Dos contralores entre padrinos políticos, primos lejanos y amigos peligrosos

Emilio Otero Dajud, contralor de Córdoba (foto de lasillavacia.com)

Por Óscar Sánchez
Emisora Frecuencia Bolivariana

Las peligrosas amistades de un próspero mensajero

En enero del año pasado el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo que “los organismos de control están bajo el mando de los clanes regionales y en el bolsillo de mandatarios locales”. Y fue más allá sosteniendo que la elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo en muchas zonas del país “ha estado marcada por el interés de políticos”, para de esta manera “bloquear y limitar las posibles investigaciones sobre la gestión de las administraciones departamentales y municipales”.

Y aunque en Córdoba no todo está probado hasta que todo esté probado, los hechos a veces resultan tan evidentes que los ciudadanos no tienen otro hábitat que el de la duda ante los nombramientos de algunos funcionarios y sus pobres acciones cuando están al frente de sus cargos.

El escenario descrito podría ser el del contralor departamental de Córdoba, Emilio Otero Dajud, quien llega al cargo siendo cercano al clan de Bernardo ‘Ñoño’ Elías, socio de Musa Besaile, las dos fuerzas políticas que han nombrado gobernador en los últimos dos periodos en Córdoba: Alejandro Lyons Muskus 2012-2015 y el actual, Edwin Besaile, hermano de Musa. Todos los mencionados: contralor, senadores, ex gobernador y mandatario actual, son de Sahagún. Los dos congresistas Elías y Besaile están en la cárcel; el ex gobernador Lyons, delatando a sus socios en Estados Unidos e investigado por la Fiscalía en Colombia, mientras que Edwin Besaile intenta mantener la estantería que mira con distancia Otero Dajud. Curiosamente la elección de Emilio Otero resulta de un concurso de meritocracia adelantando por la Corporación Unificada de la Costa (CUN), escogida por la Asamblea Departamental de Córdoba para el proceso. Esta misma universidad había sido seleccionada dos años atrás, en 2013, por el ex mandatario Alejandro Lyons, para ejecutar millonarios contratos con dineros de regalías que suman más de 43 mil millones de pesos.

El primer contrato suscrito por la Gobernación con la CUN fuepor 7 mil millones de pesos y tiene por objeto fortalecer las capacidades de gestión, tecnología, innovación, investigativas y emprendedoras en los establecimientos educativos de todo el departamento de Córdoba. El contrato fue firmado en septiembre de 2013 y el tiempo de ejecución va hasta el 2018. A este convenio le debÍa hacer la interventoría Jairo Zapa, director de regalías, quien fue asesinado un año después.

El segundo convenio es por 36 mil millones de pesos y es para fortalecer la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnológica e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en las Tic’s y también se debe ejecutar en cinco años.

Lyons, el mandatario que contrata a la CUN, ganó las elecciones en Córdoba tras el decidido apoyo político y financiero de Elías y Besaile. Los dos senadores hicieron un pacto para imponer los gobernadores de los próximos periodos en Córdoba. Cuando llega Edwin Besaile a la gobernación, la DUMA contrata a la CUN y con base en sus resultados elige a Otero, contralor departamental.

Para La Fundación Paz y Reconciliación, la acción que se repite en varios departamentos del país tiene un nombre y es “yo te elijo, tú me cuidas”. Y para ello lo menos importante es el tiempo que deba transcurrir para asegurar que las piezas encajen. La Asamblea Departamental se sacude de cualquier crítica argumentando que su proceder ha sido transparente. Pero para la oficina de Transparencia de la Presidencia no, por lo que el año pasado advirtió sobre los intereses que tenían dirigentes políticos de contratar con esta entidad universitaria y verse favorecidos. Como parece que terminó sucediendo.

El origen de Otero

Varios diputados argumentan que a Otero se le puede ver como un ejemplo de superación y esfuerzo si se tiene en cuenta que inició su carrera como mensajero y con el tiempo ascendió hasta ser nombrado secretario general del Congreso de la República en Bogotá, donde estuvo 10 años y hace casi dos años volvió a su lugar de origen, Córdoba. "No hay duda de que es un tipo de admirar, por su perseverancia y capacidad para ir escalando posiciones, pero es más un político que técnico, un tipo que llegó con los contactos y en el momento preciso para ser elegido", dice uno de los 13 diputados que votaron por Emilio Otero, quien pidió no citar su nombre, por aquello de la unanimidad de la elección.

