio Olano (del partido de La U) también está preso mientras la Corte Suprema lo investiga.
Incluso Zuluaga, su hijo David (gerente de la campaña) y el actual presidente, Iván Duque (entonces coordinador programático), sostuvieron una reunión con representantes de Odebrecht en Brasil. El enlace entre la compañía y el equipo habría sido Daniel García Arizabaleta, director del Invías y de Coldeportes bajo el mandato de Uribe.
El Consejo Nacional Electoral archivó las investigaciones por el escándalo contra las campañas de Santos y Zuluaga. Pero varios procesos e indagaciones de la Fiscalía contra santistas y uribistas por este escándalo siguen su curso.
“Mayor percepción de corrupción en el sector público al pasar del puesto 78 de 178 países en 2010 a 96 de 180 países en 2017 en el ranking de ONG Transparencia Internacional”. – Propaganda política pagada del Centro Democrático
Si bien es cierto que en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) Colombia bajó dieciocho posiciones al ubicarse en el puesto 78 entre 178 países en 2010 y en el puesto 96 de 180 en 2017, el puntaje en el primer año del gobierno Santos fue de 3,5 sobre 10 (siendo 0 lo más corrupto y 10 lo más transparente) y en el penúltimo fue de 36 sobre 100 (la escala sobre 10 cambió a ser sobre 100 en 2012), y durante sus ocho años de mandato la puntuación se mantuvo entre 34 y 37. Como la puntuación fue estable, el descenso en las posiciones se debe a la ampliación del IPC a otros países, al aumento del puntaje en varios de ellos y al hecho de que los resultados no son del todo comparables año tras año, porque la base de la puntuación son encuestas de entidades independientes que no siempre son las mismas en cantidad por país y en las preguntas a los sectores público y privado.
Además, si se amplía el foco de los resultados, hay que tener en cuenta que el número de países a los que Transparencia Internacional les mide el IPC ha aumentado, con lo cual la tendencia a la baja de Colombia, aunque viene de antes del 2010, es relativa: en 1995, primer año en que se midió el IPC, Colombia se ubicó en el puesto 31 de 41 países con una calificación de 3,44 sobre 10; en 1998, ya con Pastrana en la Presidencia, Colombia estaba de 79 entre 85 países con un 2,2; con Uribe al frente del Ejecutivo, en 2002 el país fue 57 entre 102 países con 3,6 de calificación y en 2006 se ubicó de 59 entre 163 países con un puntaje de 3,9.
CRIMINALIDAD
“Hoy recibe usted un país, Presidente Duque, en donde las voladuras de oleoductos crecieron el 104%, comparado con 2010. Hoy recibe usted un país, donde el hurto a personas aumentó el 186% y los delitos sexuales se incrementaron en un 319%”. – Ernesto Macías
Estos datos, dados por el senador y que ha replicado el partido Centro Democrático no solo en el aviso sino en trinos, son Aproximados.
En un chequeo que ya le habíamos hecho a Uribe explicamos cómo es cierto que los delitos relacionados con la seguridad ciudadana (excepto el homicidio, la piratería terrestre y el secuestro, tanto simple como extorsivo) han aumentado desde 2010 hasta 2017.
Los aumentos de las voladuras de oleoductos, hurto a personas y delitos sexuales, según un informe del Ministerio de Defensa, han aumentado en 103%, 216% y 358%. Aunque los porcentajes dados por el senador son diferentes, las cifras sí han aumentado.
Sobre este punto, el experto en seguridad Hugo Acero, escribió en un artículo publicado en Razón Pública en febrero pasado, “el problema de inseguridad ciudadana no es nuevo y ha tenido una tendencia creciente en los últimos años sin que los gobiernos de turno tomarán medidas para abordarlo” y aclaró que el hurto lleva en alza desde hace 15 años.
CONFLICTO
“El expresidente Juan Manuel Santos … hoy entrega el país inmerso en una nueva guerra que a la fecha deja más de 300 dirigentes cívicos y comunales asesinados, solamente en los 2 últimos años”. – Ernesto Macías
Aunque el senador Macías se contradice en su discurso al decir aquí que en Colombia hay una nueva guerra y en otra parte que se trata de “una amenaza terrorista”, las cifras que dio sobre líderes asesinados son ciertas.
