La alianza Tavera-Anaya, una feria de contratos y una familia de ambiente
Tres de tres. La apuesta conjunta del ahora excongresista Fredy Anaya Martínez y el actual gobernador de Santander, Didier Tavera, dio frutos gracias a la suma de la vieja maquinaria liberal del departamento y al ‘carrusel’ de empresas familiares que contratan con sus fortines. La aceitada de ambas estructuras les permitió recoger 1.980 millones de pesos para financiar a sus tres candidatos y elegirlos a todos.
Solo uno de los aspirantes, el representante Miguel Ángel Pinto, recibió plata del Partido Liberal: 90 millones. Entre tanto, Nubia López, esposa de Anaya, fue la única en endeudarse con un banco, pero el monto del préstamo, 200 millones, equivale apenas a la décima parte del total de ingresos del clan. Cinco veces mayor fue la suma que, según los registros del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, salió de los bolsillos de los aspirantes y sus familiares más cercanos: 1001 millones de pesos.
Esta cifra no incluye la plata que los tres obtuvieron de parientes menos directos que quedaron registrados como parte de los 709 millones que llegaron de aportantes particulares.
Algunos de estos cuñados y concuñados a su vez representan a firmas que contratan con diferentes entidades del departamento y sus municipios. Este grupo y sus socios pusieron 33 millones de pesos para las candidaturas. Es, literalmente, una milésima de los 33.500 millones en contratos que han recibido sus empresas mientras ellos han sido representantes legales, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop I y II), sin contar adiciones.
Entre contraste, una larga lista de asesores por prestación de servicios, casi todos jurídicos o administrativos, son 16 de los 44 financiadores particulares que tuvieron las campañas (un tercio) y sus contribuciones suman 166 millones de pesos. Entre ellos, hay casos en los que la donación al candidato de su preferencia es hasta siete veces el monto de sus honorarios mensuales más altos, siete meses de trabajo.
La mitad de estos asesores llegó a la Gobernación en los dos primeros años de Tavera, después de trabajar para al menos una de las dos pasadas administraciones de Bucaramanga, ambas liberales: la de Fernando Vargas Mendoza (2008-2011), a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó por contratación irregular, y la de Luis Francisco Bohórquez (2012-2015), capturado en noviembre pasado e imputado por corrupción.
Pero hay otros fortines que se repiten con insistencia. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas) ha contratado 15.500 millones de pesos con los aportantes de estos tres exaspirantes al Congreso desde 2011 y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), 9.400 millones.
El ambiente, en particular el agua, está entre los temas que más recursos del Estado les han entregado a las firmas de los aportantes, en especial de los que son familiares de Anaya, con cerca de 28.800 millones de pesos en contratos. Las entidades con las que firmaron por este concepto también incluyen empresas de servicios públicos municipales como Empusato, en Sabana de Torres; Acuasan, en San Gil, o Empervel, en Vélez.
Otro rubro con una dinámica similar es el transporte, que va desde maquinaria pesada para emergencias hasta grúas de tránsito y carros de basura. La suma de los contratos da unos 6.000 millones de pesos. La Dirección de Tránsito de Floridablanca es una contratante destacada.
De hecho el grupo político del alcalde, Héctor Mantilla Rueda (electo por firmas pero con apoyos tradicionales y familia conservadora), respaldó la candidatura de López a la Cámara. Pero, además, su administración y las anteriores (porque el pueblo, de escándalo en escándalo, tuvo seis alcaldes en los ocho años previos) han contratado más de 1.200 millones de pesos con los aportantes de esta alianza.
Dos herencias
Fue así como el clan en campaña consiguió reunir dos pasados con sus respectivas herencias. Por un lado, recibieron la fuerza histórica del Partido Liberal en el departamento y la política tradicional de maquinaria y trapo rojo, personificadas en el apoyo del cacique Horacio Serpa. Por el otro, no escaparon a los cuestionamientos de la parapolítica y el narcotráfico que carga el gobernador desde siempre.
No se trata solo de su papá, el capo Ernesto Tavera Rodríguez, condenado en 1995 y asesinado en el 2000. Al mandatario santandereano también le recuerdan su militancia en el partido Convergencia Ciudadana, que luego se llamó PIN y ahora es Opción Ciudadana, al lado de parapolíticos como el excongresista Luis Alberto Gil y el exgobernador Hugo Aguilar.
Didier fue secretario de Gobierno de este último. Con su apoyo, aspiró por primera vez a la Gobernación en 2007 y perdió contra Serpa. Luego llegó a la Cámara de Representantes en 2010 con el aval de esa misma colectividad. Solo abandonó el barco cuando renunció al Legislativo en 2014 para buscar de nuevo el primer cargo del departamento al año siguiente.
Entonces lo consiguió. Y lo hizo con las banderas rojas de su antiguo contendor, a pesar de que estaba siendo investigado por concierto para delinquir y homicidio en grado de determinador; incluso alcanzó a ser capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, aunque solo duró preso unos días.
Anaya, por su parte, hizo de la CDMB su fortín desde que llegó a su dirección en 2003, cuando Aguilar era gobernador, y creó la Empas. Después, en 2007, empezó su carrera política paralela a la de Tavera: primero fue derrotado por los liberales en sus dos intentos por llegar a la Alcaldía de Bucaramanga con el apoyo de Gil y el senador Bernabé Celis de Cambio Radical (que en esta campaña estuvo con los Aguilar) y, luego, fue señalado por el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’ de ser cercano a esos grupos ilegales.
En 2014 se quemó como fórmula a la Cámara de la senadora Doris Vega, heredera del ‘Tuerto’ Gil en Opción Ciudadana y le cuestionaron el ‘carrusel’ de empresas cercanas a su familia que se había formado alrededor de la CAR que presidió y la empresa pública que fundó. Finalmente llegó al Capitolio en 2015 tras la renuncia de otro representante de su partido al que reemplazó.
Tres años después, coincidió de nuevo con Tavera. Esta vez recogieron juntos el testigo del liberalismo tradicional santandereano que representa Serpa y, con sus fortines y el conjunto de toda esa herencia, pusieron un senador y dos representantes.
El tío Pinto
La campaña de Miguel Ángel Pinto para saltar de la Cámara al Senado costó 723 millones de pesos. Poco más de la mitad, 396 millones, se los dieron particulares (incluyendo los 90 del partido) y 203 millones salieron de su propio bolsillo.
Los otros 124 los puso su esposa, Claudia Lucero López Rodríguez, tía de Tavera. La expresidenta del Partido Liberal en Bucaramanga también fue la cara visible de la estrategia Expedición Santander, que lleva las instituciones departamentales a los municipios; fue secretaria general de Pinto en la contraloría regional (antes de casarse) y trabajó como asesora del detenido exalcalde Lucho Bohórquez.
Además, está reportada como deudora morosa del departamento. Según pudo establecer Colombiacheck con la Secretaría de Hacienda, desde 2006 no ha pagado el impuesto de uno de los dos carros registrados a su nombre.
Fuera del núcleo familiar más cercano, el mayor financiador de Pinto es el empresario Martiniano López González, que también le prestó 900 millones a la campaña de Tavera para la Gobernación en 2015. Este año, el dueño de las residencias Hotel Montpellier le hizo un crédito a Pinto por casi 250 millones de pesos, casi dos tercios de los aportes particulares que recibió en total.
El director de servicio al ciudadano de la Secretaría General de Santander, Héctor Fabián Mantilla Remolina, le prestó 30 millones y le donó otros tres. El funcionario tiene una larga carrera en el sector público; fue secretario de Desarrollo e incluso alcalde encargado de Bucaramanga en la administración del liberal Luis Fernando Cote y luego se desempeñó como contralor auxiliar de Santander.
