A comienzos de mayo de 2016, el tema de la lucha contra las drogas ilícitas marcaba gran parte de la agenda pública por dos razones. Por un lado, el 21 de abril, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, los 193 países miembros discutieron la política internacional para combatir este problema y admitieron que es hora de explorar otros enfoques menos represivos, como el de los derechos humanos y la salud pública, con miras a obtener mejores resultados.

De otra parte, en Colombia se daba una álgida controversia por la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de autorizar a la Policía el uso del glifosato en operaciones de erradicación terrestre, luego de casi un año de estar suspendida cualquier actividad de fumigación, aérea o manual, con este polémico herbicida producido y distribuido por la multinacional Monsanto.

Colombia era el último país en el mundo que permitía la aspersión aérea de los cultivos ilícitos con este pesticida, como bien lo registró el documental

En este marco, el jefe de la delegación de gobierno en el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, tocó el tema durante el foro “El Camino hacia el Posconflicto: Colombia en la encrucijada de la guerra y la paz”, que organizó la Universidad Externado de Colombia, el pasado 3 de mayo.

“El gobierno delegado en La Habana se reservó, en casos extremos, la posibilidad de fumigar, si llegase a ser necesario. Ahí hay uno de los famosos mitos que se le ha vendido equivocadamente a la sociedad colombiana. Nadie negoció la no fumigación en La Habana”, enfatizó De la Calle.

Colombiacheck revisó lo que ha pasado con el tema de la fumigación en los últimos años y, especialmente, en el marco de los acuerdos.

Para empezar, el 16 de mayo de 2014, los negociadores publicaron lo acordado en el cuarto punto de la agenda, el de la solución al problema de las drogas ilícitas. Aunque no menciona específicamente la palabra fumigación o aspersión, el documento sí deja ver que ese aspecto no fue negociado y por tanto, las posiciones que tienen las dos partes al respecto no se movieron un centímetro.

Las Farc, por un lado, dejan claro que sólo aceptan la erradicación manual, pero el gobierno mantuvo abierta la posibilidad de acudir a otros métodos en caso de que los campesinos no accedan a participar en el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“En  los  casos  en  los  que  no  haya  acuerdo  con  las  comunidades,  el  Gobierno  procederá  a  la erradicación  de  los  cultivos  de  uso  ilícito,  priorizando  la  erradicación  manual  donde  sea  posible, teniendo  en  cuenta  el  respeto  por  los  derechos  humanos,  el  medio  ambiente  y  el  buen  vivir.  Las Farc  consideran  que  en  cualquier  caso  en  que  haya  erradicación  esta  debe  ser  manual”, dice el acuerdo.

Un año después, en mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó que se suspendieran las fumigaciones con glifosato. 

La decisión fue tomada a raíz de una recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social, que a su vez se basó en un estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer de los Estados Unidos, en el que se declara al herbicida como probablemente cancerígeno para los seres humanos.

A partir de allí surgieron las acusaciones de varios contradictores del proceso de paz, como el procurador Alejandro Ordóñez, que consideran la medida como un favorecimiento a las Farc, por su posición con respecto al glifosato. Sin embargo, el acuerdo sobre este tema se dio un año antes en La Habana y no negoció la potestad del gobierno de acudir a mecanismos de erradicación no manual, como lo aclaró De la Calle.

La afirmación del jefe negociador del Gobierno resultó verdadera y con ella desmiente uno de los mitos que hacen carrera entre los opositores al proceso de paz.