Los García Pineda, sus contratistas y financiadores

Clan Garcia Pineda
La senadora cordobesa Nora García Burgos repite curul y consolida su poder con otro par de alfiles en el legislativo. A los candidatos del clan los financiaron, en gran medida, contratistas de los municipios y entidades del departamento que están bajo el dominio de los García Pineda.
Por Martha Lucía Segrera

Las elecciones del pasado 11 de marzo de 2018 demostraron el poder del clan conservador de la casa García Pineda en Córdoba. Su líder, Nora García, además de repetir curul por cuarto período consecutivo en el Congreso de la República, ha puesto los dos más recientes alcaldes de Montería, Carlos Correa Escaf (2012-2015) y su hijo, Marcos Daniel Pineda García (2008-2012 y 2016-2019). Asimismo, tiene otras alcaldías en el departamento de Córdoba, como es el caso de los municipios de San Carlos, Planeta Rica, Cereté y Pueblo Nuevo.

Su fuerza económica y sus alianzas estratégicas con el Partido Conservador Colombiano y con el Partido Cambio Radical, gracias a su cercanía con el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras (el otro hijo de Nora García, Adolfo García Pineda, fue el coordinador de la campaña presidencial de Vargas Lleras en Córdoba), les ha valido para salir triunfantes en las más recientes elecciones legislativas. Este clan logró dos senadores y un representante a la Cámara.

En esta contienda los candidatos del clan García Pineda optaron por recursos privados para hacer sus campañas políticas. Sobre todo, recibieron recursos de personas que, en ocasiones anteriores, han recibido dinero del Estado colombiano en contratos públicos. De igual forma, el clan de los García Pineda recurrió al apoyo estatal, a través de la solicitud de anticipos, canalizados, en todos los casos, a través del Fondo Nacional Económico del Partido Conservador Colombiano.

Colombiacheck presenta un análisis de cómo se financiaron los tres candidatos que este clan apalancó para las elecciones legislativas, según sus reportes en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, CNE, y las conexiones que se evidencian entre la líder del clan, Nora García, y los financiadores.

Nora María García Burgos

La jefa política del movimiento fue reelegida al Senado. Con 96.926 votos, obtuvo la tercera votación más alta del partido Conservador, lo que la dejó por debajo de quien fuera su ahijado político, David Barguil.

En abril de 2011, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación a García por sus presuntos nexos con paramilitares para lograr apoyo en las elecciones del año 2006. Sin embargo, en febrero del presente año, el Tribunal archivó la investigación.

De acuerdo con sus reportes, el ingreso más alto de la campaña de García corresponde a recursos de su propio patrimonio por 191'265.000 pesos y a los aportes de su hijo y de sus hermanas por cerca de 100 millones. En segundo lugar, están los anticipos estatales por 200 millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional Económico del Partido Conservador Colombiano.

Los donantes particulares que aportaron a su campaña, alcazaron un total de 197 millones. Dos de los ocho aportantes han suscrito contratos con entidades estatales:

Eliécer Miguel Ortiz Begambre, quien le aportó seis millones de pesos en especie, figura como contador de las campañas de García Burgos y de Wadith Manzur. Entre los años 2011 y 2017, suscribió siete contratos de revisoría fiscal con entidades del municipio de Montería, todos bajo las administraciones de Marcos Daniel Pineda y Carlos Correa, por un total de 261'381.196. Además, está reportado como deudor moroso del mismo municipio.

Jorge Rafael Esquivia García, gerente de la campaña y excontralor de Montería, hizo un aporte en especie por nueve millones. Suscribió un contrato con la Gobernación de Bolívar, en abril de 2017, con el fin de apoyar las actividades de la Oficina de Control Disciplinario, por la suma de 25'800.000. El contrato lo suscribe Johan Toncel Ochoa, secretario de Despacho del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, muy cercano a Germán Vargas Lleras, aliado político del clan.