Mantilla Remolina actuó también como representante legal de dos uniones temporales en la firma de sendos contratos con la Dirección de Tránsito de Floridablanca en 2012, que suman 965 millones de pesos. El de mayor monto, 735 millones, era para el suministro de placas de vehículos, licencias de conducción y otros documentos. Los otros 230 millones fueron por el servicio de grúas.
El resto del dinero que recibió el actual senador son 20 millones que le donó Alberto Antonio Dangond Rodríguez y tres millones en especie de la contadora de su campaña, Diana Carolina Ríos Mendoza.
Ambiente de ‘carrusel’
La recién posesionada representante Nubia López Morales sumó 431 millones de pesos para su aspiración al Cámara. Casi la mitad la obtuvo mediante el préstamo de 200 millones del Banco de Occidente. Ella misma puso 80 millones y su hijo Andrés Felipe Anaya, nueve millones más. El resto, 142 millones, salieron de los bolsillos de 20 aportantes que dieron entre 1 y 25 millones de pesos.
Esta última cifra fue la que donó el consultor en temas de seguridad privada Harvey Palomino Calderón. El segundo mayor monto, 15 millones de pesos, se lo dio el ganadero Rogelio Armando Rojas Manosalva.
A ellos les siguen cuatro donantes de nueve millones cada uno. Uno de ellos es William Javier Anaya Martínez, cuñado de la candidata, que fue cuestionado en 2014 por el supuesto ‘carrusel’ de la CDMB y la Empas. Otro William Javier Anaya, pero de segundo apellido Caballero, aportó un millón más.
El hermano de Fredy Anaya es el representante legal de Sistemas de Alcantarillado, Aseo y Agua Natural (Sayan), una de las compañías salpicadas por el escándalo que, desde 2015, ha sido contratada cuatro veces por un total de 9.024 millones de pesos. Estos incluyen dos contratos pequeños con los acueductos de San Gil (24,9 millones) y Sabana de Torres (18,6 millones) y dos grandes con la Empas para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento Río Frío, en Girón, que suman 8.981 millones de pesos y 20 meses de ejecución desde 2016 hasta este año.
Antes de eso Anaya Martínez había formado parte de las unidades de trabajo legislativo del exsenador Celis y el exrepresentante José Manuel Herrera Cely entre 2006 y 2007. Este último renunció cuando era investigado por la parapolítica de Convergencia Ciudadana, estuvo preso hasta que su caso precluyó y ahora es secretario de salud de Piedecuesta. Allí el alcalde, Danny Ramírez, también le ha nombrado cuotas al grupo de Tavera.
Por otro lado, el ingeniero civil Gustavo Enrique Caballero Castañeda, cuñado de los Anaya Martínez y concuñado de la nueva congresista, le donó tres millones a la campaña. Es el equivalente a lo que recibió por cada uno de los 10 meses que trabajó por prestación de servicios hasta enero de este año, con dos contratos consecutivos, en el apoyo de estudios y obras públicas para la Alcaldía de Floridablanca.
Además, Caballero es el fundador de Spazios Urbanos, una empresa que compone el 99 por ciento de la unión temporal Spazios Vegetales. Esta firma se ganó, como única proponente, una licitación de 1403 millones de pesos para hacerles mantenimiento, en cuatro meses, a la infraestructura y la cobertura vegetal de los predios de la CDMB; contrato al que le hicieron una adición de 668 millones y cuatro meses más de plazo en febrero pasado.
El representante legal de la unión en ese proceso fue el ingeniero Luis Carlos Flórez Pedraza, también donante de dos millones de pesos para la candidata. El abogado Freddy Mauricio Flórez Pedraza aportó la misma cantidad.