Otero no ahorra palabras cuando habla de su gestión de 10 años en la secretaría del Congreso. Según él, logró la modernización del legislativo con el apoyo de los ocho presidentes que vio pasar, entre ellos dos aspirantes a la Presidencia de la República: Luis Alfredo Ramos y Germán Vargas Lleras. Y corrige para decir con orgullo que no fueron solo esos 10 años, realmente trabajó 32 en el Congreso, fue subsecretario auxiliar y subsecretario general y hasta encargado 12 veces como Director General Administrativo.

Asume que llegó como mensajero en 1979, de la mano del senador Jorge Ramón Elías Náder. "Yo fui de la mano de una persona de quien siempre he dicho que fue mi padre putativo, el doctor Jorge Ramón Elías Nader; desde que él ejercía como abogado yo andaba con él, yo era apenas un niño y éramos vecinos en Sahagún", dice Otero Dajud con tono de orgullo. Eran los tiempos en que la militancia en los feudos políticos se pagaba con puestos.

Posteriormente su jefe y padrino político caería en desgracia al perder su investidura tras resultar involucrado en el denominado proceso 8.000 durante la presidencia de Ernesto Samper. Elías Náder reconoció que, a través de un emisario, recibió ocho cheques de empresas de fachada del cartel de Cali cuando ostentaba la dignidad de presidente del Congreso de la República; el primero de los cheques lo recibió en 1993 y el último en 1995, entre todos sumaban aproximadamente 515 millones de pesos.

Jorge Ramón Elías Náder es tío del senador Bernardo “Noño” Elías, quien está en la cárcel La Picota por el escándalo de Odebrecht. El socio político del “Ñoño” Elías, Musa Besaile, también fue enviado al pabellón de funcionarios de la cárcel La Picota de Bogotá, por el denominado escándalo de la toga, al reconocer el pago de 2.000 millones de pesos para manipular una investigación en su contra.

Otero no oculta que su vida pública arrancó de la mano de los Elías. Y justo por ello se lamenta de la suerte de sus paisanos: “…Me duele lo que pasa con mi pueblo, pero es que no es fácil ser provinciano en Bogotá, para ellos, los bogotanos, es muy difícil que un tipo que llegue de Sahagún le ponga 150 mil votos, o se lleve el mejor cargo; a mí me tocó muy duro desde el año 1993 me dieron hasta con la tapa del caldero. Por eso me duele lo que pasa con Bernardo Elías, con Musa Besaile, con Alejandro Lyons, sin que esto implique decir que ellos son responsables o no de su conducta, pero me duele porque son de mi tierra”.

¿Cómo llegó a la Contraloría?

Otero Dajud se inscribió para el concurso por el cargo de contralor junto a otros 86 aspirantes, de los cuales solo 24 llegaron hasta la fase en que tuvieron que presentarse ante los 13 diputados de Córdoba, luego de pasar por una evaluación de las hojas de vida, logros y un examen de conocimientos.

Emilio Otero se enfrentó en la fase definitiva de la elección a Felipe Pérez, del partido liberal, quien ya había sido contralor departamental en una ocasión; Karen Paz Durango, a quien identifican como del grupo de Musa Besaile y Cesar Burgos, exregistrador, miembro del partido Conservador.

La Asamblea de Córdoba está compuesta por cinco diputados del Partido de la U, tres liberales, dos conservadores, dos de Opción Ciudadana y uno del Centro Democrático; los liberales y el Partido de la U están aliados, por lo que había de entrada ocho votos direccionados, una mayoría clara a favor de Otero.

Ahí, en la etapa netamente política de la elección, donde los aspirantes debían convencer a los diputados, Otero llevaba todas las ventajas después de 32 años manejando todo tipo de situaciones en el Congreso. Muchos dicen que por esa experiencia logró los 13 votos de los diputados cordobeses, otros tantos no desconocen el origen: Sahagún, y la cercanía con el poder político regional que hoy por hoy manda en Córdoba.