Otros cuatro de los financiadores de la baronesa azul están incluidos en el boletín de deudores morosos del Estado. María Cecilia Escudero Kerguelen (cinco millones, donación), quien tiene dos deudas con el municipio de Montería; Martha Elena Manzur Abdala (ocho millones, donación), deudora del municipio de Cereté; Juliana Orozco Ramírez (cuatro millones, donación), quien tiene cuatro deudas: dos con Bogotá, D.C., una con el municipio de Montería y otra con el de Planeta Rica; y Martha Elena Velásquez Vega (30 millones, donación), quien le adeuda al departamento de Antioquia.

David Barguil Assis

Barguil dio el salto de la Cámara de Representantes al Senado y se consolidó como el senador más votado del partido Conservador y el cuarto más votado del país, con 139.147 votos. A pesar de haber iniciado su trayectoria política de la mano de la casa política García Pineda y de haber sido la fórmula de la senadora Nora García Burgos en los dos períodos anteriores, en las más recientes elecciones de marzo, se distanció de su socia política, al anunciar su candidatura al Senado.

Según su reporte, su ingreso más alto proviene de las contribuciones de particulares por un total de 418'797.500. En segundo lugar están los anticipos estatales por 200 millones, provenientes del Fondo Nacional Económico del Partido Conservador Colombiano.

Los que más aportaron fueron Patricia del Rosario Ortiz, quien hizo una donación en especie por 40'500.000, y su partido, que le donó 89'300.000.

Nueve de los 36 donantes de su campaña han suscrito contratos con entidades estatales: a Hoteles Innova, que le donó 26 millones, le aparecen dos contratos con entidades públicas en el Secop por una cuantía total de 16'033.220; y Tour Vacations Hoteles Azul, que le aportó 35 millones y suscribió, en 2013, un contrato con el SENA por un valor de 12'150.000. Ambas empresas están incluidas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado por deudas con Medellín y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, respectivamente.

Carlos Mario Giraldo, Presidente del Grupo Éxito, donó cinco millones. En su calidad de representante legal de dicho grupo, ha suscrito 26 contratos con diversas entidades públicas, con el objeto general de suministrar artículos de consumo, por un valor total de 65'809.268. Giraldo tiene una deuda morosa con Bogotá, D. C. Por su parte, Carlos Andrés Acosta Santacruz, quien hizo aportes en especie por 2'400.000, pertenece al movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, por el cual fue elegido concejal de Pasto en 2011, tuvo dos contratos con la Gobernación de Nariño, en 2017, para prestar servicios jurídicos por un total de 28'655.300.

Abel Segundo Brunal del Portillo, quien hizo un aporte en especie por 17'500.000 y también le ha donado al candidato en campañas anteriores, ha suscrito tres contratos con entidades del departamento de Córdoba: dos por el diseño de campañas publicitarias por un total de 91'889.999 y otro por la venta de un predio por donde debía pasar el sistema de transporte de pasajeros de Montería, por la suma de 96'585.094. Todos los contratos fueron suscritos bajo las dos administraciones de Marcos Daniel Pineda. Además, Brunal del Portillo está incluido en el Boletín de Deudores Morosos del Estado por una deuda con el municipio de Montería.

Jorge Mauricio Ospina Buelvas, que hizo una contribución de 10 millones, ha suscrito seis contratos de suministro de alimentos con diversas entidades estatales de Córdoba, también bajo las administraciones de Marcos Daniel Pineda y de Carlos Eduardo Correa, elegido por el clan García Pineda. Esteban de Jesús López Doria (contribuyó con 13 millones) es el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro Fundación Educativa Ana Carmela Gómez de López, que suscribió cuatro contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), a ejecutarse en municipios de Córdoba que administran los alfiles del mismo clan, por un total de 8'490.839.229. También le ha donado a Barguil en campañas anteriores.

Andrés Pablo Agamez Polo, quien hizo aportes en especie por 2'400.000 tuvo contratos con el SENA (Montería) y la Gobernación de Córdoba, para prestar servicios de comunicación social, por 98'066.660.

Por otra parte, la empresa de publicidad y mercadeo Creightive S.A.S. hizo un aporte en especie por 10 millones y suscribió contratos con diversas entidades el municipio de Montería por 22.'723.230, todos bajo la segunda administración de Marcos Daniel Pineda.