Como ya explicamos en nuestro chequeo a estas cifras, no hay un número oficial de dirigentes cívicos y comunales asesinados. Sin embargo, el número de 300 líderes asesinados dado por Macías coincide con las cifras de un monitoreo más reciente de la Defensoría en el que se afirma que, entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de agosto pasado, un total de 333 líderes sociales han sido asesinados.
Sin embargo, en este punto, el discurso de Macías es diferente del aviso pautado en los periódicos por el Centro Democrático, que asegura que el aumento de “líderes asesinados es del 300%” entre 2010 y 2017. Ese dato del aviso no es del todo comprobable, pues, aunque hay organizaciones como Somos Defensores que llevan más de una década informando sobre las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, los registros del Gobierno (apoyados en la ONU), la Defensoría e Indepaz sobre líderes sociales han salido con datos desde el 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz.
“Regresaron los crímenes a uniformados de la Fuerza Pública”. – Ernesto Macías
Los miembros de la Fuerza Pública heridos en actos del servicio han disminuido, entre 2010 y 2017. Mientras que en 2010, 488 militares y policías fueron asesinados, en 2017 el número fue de 83. Los heridos uniformados pasaron de 2030 a 1005.
"Reaparecieron los secuestros" – Ernesto Macías
Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que el secuestro extorsivo pasó de 192 casos en 2010, a 110 en 2017.
"...creció la extorsión, la cual aumentó solo en el año 2017, en el 295%, frente al año 2010”. – Ernesto Macías
Según cifras del Ministerio de Defensa, la extorsión pasó de 1352 a 5532.
“Hoy recibe usted un país, con un crecimiento exponencial de organizaciones criminales como el ELN, el EPL, las disfrazadas disidencias de las FARC y las BACRIM”. – Ernesto Macías
Para entender a las llamadas Bacrim, hay que aclarar que nacieron tras la desmovilización de los paramilitares de las AUC en el gobierno Uribe. Algunos desmovilizados pasaron a hacer parte del Clan Úsuga o Clan del Golfo, antes llamados Urabeños. Su primer jefe fue alias Don Mario, jefe paramilitar que no se desmovilizó. Luego lo sucedieron los hermanos Úsuga, Giovanny y Otoniel, que fueron integrantes de las AUC.
El primero fue detenido en 2009, en la era Uribe, y el segundo dado de baja en el Gobierno Santos.
“Entre 2006 y 2011 se dio la primera generación de estos grupos y en total llegaron a existir hasta 36 estructuras en el país”, indicó un informe de Paz y Reconciliación de 2016.
Sin embargo, en los últimos dos años, tanto el Clan del Golfo como Los Rastrojos (otro grupo visible) se han perdido miembros dentro de la operación Agamenón, en la que, según el Gobierno, han abatido 86 miembros de estas bandas y capturado 1875.
En el caso de las disidencias de las Farc, un fenómeno que surgió tras la desmovilización de las Farc. Las disidencias afectan especialmente a seis departamentos, pero su accionar abarca 13, según la Fundación Ideas para la Paz, FIP.
Por el lado de las disidencias, un informe de la FIP calcula que las disidencias de las Farc completan 1200 integrantes y están organizadas en 18 frentes que delinquen en Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada, Caquetá, sur del Meta, Arauca, Antioquia, Putumayo, Guainía y Vichada, en la frontera con Venezuela.
Esta cifra es mucho menor que la de las organizaciones de las bandas criminales (Los Rastrojos, Urabeños, Erpac, Águilas Negras) que existían en 2010, y además el área de influencia de las disidencias de las Farc se concentra en menos departamentos.
En cuanto al ELN, desde que se adelantaban las negociaciones de paz con las Farc, se ha denunciado que este grupo copó varias de las zonas que este grupo dejó.
De acuerdo con el coronel en retiro Jaime Ariza, profesor de la Universidad Sergio Arboleda y experto en conflicto, aunque esta guerrilla intenta mostrar fortaleza, no la tiene. “Son el mismo grupo de antes, con la diferencia que tienen pactos con las disidencias de las Farc, en un plan concertado. Tienen capacidad para hacer terrorismo y así mostrar un poder que no tienen”.
