En el Cesar, el poder se queda en familia

Clan Gnneco
El clan Gnecco lanzó seis candidatos al Congreso; cinco hacen parte de las entrañas de la familia o son herederos de castas políticas importantes en la región. ¿Cómo financiaron sus campañas?
Por Luisa Fernanda Gómez

Los Gnecco son los dueños del poder en los departamentos del Cesar y La Guajira, a pesar de los probados vínculos que han tenido varios miembros del clan con paramilitares, narcotraficantes y de las condenas en su contra por corrupción, desvío de recursos públicos y hasta homicidio.

Su historia como clan político inició con Jorge Gnecco Cerchar, un conocido empresario y contrabandista que se lanzó como diputado a la Asamblea Departamental del Cesar en 1990.

Desde ese cargo impulsó a su hermano Lucas, quien dos años después terminó siendo el primer gobernador del Cesar elegido por voto popular. Repitió el cargo en 1998, pero no terminó el mandato luego de una condena de la Corte Suprema de Justicia por constreñimiento al elector. Pagó 42 meses de cárcel y en 2009 fue condenado a 24 años más de reclusión por celebración indebida de contratos y prevaricato durante su segunda gobernación.

Años después, luego de que en 2011 miembros de las AUC, liderados por alias ‘Jorge 40’, asesinaran a Jorge Gnecco (señalado precisamente de haber sido quien llevó a los paramilitares a la región), su hermana Cielo tomó las riendas del clan.

Ese mismo año, el hijo de Cielo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fue elegido gobernador del Cesar. Fue a partir de ese momento que Cielo se convirtió en la matrona del clan, se ganó el título de la primera dama del departamento y comenzaron a tejerse los hilos que hacen que hoy el clan Gnecco sea el más poderoso en la región, desplazando a las familias que históricamente habían ostentado el poder desde Valledupar (los Araújo, los Castro, los Molina y los Pupo).

En el último tiempo, los Gnecco se han quedado con puestos del Congreso, la Gobernación y las alcaldías. Y lo han conseguido sin ser aliados de un único partido político, pues sus fichas se cobijan bajo diversas banderas; una clara muestra de que el poder en la región se mueve más por lazos y favores políticos, que por partidos.

Estas fueron las fichas al Congreso del clan Gnecco para el periodo legislativo que acaba de comenzar y los reportes de ingresos que presentaron en el aplicativo Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral.

Los senadores

José Alfredo Gnecco Zabaleta

Partido de la U

Hijo del condenado exgobernador del Cesar Lucas Gnecco Cerchar y sobrino de Cielo, José Alfredo es heredero directo del clan familiar. Fue representante a la Cámara en 2010 y cuatro años más tarde llegó al Senado con el apoyo de sus primos, el gobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, y el del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

La campaña de Gnecco Zabaleta es ejemplo del funcionamiento familiar de su clan político. En su campaña para 2018, según los datos que reportó, recibió 12 aportes por un valor total de poco más de 600 millones de pesos, buena parte de ellos recibidos de familiares.

Entre los aportantes se cuentan su madre, Lilo de Gnecco Zuleta, quien tiene reportadas cinco deudas con la Alcaldía de Valledupar, una con la Alcaldía de Santa Marta y otra más con la Alcaldía de Barrancas (La Guajira); su tío político, Luis Alberto Monsalvo Ramírez (esposo de Cielo), quien está reportado ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar, contribuyó con 100 millones de pesos y aportó 20 en especie; y su hermano, Eddie José Gnecco Zuleta.

Otra figura que llama la atención entre los aportantes a la campaña de José Alfredo, es Juan Manuel Castro Daza, exconcejal de Valledupar en 1992 y reportado con cinco deudas ante la Alcaldía de Valledupar, quien hizo una donación a su campaña por 99 millones de pesos.

Didier Lobo Chinchilla

Cambio Radical

El exconcejal y exalcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar) es el eslabón entre Cambo Radical y el clan Gnecco, como demuestran los financiadores de su campaña. Lobo recibió más de 815 millones de pesos para su campaña al Senado, provenientes de 17 aportantes (el mayor número entre los candidatos del clan Gnecco), incluido él mismo, pues puso 255 millones de pesos.

Por su parte, Cambio Radical le aportó 90 millones de pesos (30 en especie y 60 en donación), Postobón le donó 80 millones y Adminegocios, una empresa accionista del grupo Aval con el 27,5% de participación, le dio 60.

Lobo llegó a la Alcaldía de La Jagua de Ibirico en 2012 gracias al apoyo que le brindó la casa Gnecco y se convirtió en la carta que permitió la alianza entre Cielo Gnecco y Germán Vargas Lleras, excandidato presidencial apoyado por el clan.