Se diría que Otero Dajud, protegido por sus amigos entrañables desde la infancia, paisanos con quienes compartió las ventajas de crecer en un pueblo llamado Sahagún y líderes del Partido de la U, Bernardo Elías y Musa Besaile, no tenía pierde.

Sahagún es un municipio cordobés de la subregión de las sabanas, zona limítrofe con el departamento de Sucre, cuna de varios de los políticos más cuestionados del país por sonados casos de corrupción y parapolítica. Los excongresistas Mario Salomón Náder y Reginaldo Montes, estuvieron involucrados en la parapolítica; Otto Bula, también ex congresista, detenido por corrupción de Odebrecht; Emilio Tapia, contratista, acusado de corrupción por el escándalo que envuelve al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y por último, en la lista negra, el exgobernador Lyons.

Cuando se le pregunta al mismo Emilio Otero por cómo llegó a la Contraloría, es enfático en decir que todos tienen un padrino político, pero eso no siempre quiere decir que haya que declararse impedido: “Yo no audito a ningún senador ni a ningún representante a la cámara, y para las entidades a las que me toca hacerlo no estoy inhabilitado”.

Los cierto es que el actual contralor encontró varias auditorías congeladas, procesos que según él puso a andar, como el que se le sigue al exalcalde de San Pelayo, Osvaldo Negrete, investigado por el enredo de más de 5 mil 800 millones de pesos del sector salud. Negrete fue elegido alcalde por el desaparecido Colombia Democrática, pero es asociado por la opinión pública con el Partido Conservador, que no hace parte de la coalición de Elías y Besaile que ha puesto a los dos últimos gobernadores.

Otra de las investigaciones es al hospital San Jerónimo, y los manejos de la gerencia a cargo de Isaura Hernández, a quien se le ve como cuota del exsecretario de Salud de Córdoba, Jaime Pareja Alemán, vinculado al proceso por el cartel de la hemofilia, debido a un pago que hizo siendo parte de la actual administración, la de Edwin Besaile.

Cuando se le pregunta por sus objetivos a corto plazo, Otero Dajud no duda en anunciar prontos resultados de auditorías a los colegios, dice que en la mayoría de municipios de Córdoba las instituciones educativas no son lo suficientemente vigiladas; el sector educativo en Córdoba es cercano al partido liberal, aliado de la actual administración departamental.

Dato Curioso

El proceso de preselección del contralor de Córdoba fue realizado por la Corporación Unificada Nacional (CUN) sede Montería, en el año 2015, siendo presidente de la asamblea de Córdoba Jorge Eduardo Benitez, de Cambio Radical; dos años después, la CUN aún no cobra los diez millones de pesos que costaba el proceso.

En medio del proceso de elección del contralor, siete aspirantes lograron 100 puntos de 100 en la prueba de conocimientos, por lo que se alcanzó a rumorar la filtración del examen realizado por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) pero el tema no avanzó.

Los diputados Carlos Burgos, presidente de la Asamblea en 2016, y Ludys Rodríguez, actual presidente, no han logrado respuesta de la institución frente al tema. A pesar de nuestra insistencia, no fue posible establecer comunicación directa con la CUN.

Los lazos de la contralora de montería

Si por la contraloría departamental llueve, por la de Montería no escampa. La contralora del municipio, Angélica María Guerra García, tiene un parentesco lejano con el alcalde conservador, Marcos Daniel Pineda García. Amaury García Burgos, abuelo del alcalde, era primo hermano de Germán García Ramos, abuelo de la contralora municipal.

Pero la cercanía de Guerra García y Pineda García no llega hasta ahí. En la más reciente campaña a la Alcaldía de Montería, la hoy contralora se mostró como una simpatizante más; incluso en redes sociales se pueden ver las fotografías que lo comprueban, donde con gorra y camiseta de la campaña del hoy alcalde, posaba sin problemas.