El segundo es asesor jurídico de la institución educativa Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) desde 2013. Lleva 10 contratos de manera casi ininterrumpida (solo ha tenido pausas largas cuando ha habido Ley de Garantías). Allí pasó de ganar millón y medio a tres millones mensuales. Además, sin dejar ese trabajo, todo el segundo semestre de 2017 también le prestó sus servicios a la Alcaldía de Macaravita, que le hizo dos contratos consecutivos y le pagó cinco millones al mes.
De cuenta de Myriam Fanny Anaya Martínez, hermana de Fredy y William, entraron siete millones de pesos más a la campaña. Ella es la jefa de calidad y parte de la junta directiva del Hospital Universitario de Santander. También fue secretaria de Salud de Floridablanca durante la administración del médico Jairo Ulloa (2004-2007), condenado luego por corrupción en la construcción de viviendas.
Otros nueve millones que llegaron de las empresas vinculadas al ‘carrusel’ los donó su marido, Pedro José Oróstegui Ayala, representante de Polo Construcciones (antes llamada López Morales y Cía.). Con él a cargo en los últimos seis años, esta firma ha sido contratada por 11.485 millones de pesos. Además, en lo que va de la gobernación de Tavera ya superó la suma de los cuatro años anteriores, cuando el mandatario era Richard Aguilar.
Estos recursos se han repartido por la mitad entre contratos de transporte y otros relacionados con obras, mantenimiento y estudios de redes de acueducto y alcantarillado. El primer rubro consiste sobre todo en alquiler de maquinaria pesada y vehículos de carga que dan 4.458 millones de pesos y 31 meses entre cuatro contratos con la CDMB desde 2012 hasta 2018.
También entran 1.109 millones por llevar al relleno sanitario la basura de San Gil (tres contratos con Acuasan que suman 855 millones, entre febrero de 2015 y enero de 2016) y de Vélez (cuatro contratos seguidos con Empervel en 2017, que dan 254 millones). De toda esta parte, los únicos 75 millones y medio que no se contrataron de forma directa por prestación de servicios, fueron por medio del régimen especial de empresas públicas.
No sobra mencionar también los 173 millones por servicio de grúas que contrató con Polo Construcciones la Dirección de Tránsito de Floridablanca.
La otra mitad de lo contratado con la firma de Oróstegui incluye dos contratos con la Empas por 4.455 millones de pesos. Primero fueron 2.703 millones en 2014 por reparar y limpiar alcantarillados y, luego, 1.752 por actualizar el catastro de las redes el año pasado.
También repite la CDMB, que le pagó a la compañía 1.040 millones de pesos por hacerle mantenimiento a sistemas de estabilización y drenaje en 2012. A estos hay que sumarles 1.791 millones de la construcción de dos PTAR para la misma entidad, que ese mismo año hizo el consorcio Soto Norte, también representado por el cuñado de los Anaya.
La gobernación de Richard Aguilar, por su parte, le dio 250 millones a Polo en 2015 para la ampliación del embalse Los Pozos, en Los Santos. Pero el contrato más jugoso en el que ha intervenido Oróstegui es el que obtuvo a nombre del consorcio Unidos 2013 con la alcaldía de Lucho Bohórquez para la reubicación del colector de Quebradaseca y la construcción de uno nuevo por 10.736 millones de pesos.
También donó nueve millones el ingeniero ambiental César Enrique Rojas Ibáñez, actual contratista de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) como representante legal de la unión temporal Ambiente 2017, que recibirá los 1.296 millones de pesos de un concurso de méritos donde fue la única oferente por los estudios para calcular la tarifa del cobro por vertimientos en ocho cuencas hídricas. También representó al consorcio PTAR Río Frío 2016 cuando le adjudicaron el mantenimiento y la operación de esa planta de tratamiento por siete meses, que le costaron 2.038 millones a la Empas.