El nuevo senador es quizá el más polémico de todos los candidatos del clan Gnecco, pues no se ha posesionado y la Contraloría ya le imputó cargos por posibles sobrecostos por más de 3.000 millones de pesos en un contrato para el suministro de paquetes nutricionales en la Alcaldía. Así, se suma a la lista de cinco exalcaldes de La Jagua de Ibirico investigados por corrupción.

Y, precisamente, entre sus aportantes se encuentran dos que tuvieron contratos durante su alcaldía: Blanca Nidia Bonilla Botia y Jorge Iván Ardila Noreña. La primera fue contratada en 2014 para la “compraventa de materiales para las aulas interactivas de las instituciones educativas” del municipio por un valor de 27 millones de pesos.

Por su parte, de los 19 contratos que  tiene Ardila Noreña con el estado, 18 son con La Jagua de Ibirico (el otro es con la Alcaldía de Becerril). Esos contratos fueron realizados entre 2012 y 2018 y están registrados por nueve tipos de servicios prestados diferentes. El más alto de ellos se hizo por un valor de 288’753.893 millones de pesos.

Los demás aportantes con contratos con el Estado son Ibo Luis Díaz Ramos, hijo y heredero de la tradición musical de Leandro Díaz, quien hizo una donación de 50 millones de pesos a la campaña de Lobo Chinchilla, y Henry Eduardo Giovannetti Durán, que donó 10 millones de pesos para el exalcalde.

Por otro lado, entre sus aportantes con sanciones y deudas con el Estado se encuentran Jorge López Jiménez, quien tiene antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación y una inhabilidad para contratar con el Estado; además de tres deudas ante la Central de Inversiones S.A., la Alcaldía de Barranquilla y la Agencia Nacional de Minería.

Y José Eduardo ‘Pepe’ Gnecco Cerchar, hermano de Cielo y Jorge, que tiene dos deudas con el Estado; una con la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y otra con la Alcaldía de Zona Bananera (Magdalena).

Los representantes

Alfredo ‘Ape’ Cuello

Partido Conservador

Fue representante en 2002, 2006 y 2014 y repite curul en la Cámara para este periodo legislativo. Es heredero de un caudal político que ha durado tres generaciones: su abuelo, Manuel Germán Cuello, fue gobernador del Departamento del Cesar (1971-1974); su padre, Alfredo Cuello Dávila, fue alcalde encargado de Valledupar (1982-1983) y representante en varias ocasiones entre 1986 y 2002.

De acuerdo con fuentes consultadas por el diario El Espectador, ‘Ape’ Cuello fue uno de los congresistas que se reunieron con Otto Bula para la adjudicación del contrato Ocaña-Gamarra, en el escándalo de Odebrecht. Y tiene una investigación preliminar por irregularidades en la celebración de contratos firmados cuando ejerció como presidente de la Cámara.

Gracias al caudal político que ha conseguido en estos años como congresista, se ha convertido en una ficha importante para el clan Gnecco, pues ha ayudado a poner 9 de 25 alcaldes, entre ellos el de Valledupar.

Para esta campaña legislativa recibió aportes por más de 480 millones de pesos, provenientes de seis aportantes, incluido el Partido Conservador, que donó a su campaña 58’500.000 pesos.

Además, se cuentan tres aportes realizados por miembros de su familia: su madre, su padre y su esposa; sin embargo, los dos primeros registran deudas con Corpocesar.

Eloy ‘Chichí’ Quintero

Cambio Radical

Su familia cuenta con una larga lista de puestos políticos, entre quienes se cuentan el exsenador Miguel Villazón Quintero, el exgobernador del Cesar Juan Carlos Quintero y la exalcaldesa de Valledupar Maria Clara Quintero.

Ha tenido una larga carrera política como concejal de Valledupar, diputado de la Asamblea Departamental del Cesar, secretario de Gobierno de Valledupar, gobernador y alcalde encargado y cónsul de Colombia en Maracaibo (Venezuela).

En las últimas elecciones de gobernador y alcalde se comprometió a apoyar a candidatos del clan Gnecco a la Alcaldía de Valledupar (Augusto Ramírez Uhía), y a la Gobernación del Cesar (Francisco Ovalle).

En 2014 fue elegido representante a la Cámara y para estas legislativas repitió silla. El único aporte que aparece registrado ante el Consejo Electoral fue realizado por él mismo, por un valor de 13 millones de pesos.