Angélica Guerra García (izq) y el entonces candidato Marcos Daniel Pineda

¿Constituye esto un problema legal? La respuesta es no. Sin embargo, no deja de ser demasiado ruidoso el hecho de que contralora y alcalde tengan un parantesco, así sea lejano y quien vigila fiscalmente a la administración municipal, haya agitado las banderas del mandatario.

La contralora considera que toda sospecha es desvirtuada por el proceso mismo de elección, y lo explica así: “Eso se elimina desde el momento en que es una convocatoria pública, ahí se inscribió el que quiso y había unos requerimientos claros y un examen de conocimientos que lo hizo una firma ni siquiera monteriana sino de Barranquilla, y eso la tabulan allá; es decir, el riesgo de que hubiera interferencia o favoritismo es muy mínimo, además ya íbamos con una puntuación por la hoja de vida y por examen que si se quiere podríamos hablar del 80% más o menos, ya el 20 que faltaba era la elección del concejo”.

La firma a la que se refiere la contralora es Manpower, una especie de agencia de empleo con sede en varias ciudades del país que ha prestado sus servicios en selección y administración del talento humano a empresas tan grandes como Cerromatoso S.A., como lo confirma el concejal Carlos Zapata.

Angélica María Guerra García es cartagenera, pero tiene muchos lazos de amistad y familiares en Montería, por eso le pareció buena idea radicarse en la capital cordobesa hace muchos años, y le gustó mucho más la idea de intentar ser la contralora Municipal de Montería, teniendo en cuenta sus cinco años de experiencia en la Contraloría de Cartagena.

Guerra García fue elegida contralora con 18 de 19 votos posibles en el Concejo de Montería, luego de todo un proceso de selección entre cerca de 20 aspirantes.

Solo tres personas llegaron hasta la fase en que definía el Consejo, compuesta por seis conservadores, tres liberales, tres miembros de Aico, dos del Partido de la U, dos de Cambio Radical, uno del Centro Democrático, uno del Polo Democrático y uno de Opción Ciudadana. A la fase final llegaron con ella Juan Gabriel Arias Durango, administrador de empresas con especialización en derecho económico, y Natalia Sofía Figueroa Muñoz, administradora pública con especialización en hacienda pública; uno de los concejales, Nelson Rivera (Conservador) se abstuvo de votar porque un familiar de él, Euclides Rivera, estaba entre los aspirantes a la Contraloría.

Guerra García dice que en sus meses como contralora municipal de Montería, su principal preocupación ha sido mejorar las condiciones de trabajo de su equipo, sin descuidar la misión de rutina, según explica; por eso buscó mejores instalaciones y le puso el ojo al presupuesto de la entidad. No le costó mucho trabajo detectar que ahí se estaba cometiendo un error histórico: “el presupuesto de la Contraloría estaba mal liquidado, por eso me propuse que la Alcaldía corrigiera eso y lo logramos desde este año; el presupuesto ahora es mejor sin querer decir eso que sea suficiente”, afirmó.

Con mal liquidado, la contralora se refiere a que el presupuesto del organismo de control en Montería era inferior al que ordena la ley con la reforma hecha desde el año 2010; la situación fue corregida desde el 2016.

El año pasado la Contraloría Municipal de Montería recuperó 230 millones de pesos, por concepto de fallos por responsabilidad fiscal, Guerra García no oculta su orgullo al enfatizar que eso es el doble de lo recuperado por el contralor anterior en todo su período.

“En los cuatro años anteriores a mi administración apenas recuperaron 134 millones tengo entendido, eso nos motiva muchísimo y este año también lograremos una cifra importante aunque de pronto no vamos a llegar a lo mismo del primer año; pero yo no creo que la Contraloría deba medirse por la cantidad de hallazgos fiscales que genere o que defina en un año, sino por la cantidad de entidades que se manejen bien; que a través de las auditorias se detecten las fallas y se puedan corregir y la entidad funcione como debe ser”.

Con todo lo expuesto, Guerra García tiene los resultados para hacer contrapeso a las fotos y parentesco con el actual alcalde, pero todavía le queda un largo periodo en el que deberá demostrar que sus lazos no son más fuertes que su sentido del deber.