GYR Ingeniería, la firma para la que trabaja como director de proyectos, compone 85 por ciento de la UT Ambiente y también ha sido contratada por la CDMB, la CAS, la Empas y Acuasan. A su vez su representante legal, Vladimir Illich Gómez Pereira, firmó contratos con la CAR de la meseta a nombre de dos consorcios en 2010 y 2011. En uno de ellos, para elaborar el plan de manejo de la cuenca del río Sogamoso por 404 millones de pesos, participaba Mauricio Alberto Santos Rey, contratista habitual de la Empas, cercano a Fredy Anaya y capturado el año pasado en Bucaramanga como interventor de unas obras de Santa Marta envueltas en un caso de corrupción.
Al aporte de Rojas Ibáñez hay que sumarle una donación de dos millones a nombre de su hermano Luis Guillermo, coordinador de insumos en GYR y propietario de una ferretería con su nombre en Bucaramanga.
Otra persona vinculada a Fredy Anaya que financió a su esposa fue la abogada Tatiana Fernanda Villarreal Carreño, que hizo parte de su unidad de trabajo legislativo y puso 8,2 millones de pesos.
Con el odontólogo Óscar Mauricio Amaya Duque, que le donó ocho millones a López, vuelve a escena la CDMB. La corporación firmó en julio de 2017 un contrato de mínima cuantía por cinco meses con él, como gerente de la clínica Omadent IPS, para brindarles atención odontológica a 13 empleados de la entidad y sus familias. La institución de salud oral recibió 13 millones de pesos por ese servicio.
Entre tanto, la profesora jubilada María Zoraida Martínez Gómez, que tiene una deuda morosa con la Gobernación por el impuesto de vehículos, sacó nueve millones de su bolsillo para darle a la candidata. Mientras que el intermediario de seguros Parménides Manuel Pacheco Padrón, que hizo la donación más pequeña y la única que no está en números cerrados (1’176.743 pesos) también está reportado ante la Contaduría, pero por la DIAN de Bucaramanga.
Los demás financiadores de la representante Nubia López fueron la abogada y exfuncionaria de la Procuraduría local Victoria Plata Carreño y la comerciante de calzado Olga Patricia Duarte Suárez, con ocho millones cada una; la administradora María Fernanda Pérez Sarmiento, con seis millones y, finalmente, la contadora Gladys Osorio Rincón y el ingeniero civil y profesor universitario Gustavo Adolfo Mantilla Oviedo, con cinco millones cada uno.
Al servicio de Ortiz
El recién posesionado representante Víctor Manuel Ortiz Joya, amigo de infancia de Fredy Anaya y contratista de la gobernación Aguilar, hizo campaña con 825 millones de pesos a su disposición. Él mismo reportó haber puesto 71 por ciento de esa cantidad, es decir 585 millones repartidos en cuatro entregas de diferentes montos. El resto de su financiación, 241 millones, llegó de 19 aportantes particulares.
Quien le dio más plata fue Luis Ernesto Ballesteros Cala con 21 millones de pesos.
Siguen cuatro financiadores que le donaron 19 millones de pesos cada uno. La primera es Diana Carolina Pérez Cortés, que desde 2016 ha trabajado por prestación de servicios para la gobernación de Tavera, con cinco contratos de apoyo al programa de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue. Su pago en promedio ha sido de 4,5 millones mensuales y el último contrato lo firmó el pasado 26 de enero, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, por siete meses.
El ingeniero de telecomunicaciones Édinson Javier Ballesteros Cárdenas también tuvo dos contratos con el departamento, cada uno de cuatro meses, el año en 2016. Su trabajo, por cuatro millones mensuales, era gestionar posibles convenios entre la Secretaría de TIC y otras entidades del sector. Su donación fue igual a la de Pérez, casi cinco meses de honorarios.
Otro caso similar es el del administrador de empresas Mario Andrés Merchán Buitrago, donante de otros 19 millones para Ortiz Joya. En 2011 tuvo un contrato de millón y medio mensual por cuatro meses con la Alcaldía de Bucaramanga para dar charlas de emprendimiento y asesorar iniciativas empresariales que surgieran de las juntas de acción comunal de la ciudad.