Los quemados

Fernando Gómez Bacci

Opción Ciudadana

Es hijo del exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, condenado por homicidio en 2017 a 55 años de prisión, quien, a su vez, es primo de Cielo Gnecco Cerchar. Fernando fue el colaborador más cercano a su padre durante el paso de este por la Gobernación (2012-2013) y por ello recibió la banderas políticas y electorales de ‘Kiko’ cuando comenzaron sus problemas con la justicia.

Para estas elecciones legislativas se lanzó al Senado, pero no le bastaron los más de 290 millones de pesos que recibió su campaña, provenientes de diez aportantes, y los 100 millones que él mismo puso, para conseguir un asiento.

Vale la pena resaltar que más de la mitad de los aportes que recibió para su fallida campaña fueron entregados en forma de préstamos.

De los diez aportantes, cuatro registran haber tenido contratos con el Estado. Óscar Guillermo Luquez Alvarado, a quien la Contraloría Municipal de Valledupar le impuso una sanción de 100 días de salarios mínimos (según su informe de control interno de 2016) firmó dos contratos con la Alcaldía de San Diego, Cesar, como representante legal del Cuerpo de Bomberos de Valledupar.

Una empresa llamada Publipao E.U., cuya representante legal es Rossana Paola Padoi Pérez, le dio un crédito a Gómez Bacci por 126’470.000 pesos. La empresa registra un contrato con el Fondo de Desarrollo Empresarial de Barrancas (La Guajira) durante la gobernación de ‘Kiko’, en 2012.

Jina Luz Rincones, quien hizo una donación a Gómez Bacci por 29 millones de pesos, tiene tres contratos con la Gobernación de La Guajira (del año 2014), con la Alcaldía de Villanueva, La Guajira, (2017) y con la Alcaldía de San Juan del Cesar, La Guajira, (2017) por servicios de asesoría en temas de salud.

Y, finalmente, Pedro José Solano Saltaren, quien fue concejal del municipio de Barrancas en 2007, le prestó 15 millones de pesos a la campaña de Gómez Bacci. Desde 2014 y hasta 2017, aparece como representante legal de siete personas jurídicas, entre uniones temporales y corporaciones, que suman 18 contratos con el Estado: seis con la Alcaldía de Barrancas, precisamente, seis con Corpocesar, tres con el Hospital de Nuestra Señora del Pilar en Barrancas y otros tres con diferentes corporaciones ambientales.

Fawzi Muvdi Anillo

Partido de la U

A raíz de que Pedro Muvdi, su padre, fuera condenado a 13 años de prisión en 2017 por nexos con grupos paramilitares, la familia perdió parte de su capital político en la región (que fue luego tomado por ‘Ape’ Cuello).

Pero, como desde hacía varios años los Muvdi trabajaron de la mano con los Gnecco (y en retribución tenían en su poder la administración del SENA), Cielo lo ayudó para impulsar su candidatura a la Cámara de Representantes para esta legislatura. Sin embargo, ni siquiera este apoyo le sirvió para alcanzar una curul.

Su campaña estuvo altamente impulsada por sus propios familiares, pues de 13 aportes recibidos, siete fueron de miembros de su familia, que le ayudaron a sumar en total más de 170 millones de pesos. Aunque, sin duda alguna, el aporte más alto lo hizo él mismo con 80 millones de pesos.

Entre los aportantes que tienen contratos con el Estado se encuentran su hermana, Fadia Muvdi; su tía, Ofelia Patricia Anillo Gechen, y su tío, Karim Muvdi Aranguena.

Fadia figura en dos contratos con la Cámara de Representantes y cinco con el Ministerio del Interior; en todos los casos por prestación de servicios de apoyo o asesoría en aspectos legislativos.

Ofelia Patricia tiene un contrato con la Alcaldía de Valledupar en 2011 por 15 millones de pesos para asesorar procesos desarrollados por la Secretaría de Salud del municipio. Y Karim tiene nueve contratos entre 2013 y 2016: siete con el DANE y dos con el Agustín Codazzi, por diferentes servicios de gestión, profesionales y administrativos.

Resulta llamativo que uno de sus donantes, Emilio Fernando de Jesús Vence Zabaleta, es exdirector del DAS en Barranquilla, acusado de montar en 2003 unos supuestos atentados contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que luego serían descubiertos y neutralizados por él mismo. Esto con el fin de ganar la confianza del expresidente y congraciarse con sus superiores.

Este personaje figura con dos contratos, precisamente, con el SENA en 2016 y 2017; el primero con un valor de poco menos de 16 millones y medio, por prestar servicios como abogado, y el segundo, por 31’502.326 millones con el fin de cobrarle a empresas que tengan deudas con la entidad.