Este grupo. según Ariza, tiene su gran fuerza en el Catatumbo. “Su gran poder es que tiene también controlado el Apure y el Río de Oro venezolanos”
Jorge Restrepo, director del Cerac, indicó que “no es un crecimiento exponencial. Si se mide por el número de acciones violentas y municipios afectados, no hay crecimiento en el caso del ELN, los Pelusos (no el EPL) ni los GAOS (no las Bacrim). En el caso de las disidencias, crecieron tras la desmovilización, pero ese crecimiento se ha frenado de manera reciente”.
“Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado”. – Ernesto Macías
Esta frase, pronunciada por el presidente del Senado, ya había sido chequeada el año pasado por Colombiacheck en el artículo ‘¿Qué lenguaje es el que usamos para hablar de paz y posconflicto?’.
En esa ocasión, explicamos que el reconocimiento respecto de si hay o no un conflicto armado (no internacional), está basado en los criterios sobre organización e intensidad establecidos por los tribunales internacionales, no en un reconocimiento del gobierno de tales situaciones.
“Si hay o no conflicto armado lo define las normas del derecho internacional (artículo 3 común a los Convenios de Ginebra) y no un presidente, ni que se haga un proceso de negociación. Lo otro es una discusión netamente política”, explicó Juan Carlos Varona, profesor de la Universidad del Cauca y ex funcionario del Cicr en Colombia.
Según la Cruz Roja Internacional, el hecho de que en un país haya conflicto “está determinado por dos criterios objetivos: la organización de las partes y la intensidad de las hostilidades. Por ‘organización’ se pueden observar, entre otros factores, la cadena de mando, estructura, capacidad para entrenar personal, capacidad para sostener operaciones militares en el tiempo y administración del territorio. Por ‘intensidad’ se pueden tener en cuenta factores como la gravedad, frecuencia y duración de los enfrentamientos, el equipamiento utilizado, el número de heridos y muertos e involucramiento de las fuerzas armadas cuando la policía no es suficiente”.
Asimismo, el artículo 8º de la Corte Penal Internacional dice: “Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos”.
“Hoy recibe usted un país, con millones de víctimas sin atención del Estado, el Gobierno saliente las utilizó como bandera política, pero no las atendió; inclusive, las víctimas de las FARC fueron ignoradas en los Acuerdos de La Habana”. – Ernesto Macías
En 2011 empezó a regir la Ley 1448 o Ley de Víctimas, cuyo fin es “proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país”. Esa ley tiene 10 años de vigencia, es decir que le faltan cuatro, por lo que, por obvias razones, le falta trabajo por hacer.
En el registro de la Unidad para las Víctimas en Colombia hay 8’708.664 mil víctimas, de las cuales 6’971.495 son sujeto de asistencia y reparación.
Aunque ha habido críticas a la ejecución de esta ley, algunas víctimas sí han recibido atención del Estado. En la rendición de cuentas de esa Unidad, realizada en abril de 2017, se informó que alrededor de 800 mil víctimas han recibido indemnización, inversión que suma alrededor de 5 billones de pesos. Además se informó que, hasta el 2017, se reconocieron como sujeto de reparación colectiva a 201 comunidades campesinas, 356 pueblos y comunidades étnicas y 39 organizaciones, movimientos y grupos. La Unidad informó además que alrededor de 700 mil víctimas han participado en estrategias de recuperación emocional y rehabilitación psicosocial, alrededor de 300 mil han accedido a rehabilitación en salud física o mental, entre otros tipos de atención.
En las conversaciones entre el Gobierno y las Farc en Cuba hubo espacios para la víctimas de esa guerrilla. Grupos de víctimas viajaron a La Habana para hablar con los equipos negociadores, por ejemplo.
Por otra parte, el Acuerdo Final contiene mecanismos para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, como la Justicia Especial para la Paz, que ya está funcionando, en donde los comparecientes deben aportar verdad y reparar. También se pactó la creación de la Comisión de la Verdad que tiene como objetivo esclarecer patrones de violencia, contribuir al esclarecimiento de la verdad y reconocer los derechos de las víctimas.
“En el Plebiscito, de octubre de 2016, convocado por el Gobierno, los ciudadanos mayoritariamente votamos por el No a los Acuerdos de La Habana”. – Ernesto Macías
Efectivamente, el No ganó el 2 octubre de 2016 el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC con un 50,21% de los votos, frente al 49,78% que obtuvo el Sí. Ese día votaron 13.066.047 personas de las 34.899.945 que estaban habilitadas para hacerlo, por lo que hubo un 62,57% de abstención.
AGRICULTURA
"Hoy recibe usted un país con un sector agropecuario padeciendo la más grave crisis de su historia". – Ernesto Macías
De acuerdo con Alejandro Reyes, experto en políticas agrarias y desarrollo rural, el campo no se encuentra en crisis actualmente. Por el contrario, gracias al proceso de paz , la confianza inversionista ha vuelto a lo rural. Debido a esto y la caída de los precios y, entre 2017 y 2018 aumentaron las áreas de cultivo.
Asimiso, según el informe de la Junta Directiva al Congreso de la República de marzo de 2018, el campo colombiano venía presentando un crecimiento promedio del 2,6% desde 2000, pero tuvo un incremento del 8,1% anual en 2017.
"Durante el gobierno del expresidente Santos se firmaron cantidad de actas de compromiso con los agricultores, pero no les cumplió, dejando una deuda enorme con el campo colombiano". – Ernesto Macías
Es cierto que durante 2013 y 2014 se presentaron dos paros agrarios nacionales y que el entonces ministro de agricultura Aurelio Iragorri hizo varias promesas a los campesinos que al final no se cumplieron en su totalidad. Según el periódico El País de Cali, a agosto de 2014 “de 176 compromisos se han cumplido 92”. Y en mayo de 2015 el diario El Espectador publicó: “Paro agrario: ‘No se ha cumplido ni el 50% de los acuerdos mínimos de la minga de 2014’”, afirmación hecha entonces por Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos.
"La disminución en el presupuesto oficial para el Sector Agropecuario, ha sido superior al 33% en los últimos 4 años". – Ernesto Macías
El presupuesto general nacional asignado para el sector agropecuario en 2015 fue de 4.500 millones de pesos; en 2016, 2.411; en 2017, 2.096, y para 2018 el rubro bajó a 1.800 millones. Es decir que entre 2015 y 2016 hubo una disminución en el presupuesto de 46,4%; entre 2016 y 2017 del 12,8%, y entre 2017 y 2018 del 14,1%.
"El Agro representa el sector productivo más importante del país, y espera una nueva política para su recuperación". – Ernesto Macías
Según Juan Manuel Ospina, expresidente de la SAC, y exgerente del Incoder, “depende de cómo se mire la importancia”, pues sostiene que en definitiva es un sector fundamental para el país, pero que no suma en la economía. El año pasado, la participación del sector agropecuario fue de apenas el 6% del PIB. “Tiene un potencial productivo muy grande”, dice Reyes, “pero apenas el 28% de las áreas aptas para la agricultura se usan para esto; el empleo rural es poco productivo y en general, el agro se caracteriza por la baja productividad”.
“...como hombre de provincia, que viene del departamento del Huila, el primer productor de café de Colombia…”. – Ernesto Macías
Según la Federación Nacional de Cafeteros en 2017 se produjeron 14’194.000 sacos, de los cuales el departamento del Huila aportó 2’560.000; la mayor producción por departamento. Además, el área cultivada total del país es de 903,95 mil hectáreas, de las cuales, el Huila ostenta el mayor número con 147,80 mil, y en segundo lugar está Antioquia con 123,26 mil.
"Deforestación creciente. Entre 2015 y 2016 la deforestación aumentó 44% y entre 2016 y 2017: 23%". – Propaganda política pagada del Centro Democrático
Las cifras son correctas, como lo mostraron en su momento Semana Sostenible, El Espectador y El Tiempo en publicaciones basadas en los datos suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), aunque la tasa de aumento de la deforestación está disminuyendo.