Solo volvió a ser contratado por el Estado cinco años después, cuando recibió 6,6 millones por mes y medio como capacitador del programa de emprendimiento Mi Negocio de las UTS. La misma institución lo contrató dos veces con el mismo propósito el año pasado por 10 meses en total y 3,7 millones de pago en promedio cada uno.
Su cuñado Carlos Andrés Esparza Amaya, también administrador, donó 10 millones. Ha tenido 14 contratos de prestación de servicios a su nombre desde 2011. Hasta 2013 trabajó con la Alcaldía de Bucaramanga y su Instituto de la Juventud (Iderbu) dictando capacitaciones y talleres sobre diferentes temas, por un millón y medio a dos millones mensuales. Al año siguiente fue nombrado director del Instituto para la Recreación y el Deporte de Floridablanca (Ideflorida).
En 2015, cuando terminaron las pasadas administraciones locales, tuvo sus últimos contratos con ambas ciudades. Luego pasó a trabajar siete meses evaluando y asesorando proyectos municipales desde la Secretaría de Planeación del recién posesionado gobernador Tavera y el año pasado prestó sus servicios como coordinador del programa de emprendimiento Mi Negocio de las UTS, es decir, trabajando con el esposo de su hermana.
El cuarto y último donante de 19 millones se llama Pedro Andrés Aguilar Amézquita, también contratista de las pasadas administraciones de Bucaramanga y Floridablanca como representante legal de A&N Montajes y Publicidad. En 2012 la firma se encargó, por cuatro meses y 48 millones de pesos, del montaje y la logística de los eventos públicos de la alcaldía de la capital departamental. Y a la del municipio vecino le suministró, en 2014, implementos lúdicos por 13 millones para talleres de seguridad vial dirigidos a niños de preescolar y primaria.
A ellos les siguen otros cuatro donantes con montos individuales de 15 millones, como el abogado Héctor Santana Cala, que tuvo sus primeros dos contratos públicos con la Alcaldía de Bucaramanga en 2011 por menos de dos millones mensuales, uno para atender y asesorar a los funcionarios en riesgos profesionales y otro para manejar la correspondencia sobre temas agroindustriales, pues también es tecnólogo en esa área. Ya en 2016 entró con Tavera a la Gobernación, como asesor jurídico de la Secretaría de Hacienda, para lo que ha sido contratado cinco veces consecutivas desde entonces, por 3,8 millones mensuales.
Su colega Henry Alexander Duarte Angarita, que aportó la misma cantidad, también tuvo siete contratos seguidos con la Alcaldía de Bucaramanga hasta 2015, la mayoría para trabajar con la Secretaría del Interior, con los que pasó de ganar millón y medio mensual a dos y medio. En 2016, con los cambios de administración, tuvo un periodo de transición hasta que se quedó en la Gobernación. Desde entonces está vinculado en particular a la Secretaría General, por medio de otra serie de contratos de 3,5 millones mensuales.
Por su parte Miguel Jordano Pinto Medina, recién graduado de Derecho, aportó otros 15. Obtuvo su primer contrato con la Gobernación en 2011, cuando su único título era como auxiliar de sistemas; ganaba poco más de un millón mensual por atender peticiones y reclamos a la Tesorería en procesos de embargo o acuerdos de pago. En 2014 trabajó en la logística del sistema de transporte Metrolínea y en 2016 regresó a prestar servicios en Hacienda departamental. Ahí recibe 2 millones mensuales como asesor de cobros. Es decir que su donación vale lo mismo que siete meses y medio de su trabajo.
