Las pequeñas causas de Edward Rodríguez
El pasado 25 de enero, en virtud de su campaña para ser reelegido para la Cámara de Representantes, el dirigente del Centro Democrático Edward Rodríguez trinó que con la Ley 1826, mejor conocida como Ley de Pequeñas Causas, “se puede condenar al ladrón de celulares, al atracador, al estafador y a los que manosean a las mujeres en transmilenio a la cárcel”. Colombiacheck verificó y concluyó que lo que dijo Rodríguez, coautor y ponente de esta ley, es engañoso.
Esta norma, que entró en vigencia a mediados del año pasado, fue creada para agilizar los procesos penales, al reducir las audiencias de 7 a 2 para delitos menores, 63 puntualmente, entre ellos, la estafa, el hurto y el abuso de confianza. Esto en el entendido de que el proceso penal en Colombia, tomado del sistema penal estadounidense, era muy engorroso.
“¿Cuántas veces hemos oído que no vale la pena denunciar porque los juicios son eternos, porque la investigación no llega a nada, porque las pruebas no son tenidas en cuenta? Hoy, al promulgar la Ley de Procedimiento Especial Abreviado, estamos dando respuesta a ese clamor de los colombianos por una justicia mejor, más eficaz y más rápida”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al promulgar la ley. Sostuvo incluso que, con esta, se iban a agilizar unos 400 mil procesos al año.
No obstante, en lo que se refiere a enviar a la “cárcel indemnizando a las víctimas y haciendo justicia” la ley no dice nada. De hecho, en agosto de 2016, el fiscal general Néstor Humberto Martínez denunció que el proyecto de ley, como estaba en ese momento, abría la puerta a una excarcelación masiva porque convertía algunos delitos en contravenciones excarcelables. Por lo que el presidente tuvo que salir a explicar, al momento de promulgar la Ley, que “tampoco habrá excarcelaciones. Todo sigue igual. Lo único que cambia es el tiempo, la rapidez para juzgar los delitos menores”.
A pocos meses de su promulgación, todavía no hay elementos suficientes para decir si esta ley ha sido efectiva o no. Aunque, valga una adenda: en su trino sobre esta ley, Rodríguez repite tres veces el hashtag #ConUribeSomosUno, pese a que esta ley fue promovida por el gobierno de Juan Manuel Santos, al que Uribe y Rodríguez se oponen.
Vargas Lleras y sus desacertadas cifras sobre reincidencia criminal
“De los 181.000 internos que hay en las cárceles del país, 29.025 son reincidentes (16%). No toleraremos más la impunidad”, trinó el pasado 5 de febrero el candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Ya había dicho lo mismo en un documento de finales del año pasado en el que propuso, al respecto, que los jueces apliquen “la reincidencia como factor de agravación punitivo” y que se cree el “Sistema de Seguimiento al Pospenado” que obligue a los pospenados a presentarse “cada mes ante el juez, para reportar sus actividades”. No obstante, Colombiacheck, con base en documentos del Inpec, comprobó que la cifra de reincidentes no es acertada, por lo que la afirmación del exvicepresidente es falsa.
Primero: no es cierto que en las cárceles del país haya 181.000 internos. La cifra exacta es de 114.750 reclusos en centros penitenciarios del Inpec y 3.678 en establecimientos militares y municipales, para un total de 117.828 presos, de acuerdo con el más reciente informe del Inpec. A estos se suman 58.393 personas en detención domiciliaria y 5.254 con vigilancia electrónica, lo que da como resultado una población reclusa de 182.075 personas, una cifra más cercana a la de Vargas Lleras; es decir: el desacierto es que, en su trino, el candidato presidencial mezcla los que están en las cárceles con los que no.
Ahora, respecto a los reincidentes, la cifra que maneja el Inpec en su informe de diciembre del año pasado, es de 20.182 personas, 15.311 de las cuales se encuentran presas en establecimientos carcelarios, 4.365 en detención domiciliaria y 506 con vigilancia electrónica. Con una particularidad y es que esta entidad entiende por reincidentes a aquellos “que, habiendo sido condenados en ocasiones anteriores, han vuelto a ser privados de la libertad y se encuentran en condición de condenados por la comisión de nuevos delitos”.
Es decir: no se incluyen aquellas personas que, habiendo sido condenados en ocasiones anteriores, se encuentran en condición de sindicados o no han sido condenados. Lo que puede explicar, parcialmente, la diferencia, ya que Vargas Lleras no dice en su trino si incluye en su cuenta a los sindicados. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la cifra de sindicados presos es de 36.777, para que la cifra de 29.025 reincidentes presos en centros penitenciarios sea acertada, 13.714 de esos sindicados debería ser reincidente, el 37.2%, lo cual es improbable. En el caso de los condenados, por ejemplo, los reincidentes representan el 17.76%, menos de la mitad. En general, Vargas Lleras confunde conceptos para llegar a su afirmación, sobre la que piensa basar su política pública de seguridad, lo que la convierte en falsa.