Otros cuatro de los aportantes de Barguil figuran como deudores morosos de entidades públicas. Cristian Espitia Arteaga (nueve millones, contribución), quien le debe al municipio de Cereté; Manuel Echenique Vélez (20 millones, contribución), deudor del municipio de Montería; Patricia Aljure Bastos, quien le adeuda al municipio de Montería; y Juan Manuel Campo Eljach (2'400.000, donación en especie), acreedor de la Dian, quien además, llama la atención dado que fue denunciado por presuntos vínculos con el jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", con quien habría provocado desplazamientos de campesinos de la región del Urabá, según informa el diario Vanguardia Liberal. Además, en junio del presente año fue llamado a juicio por daño a los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica, usurpación de aguas y usurpación de tierras.

Wadith Alberto Manzur Imbett

Se convirtió en nuevo representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, por Cambio Radical, como fórmula de Nora García, a quien su padre Julio Manzur llevó al Congreso en 2006. Con 67.286 votos, obtuvo la votación más alta del departamento. El joven político no cuenta con experiencia en cargos de elección popular. Sin embargo, ha fungido en cargos como funcionario público en diversas oportunidades, entre los que se destacan: asesor del Senado de la República, gerente forestal de Cormagdalena y director de la Oficina de Ciudad Verde de la Alcaldía de Montería.

Además, es hijo de Julio Manzur, el exsenador del Partido Conservador que estuvo investigado por presuntos nexos con los grupos paramilitares de Córdoba y que, pese a no estar detenido, ni haber sido condenado por ello, pidió un cupo en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Su ingreso más alto lo obtuvo de las contribuciones de los particulares, por un total de 218'842.025. El segundo mayor ingreso corresponde a los aportes de su propio patrimonio por 95'050.000 y a los aportes de sus familiares por 40'350.000.

Cinco de sus ocho financiadores han suscrito contratos con entidades estatales. El que más aportó fue el establecimiento de comercio “Big Signs” (100 millones, en donación en especie), de propiedad de Alfredo Enrique Esquivel Montiel, que ha suscrito 20 contratos por un total de 751'035.183, desde el año 2012, con diversas entidades de municipios de Córdoba, en manos de fichas de la casa política García Pineda, para diseñar y suministrar piezas publicitarias. Esquivel Montiel también efectuó otra donación en especie por 30 millones, a través de otro de sus establecimientos de comercio, Letra Capital Publicidad.

El segundo mayor contribuyente de Wadith Manzur es José Gregorio Bayter Zumaque (32'500.000, en donación en especie), quien suscribió siete contratos de publicidad con diversas entidades del municipio de Montería, la mayoría de ellos celebrados bajo la administración del hijo de García Burgos, por un total 74'100.000.

De acuerdo con el diario El Tiempo, Bayter Zumaque estuvo vinculado al escándalo de la red de contratos de los que se benefician familiares y fichas de los grupos más poderosos de la política cordobesa. Fue donante de la campaña de Ñoño Elías en las elecciones legislativas del 2014 y, meses después, logró un contrato con el Concejo de Montería.

Por su parte, Barney David Berrocal Mendoza, quien hizo donaciones en especie por 9'342.025, tuvo dos contratos con entidades del departamento de Córdoba, para realizar actividades periodísticas, por un total de 18 millones.

Otros de los contribuyentes de Manzur Imbett fueron Mario Germán García García, representante legal de la sociedad “Garper Energy Solutions Colombia S.A.S.”, que suscribió dos contratos con entidades públicas para suministrar sistemas de energía alternativa, por un valor total de 111'288.838; su primo, Said Antonio Manzur Upegui (2'350.000, donación), quien suscribió contratos con entidades estatales del departamento de Córdoba, con el objeto de prestar servicios profesionales de administración de empresas, por un valor total de 212'549.208; y Eliécer Miguel Ortiz Begambre, quien le aportó 10 millones en especie y, además, donó a la campaña de Nora García Burgos.

Finalmente, llama la atención el aporte de su prima, Eliana Manzur Upegui, por ocho millones, dado que se encuentra reportada como deudora morosa del Estado por una deuda con el municipio de Montería.

Otra fuente importante de ingresos para Wadith Manzur fueron los anticipos estatales por 100 millones, provenientes del Partido Conservador.