El apoyo de juristas a Ortiz también incluye a César Augusto Caballero Meneses, socio líder de la firma de asesores Asprointe, que le puso otros 10 millones. Le prestó servicios a la Alcaldía de Bucaramanga con seis contratos de 2011 a 2015, en los que sus honorarios mensuales pasaron de 1,2 a 1,9 millones. Tuvo un paso de cuatro meses, a 2,7 millones cada uno, por la Contraloría de Floridablanca en 2013. También trabajó otros siete meses con la Dirección de Tránsito de ese municipio en 2015, cuando ya le pagaban tres millones. Y desde enero de 2016 ha estado vinculado a la Gobernación de Tavera como asesor de diferentes secretarías departamentales, con 4,2 millones mensuales.
Sigue Darío Francisco Álvarez Castro, que le dio al aspirante 9,8 millones de pesos. Desde 2011, cuando cobraba dos millones mensuales, le ha prestado sus servicios al Estado y, como otros colegas, hasta 2015 trabajó sobre todo para la Alcaldía de Bucaramanga y luego, con los cambios de administraciones locales, pasó a ganar 4 millones mensuales en la Gobernación con un año de transición en el que se alternó entre ambas.
Otra abogada contratista que le donó 15 millones a Ortiz Joya fue la especialista en derecho público María Marlene Valderrama Cardozo. Luego de casi dos años, desde finales de 2014, trabajando por prestación para la Defensoría del Pueblo en la representación judicial de los ciudadanos que acudieron a la entidad, empezó a laborar con las mismas condiciones y los mismos honorarios, cuatro millones mensuales, para la Gobernación. En 2016 le sirvió a ambas entidades pero desde mediados de 2017 se quedó en la defensa del departamento.
Por su parte Ligia Viviana Gómez Hernández, también abogada, le dio 10 millones a la campaña. Su carrera como contratista ha sido casi toda en Barrancabermeja, donde asesoró en derecho laboral al hospital del municipio por un poco más de dos años con honorarios de 4,4 millones al mes; a la fábrica Fertilizantes Colombianos (en reestructuración) por 11 meses a 6,2 millones y, por periodos más cortos y cobros más pequeños, a la Alcaldía y la Inspección de Tránsito. Pero su último contrato fue con la actual administración de Bucaramanga el año pasado, por 11 meses a 4,3 millones cada uno.
Cerrado el capítulo de los profesionales del derecho, con una donación en especie de 8 millones también se destaca entre los aportantes el político liberal Jaime Rodríguez Ballesteros, exalcalde de Bucaramanga (1992-1994) que luego fue concejal y diputado.
Su cargo público más reciente fue como gerente de Metrolínea en la administración Bohórquez. En 2015, cuando salió del Concejo, le donó 10 millones de pesos a la campaña de la entonces diputada Yolanda Blanco Arango, quien también fue su aliada en las elecciones de 2011, para que lo remplazara en esa corporación. Aunque la candidata se quemó en principio para el periodo actual, entró a formar parte del cabildo municipal en junio pasado, tras la renuncia de otro integrante liberal.
El contador de la campaña, Jorge Saúl Olave Tirado, también donó tres millones en especie como la colega que trabajó en la de López Núñez. Pero el de Ortiz además le había puesto 50 millones a Tavera para la Gobernación en 2015 y también ha sido contratista. En 2013 ayudó a llevar las cuentas de la Alcaldía de Bucaramanga con honorarios de 2,5 millones por ocho meses; en 2014 repitió por siete meses y en 2015, por seis con idéntica remuneración.
El resto de donantes son Ángel de Jesús Gómez Reyes, Estela Alcira Bernal Cortés y Gerardo Ramírez Guzmán, cada uno con 10 millones; más Diego Fernando Ramírez González, que puso tres millones.
Con estas mismas dinámicas, el clan podría enfrentarse desde el liberalismo a la candidatura del exsenador Mauricio Aguilar para la Gobernación el año entrante. Fredy Anaya suena como un posible contendor, aunque también podría ir por la recuperación de la Alcaldía de Bucaramanga para el Partido Liberal.
