Cómo se financiaron los candidatos al Congreso y la Presidencia en 2018

La política en Colombia se mueve por redes, acuerdos y castas políticas, más que por partidos, y así se nota en la financiación de campañas electorales, pues las coincidencias y similitudes entre los candidatos de un mismo clan saltan a la vista.

Colombiacheck investigó a 536 personas y empresas que aportaron a las campañas de 54 candidatos al Congreso, quienes hacen parte de los principales clanes políticos del país.

Analizamos, en total, la financiación de 15 grupos políticos: los Char, que se mueven en Atlántico y gran parte de la Costa Caribe; los Gnecco, que predominan en Cesar y La Guajira; los Cotes, de Magdalena; las redes de Ñoño Elías y Musa Besaile, de los Jattin y de los García Pineda, en Córdoba; el grupo político de Dilian Francisca Toro y el de Juan Carlos Martínez, en Valle del Cauca; los Aguilar y los Tavera, de Santander; los Suárez Mira, de Bello (Antioquia); los Sánchez Montes, de Chocó; la familia Valencia, de Cauca; la Enríquez, de Nariño y los primeros congresistas del Partido Farc.

Además, revisamos quiénes son las 220 personas que donaron más de 4.000 millones a la campaña del presidente Iván Duque, así como los 39 aportantes de Gustavo Petro, quien hoy ocupa una curul en el Congreso, luego de quedar segundo en la carrera por la Presidencia.

Los contratistas

A partir de la información que reportaron los aspirantes al legislativo en el aplicativo Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral, CNE, y mediante varios cruces de bases de datos, encontramos que, al menos, el 35% de los financiadores tiene vínculos con la contratación estatal, bien sea porque han sido beneficiados directamente con contratos de entidades públicas, porque representan a empresas contratistas, o porque sus familiares cercanos lo son. En la gran mayoría de los casos, las contrataciones se han dado con alcaldías, gobernaciones y dependencias que controla el clan político de cada candidato.

Aunque esto no es ilegal, sí representa un riesgo de corrupción y de inequidad de oportunidades. Así lo identifica Elisabeth Ungar, analista política en temas electorales, reforma política y anticorrupción, exdirectora de Transparencia por Colombia y miembro de la Misión Electoral Especial que formuló propuestas para una reforma electoral en 2017.

“Esto claramente se presta para favorecimientos. Genera círculos perversos entre quienes contratan, para qué contratan, quiénes financian y quiénes son beneficiados con las contrataciones. Las donaciones, generalmente, no son por altruismo, sino porque están buscando algo más, entonces allí hay un conflicto de interés, aunque no sea ilegal”.

De hecho, en el estatuto anticorrupción que se tramitó en 2011 inicialmente se intentó prohibir que quienes aporten a campañas políticas puedan contratar con el Estado. Al final, la norma solo dejó una restricción para quienes hayan financiado campañas a la Presidencia, a las gobernaciones o a las alcaldías, con aportes superiores al 2,5% del tope de ingresos. Además, esto no aplica para los contratistas de prestación de servicios profesionales, que son los más recurrentes a la hora de devolver favores en puestos de trabajo.

Esa posible devolución de favores es, preciamente, una de las suspicacias que generó la revelación de quiénes financiaron la campaña del presidente Iván Duque. En la revisión que hicimos de todos sus aportantes, encontramos que al menos 116 tienen relación con importantes empresas del país, en calidad de accionistas, fundadores, presidentes, directivos, gerentes, subgerentes o representantes legales, cuyas donaciones al mandatario suman 2.169,5 millones de pesos. “Favores por favores, muy pronto comienza la repartición de la famosa mermelada”, “¿un gesto de simple cortesía?” y “nada ees gratis”, fueron algunas de las preocupaciones que manifestaron los seguidores de Colombiacheck ante la información revelada.

Ungar señala, también, que esta cercanía entre la financiación política y la contratación pública genera una desigualdad en el derecho a elegir y a ser elegido, pues quienes tienen suficiente dinero para financiar campañas políticas y quienes son contratistas del Estado (un grupo muy reducido), resultan teniendo una representatividad desproporcionada entre los gobernantes o legisladores elegidos.

Funcionarios, familiares y sancionados

Los datos muestran, además, varios aportantes que son o fueron empleados públicos, ya que trabajaron en cargos anteriores para el candidato al que financiaron o actualmente laboran para entidades que controla el jefe de su clan político. En este punto existe una discusión, pues en Colombia está prohibido que los funcionarios del Estado participen en política. Para el magistrado del CNE Armando Novoa, aportar dinero a una campaña electoral es una manera de hacer política, sin embargo, para otros funcionarios de esa entidad consultados por Colombiacheck, la norma no es clara y se puede interpretar que se trata de acciones distintas, pues la contribución económica no representa proselitismo.

Hay, además, algunos financiadores de los congresistas con sanciones vigentes: cinco tienen antecedentes disciplinarios y 57 son deudores morosos del Estado. Aunque esto no les impide legalmente dar dinero para las campañas de sus políticos favoritos, no deja de ser llamativo que no paguen sus obligaciones pendientes con los departamentos y municipios en los que se mueven (hay quienes acumulan más de tres acreencia), pero sí realicen donaciones de hasta 200 millones de pesos.

Por otra parte, encontramos que las donaciones de familiares y los recursos propios que los candidatos aportan para sus campañas son representativos a la hora de financiar sus actividades de proselitismo. El problema con esto, como señala Ungar, es que es difícil hacerle seguimiento al origen de esos recursos, para saber si efectivamente son personales. “Esto se presta para que por ahí se cuelen dineros de origen sospechoso o que en realidad corresponden a donaciones de terceros, por debajo de la mesa (...) Como no hay cruces entre el Consejo Nacional Electoral, la Dian y la Uiaf (Unidad de Información y Análisis Financiero), hacerle el rastreo a ese tipo de recursos siempre ha resultado muy difícil”, advierte la experta.

Según los reportes de las campañas al CNE, de los 213 mil millones de pesos que recibieron en aportes todos los candidatos al Congreso (excluyendo préstamos bancarios y anticipos estatales), el 45% (95 mil millones) fue reportado como contribuciones propias o de familiares del aspirante.

Otro vacío de control se da en los préstamos que hacen los particulares. Los candidatos de los 15 principales clanes del país recibieron 3.963 millones por este concepto y, si esos créditos no se devuelven, se convierten en donaciones que podrían superar los topes. El problema es que no hay manera de vigilar si los candidatos pagan esas obligaciones luego de sus campañas, explica Ungar. La experta pone de ejemplo la nueva ley electoral de México, donde recientemente fue observadora electoral, que elimina los préstamos no bancarios.

Esto fue lo que encontramos en cada clan. Puede ingresar a la historia de cada uno para consultar sus detalles: