¿Quién financió la campaña de Gustavo Petro?

Durante la campaña presidencial, hubo mucha suspicacia alrededor de cómo el candidato dela Colombia Humana Gustavo Petro logró conseguir los ingresos para financiar su campaña a la Presidencia. En diversas oportunidades manifestó que no tenía dinero, ni maquinaria política y, como si lo anterior fuese poco, alcanzó a denunciar que los bancos le habían cerrado las puertas para adquirir préstamos.

Sin embargo, tuvo la posibilidad de destinar las nada despreciable cifra de 12.217'600.942 pesos en primera vuelta y 4.798'942.275 en segunda, tan solo a propaganda electoral. Entonces, ¿cómo lo logró?

Colombiacheck estudió los formularios y anexos que presentó el candidato al Consejo Nacional Electoral a través del aplicativo web Cuentas Claras. Las principales fuentes de ingresos para su campaña presidencial de primera vuelta fueron de origen privado. Los créditos con la entidad financiera Bancolombia y con otras personas naturales representan la mayor parte de la porción de sus ingresos en campaña.

Petro, quien hoy ocupa una curul en el Congreso, luego de quedar segundo en la carrera por la Presidencia, reportó ingresos totales por 14.468'357.000 pesos en la campaña para el 27 de mayo, de los cuales gastó 12.205'685.082, un 50% del tope de gastos permitido.

Este patrón se observa, nuevamente, en la segunda vuelta. Los créditos que adquirió con GNB Sudameris S.A. y con otras personas naturales y jurídicas, continuaron acumulando la mayor parte de los ingresos. Para la segunda vuelta, Petro reportó ingresos por 5.755'300.000 pesos y gastos por 11.142'287.616. Esto hizo que la campaña de Petro se quedara a tan solo 193 millones de pesos del tope de gastos permitidos para la segunda vuelta de 11'335.756.166 pesos.

Vea, además, cómo se financiaron los demás candidatos a la Presidencia.

Contratistas del Estado que le prestaron dinero

Luego de los bancos, la segunda fuente de ingresos de la campaña de Petro corresponde a los préstamos de particulares. Recibió 16 créditos por un total, para ambas vueltas, de 1.294'600.000. Cinco de ellos (los más altos), vinieron de contratistas públicos:

Olmedo de Jesús López Martínez le prestó 300 millones. En agosto de 2016, López suscribió un contrato de comodato de una maleta audiovisual con la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), en su calidad de representante legal de la Corporación de Sistema de Comunicación Comunitaria El Palmar, de manera gratuita.

Eduardo Arango Saldarriaga entregó 100 millones de pesos de crédito a la campaña. Arango, entre los años 2011 y 2017, suscribió siete contratos con varias entidades estatales, tanto del orden nacional como territorial, como representante legal de tres sociedades: Durabotes S.A.S., Publimilenio S.A.S., y Urbana S.A.S., por un monto total cercano a los 260 millones.

Por otra parte, Margarita Cecilia Buitrago de Mesa, Directora General de la Fundación Para el Desarrollo Sostenible Social y Comunitario de Colombia (Prosperar) le entregó a la campaña un crédito por cinco millones. Su fundación ha suscrito diversos contratos, tanto de interventoría, como de asesoría, en temas relacionados con la prestación de servicios públicos, principalmente de acueducto y alcantarillado.

Según Zona Cero, portal de noticias de la Costa Caribe, Buitrago de Mesa, estuvo vinculada a la polémica firma de un contrato entre el municipio de Soledad, Atlántico, y la Unión Temporal Consultores Asociados, que ella representaba, y que el Juzgado 11 Administrativo del Circuito declaró que vulneraba el régimen de contratación estatal al adjudicarse a 20 años, sin contar con la debida autorización para afectar vigencias futuras.

Otro aportante de crédito, por la suma de 20 millones, fue Armando Cuéllar Arteaga. Cuéllar, en su calidad de Gerente de Inversiones Coomotor S.A., ha suscrito, entre los años 2010 y 2018, 165 contratos con varias entidades estatales, tanto del orden nacional, como territorial. En su mayoría, los contratos han tenido por objeto el suministro de combustible, lubricantes o aceites y, el transporte terrestre de pasajeros, por un total cercano a los 7000 millones.

La empresa Caracua S.A.S. le facilitó un crédito por 500 millones a la campaña. Su representante legal es Luis Evelio Mayorga Torres, quien fue Gerente de la Fundación Challenger, una entidad sin ánimo de lucro que ha tenido contratos con la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el objeto de garantizar la operación de casas de atención integral de primera infancia y de juventud, por un total de 268'499.033.

Los siguientes créditos más altos otorgados al candidato de Colombia Humana fueron de: Blanca Azucena Mendoza Ríos, empresaria bogotana dedicada al transporte terrestre de carga, por 100 millones; Lina Fernanda Betancurt Castellanos, también bogotana, propietaria del establecimiento de comercio "Artevo Design & Logistics", dedicado a la organización de eventos y actividades de diseño y publicidad, por 60 millones; y María Lucy Soto Caro, quien actualmente forma parte de los directivos de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como jefe de la Oficina de Control Interno y que, además, ha participado en política. En el año 2010 estuvo inscrita en la lista para el Senado de la República por el partido Polo Democrático Alternativo. Ella le prestó 60 millones a Petro.

Sus donantes: académicos y políticos

La tercera fuente de ingresos más importante de Petro fueron las donaciones de 24 particulares, por un valor total de 12'704.000. Los datos muestran que la mayoría de los aportantes pertenecen al sector académico, ya sea como estudiantes o como docentes. Adicionalmente, dos de estos financiadores han participado en política o han ejercido cargos de elección popular:

Uno de estos financiadores es Saúl Cortés Salamanca (donación de un millón), quien ha sido director del equipo técnico de la Universidad Nacional en la Elaboración del Plan de Desarrollo 1996-1998, y edil de Suba (2008 a 2011).

También aparece Adelina Covo (220.000 pesos), quien perteneció al Partido Cambio Radical y, en el año 2011, fue precandidata a la Alcaldía de Cartagena por dicha colectividad. Cabe aclarar que Covo, actualmente, se encuentra retirada de la vida política, ya que decidió dedicarse a escribir novelas, según informa el diario cartagenero, El Universal.

Hay, también, tres donantes que han sido contratistas públicos: La ya mencionada Adelina Covo, quien entre los años 2015 y 2017 ha suscrito dos contratos, uno con el distrito de Cartagena y otro con el departamento de Bolívar. Ambos contratos tenían como finalidad la prestación de servicios profesionales jurídicos, por un valor total de 105 millones.

Hugo Alberto Niño Carvajal, quien registra una donación de solo 20.000 pesos, ha suscrito, a través de su empresa Proyectos de Ingeniería, Bienes y Servicios de la Orinoquía S.A.S. – GNC S.A.S., 17 contratos, en su mayoría con la Alcaldía de Tame, con el objeto de prestar servicios de edificación, construcción y mantenimiento, por un total cercano a los 1090 millones; y Nidia Consuelo Castañeda Sáenz (donación de 4'649.000), quien suscribió un contrato con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de la Alcaldía Mayor de Bogotá por 32'400.000, para orientar procesos en el desarrollo de políticas públicas.

Finalmente, otra de las donantes figura como deudora morosa del Estado: Claudia Marcela Castiblanco Bermúdez, quien aportó 200.000 pesos y le debe dinero al municipio de Chiquinquirá.