El clan Jattin se aferra a los Burgos para no desaparecer
Como ya lo analizó Colombiacheck, la primera línea del poder en Córdoba la manejan los clanes de los exsenadores presos Ñoño Elías y Musa Besaile. Pero más allá de la prevalencia de estas dos redes en el departamento hay otras, como los Bechara, Lyons, Manzur o Jattin, que buscan mantenerse con alianzas o impulsando candidatos desde sus municipios.
Los Jattin, con Zulema en prisión domiciliaria desde 2009 mientras la investigan por parapolítica (ya absuelta por celebración indebida de contratos y peculado a favor de terceros), no tenían un candidato fuerte en la familia, pero lograron tener una cuota en la Cámara de Representantes con Jorge Enrique Burgos, quien se lanzó con el Partido de la U, último en el que militó la excongresista después de haber pasado por el liberalismo.
De hecho, el poder político de los Jattin empezó en el Partido Liberal, una generación antes, con el padre de Zulema, Francisco José Jattin Safar, quien militó en el trapo rojo y llegó a ser presidente de la Cámara de Representantes en 1994, pero fue destituido por investigaciones en su contra en el proceso 8000. También fueron pioneros sus hermanos Rubén, primer alcalde de Santa Cruz de Lorica elegido popularmente, entre 1988 y 1990, y Félix, alcalde del municipio entre el 91 y el 92 y actual presidente de la Cámara de Comercio de Montería.
La relación con la familia Burgos se hizo explícita primero con Francisco Jattin, hermano de Zulema, como da cuenta un análisis de la Fundación Paz y Reconciliación: Francisco fue alcalde de Lorica entre 2012 y 2015 y tuvo en su equipo al abogado Álvaro Burgos, capturado en 2015 por el llamado “carrusel de la educación”, un desfalco al sector por más de más de 100.000 millones de pesos.
Álvaro Burgos es padre de Carlos Burgos, presidente de la Asamblea Departamental de Córdoba y aliado de Zulema Jattin, pues hizo campaña con su prima Sofía Jattin, quien fue elegida alcaldesa de Lorica en 2015. Ambos son familiares del ahora representante Jorge Enrique Burgos, quien se lanzó a la Cámara después de que Martín Morales, la otra ficha del clan Jattin, fuera capturado en 2016 por homicidio, lavado de activos y por tener relaciones con grupos ilegales.
La campaña de Burgos, entre contratistas con el Estado y mucha publicidad
Además del aval del Partido de la U y del clan Jattin, Jorge Enrique Burgos necesitó ocho créditos de siete aportantes para conseguir los 60.253 votos que lo llevaron la Cámara, de acuerdo con sus reportes oficiales.
Aparte de los 71’000.000 propios y de sus familiares, los 255’000.000 de pesos de los aportantes, principalmente representantes legales de empresas de diseño y publicidad, se destinaron a la promoción del candidato. Se destacan montos como los 97’600.000 pesos que le prestó Amín Salín Díaz para el “suministro de pasacalles y murales estampados”, los 56’470.000 de Francisco Carlos Ríos en concepto de publicidad y los créditos de 30’000.000 de Hernando Enrique Padilla para perifoneo y de Darío José Oviedo también para publicidad.
De los siete financiadores externos de la campaña de Burgos, cinco han sido contratistas del Estado, específicamente con instituciones locales y departamentales.
Amín Salín Díaz, el principal aportante, contrató este año con la Alcaldía del pueblo cordobés de Puerto Escondido para instalar una valla para un evento cultural, por un monto de 21’500.000 pesos.
Darío José Oviedo, por su parte, firmó el año pasado como representante legal del Consorcio Infraescolar Lorica un contrato por 5.249’660.000 pesos para construir la infraestructura de varias instituciones educativas del municipio donde gobierna Sofía Jattin. También con el municipio bajo el cobijo del clan, Francisco Carlos Ríos contrató cinco veces entre 2016 y 2017 con fines publicitarios, por una suma total de 111’993.500 pesos.
A escala departamental, Hernando Enrique Padilla fue contratista en tres ocasiones entre 2015 y 2018 para prestar servicios como monitor de béisbol, por un total de 32’200.000 pesos.
